El día de ayer 19 de marzo, el gobierno del títere Duque a través del Ministro del Trabajo y el Viceministro de Relaciones Laborales y de Inspección emitieron respectivamente la Circular Externa 0022 y la Resolución 0803, ambas referidas al licenciamiento y despido de trabajadores al amparo de la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia del COVID-19.
En la Circular el Ministro informa “que en razón a la suspensión de términos de todas las sedes, no se ha emitido autorización alguna de despido colectivo de trabajadores, ni de suspensión de contratos laborales…” (negrillas nuestras). Seguidamente “aclara que la configuración o no de una fuerza mayor corresponde de manera funcional al Juez de la República, quien determinará o no su existencia, con base en la valoración de los hechos puestos a su consideración”.
Y finalmente, informa que “ha adoptado la figura de la Fiscalización Laboral Rigurosa, mediante la cual se tomarán estrictas medidas de inspección, vigilancia y control sobre las decisiones que tomen los empleadores en relación con los contratos de trabajo durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud… y la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica declarada por el señor Presidente de la República…” (Negrilla del original).
Hasta ahí es claro que no están autorizados ni la suspensión de los contratos de trabajo ni los despidos colectivos. Sin embargo, en la Resolución 0803 del Viceministro de Relaciones Laborales, éste se abrogó el “ejercicio del poder preferente”, léase la facultad de decidir él directamente, todos los casos de solicitud de suspensión de los contratos de trabajo y los despidos masivos, amparado en el artículo 4° del Decreto 34 de 2013 que se lo permite en virtud del “interés nacional” y el “impacto económico y social”.
Como se ve, todas las leyes en el capitalismo son engañosas y están hechas para que en su interpretación sean utilizadas al servicio de los intereses exclusivos de los ricos explotadores. Así, mientras en apariencia el Ministro les amarra las manos a los capitalistas para impedir los despidos masivos, en los hechos le da la potestad y el poder a su subalterno de autorizarlos pese a la palabrería sobre la “Fiscalización Laboral Rigurosa”.
Los trabajadores no pueden quedarse callados frente a la nueva canallada de un régimen criminal e inservible, que no solamente no hizo nada para evitar la pandemia del coronavirus, que no ha hecho nada efectivo para proteger la salud y la vida de los trabajadores, pero sí ha defendido a rajatabla los negocios de los grandes capitalistas, y ahora pretende aprovechar la crisis sanitaria para experimentar la nueva reforma antiobrera, no solo autorizando los despidos masivos, sino imponiendo el teletrabajo y el pago por horas.
Se necesita la más enérgica protesta de todos los trabajadores para exigir que el gobierno decrete la cuarentena en todas las ramas no esenciales de la economía, la cual no exime a los patrones de sus obligaciones con los trabajadores en cuanto a salarios y garantía de continuidad de los contratos de trabajo. Los trabajadores no pueden permitir las licencias no remuneradas y los despidos masivos.
Pero no se crea que los problemas de Colombia son solo el resultado de unos gobernantes brutos y criminales. No es solamente eso, es todo el sistema capitalista el que está podrido y la actual situación solo pone de manifiesto que las clases parásitas de burgueses y terratenientes se han convertido en un estorbo para el avance de la sociedad; se necesita quitarlas de en medio para que la clase obrera tome en sus manos las riendas del Estado.
