En el episodio 146 de Vanguardia Obrera, se realizó un análisis acerca de la actual crisis de salud en el magisterio, un problema que ha puesto al descubierto la crisis de la salud, no solo para ese gremio, sino para todos los trabajadores y las masas populares en Colombia.
Juzguen ustedes apreciados lectores, si el camino sigue siendo el de la defensa de las reformas, o el de las Asambleas Populares Revolucionarias para exigir y garantizar los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
La situación de la salud de los maestros antes del nuevo modelo funcionaba a través de diez operadores de salud que se encargaban de contratar la prestación de servicios con clínicas, hospitales, entidades farmacéuticas, etc., para garantizar la atención en salud de los profesores. Estos operadores eran contratados por la Fiduprevisora, entidad encargada de manejar los recursos del FOMAG. Es necesario aclarar qué son y cuál es la función de estas dos entidades para intentar comprender este enredo en el que se encuentra un servicio fundamental como es la salud. El FOMAG es el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que tiene como consejo directivo la participación de los Ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda, dos delegados de FECODE, la Gerencia de la Fiduprevisora con voz pero sin voto; la Fiduprevisora es una entidad fiduciaria de carácter mixto, en donde el gobierno tiene una participación del 90% y está adscrita al Ministerio de Hacienda, es la encargada de administrar los recursos del FOMAG, mejor dicho maneja la plata de los aportes de los maestros colombianos.
La misma Fiduprevisora asumía la contratación a través de una licitación de esos diez operadores encargados antes de garantizar la salud del magisterio, sin embargo, y como lo analizara la misma exministra de salud Carolina Corcho, estos procesos siempre han sido un tanto oscuros, es decir, los maestros colombianos no conocieron nunca cómo se hacía esa contratación, no sabían con certeza que empresarios estaban detrás de esas prestadoras de salud, de esas entidades gestoras de medicamentos, en fin. De hecho hoy, con el nuevo modelo de salud, tampoco es clara la forma de contratación, un asunto importante, máxime cuando en el consejo directivo del FOMAG hay dos representantes del magisterio que pertenecen a FECODE.
Partiendo de esos vicios, de esa oscuridad en los procesos y el desconocimiento en cuanto a contratación y gestión de los recursos, efectivamente el sistema de salud del magisterio, en muchos de sus procedimientos, empezó a funcionar con las mismas triquiñuelas y corrupción del sistema de salud en general. De hecho, muchos docentes no comprenden bien ni siquiera porqué pertenecen a un régimen especial de salud, porque en carne propia han sido víctimas de los paseos de la muerte, de problemas con medicamentos de alto costo, de demoras en citas con especialistas, de diagnósticos errados que resultan fatales para su salud y para su vida; lo de especial no se corresponde con la calidad del servicio que se presta al magisterio colombiano.
Pero ¿qué significa entonces pertenecer a un régimen especial en salud? Pues bien, este tiene que ver con la UPC (monto per cápita que gira el sistema de manera anual para cubrir cada maestro) ese monto es superior al del régimen contributivo en salud que es de $1.444.086 en promedio, y el del magisterio corresponde a $2.349.094, es decir casi un millón de pesos más por maestro, teniendo en cuenta que este monto incluye los riesgos laborales, porque el magisterio no tiene una ARL, sino, que esto se considera dentro del mismo servicio de salud, a diferencia del resto de los trabajadores que lo pagan a través del sistema de las ARL, aparte de salud.
Este régimen especial de los maestros cuenta actualmente con 818.960 afiliados, de estos aproximadamente el 50% son mayores de 50 años, y casi el 14% son mayores de 69 años, es una población que cuenta ya con enfermedades propias del desgaste producto del trabajo, con enfermedades terminales y que requiere por tanto una atención de calidad; pero también está el resto de afiliados menores de 50 años, entre los que se cuentan niños, jóvenes, adultos, también con enfermedades huérfanas, laborales, y hasta terminales, es decir, nada distinto a lo que se enfrentan los trabajadores en general en un sistema decadente que para nada considera modelos de salud preventivos y que por el contrario, ha puesto el derecho de la salud como un negocio jugoso para los grandes mercaderes.
Entonces, este régimen especial nada tiene que ver con una excelente calidad en la prestación de servicios de salud, al contrario, pese a que los maestros tienen una financiación más amplia, los resultados en salud son pésimos y hace parte también del análisis de la exministra de salud Carolina Corcho, donde para 2022 «la tasa de mortalidad infantil en menores de un año era superior a la nacional, de 13,49 frente a 11,65, igual que la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, la mortalidad materna que también fue superior a la nacional.» Y si se compara ese casi millón de pesos de más que se gira por cada maestro, con lo que cuesta un plan de salud prepagada (que van desde los 300.000 pesos, hasta los 560.000), definitivamente es evidente que los recursos están siendo desviados y se han ido difuminando en ineficacia, tramitología y corrupción.
Y efectivamente la corrupción fue el argumento de Petro, para detener la licitación de contratación y proponer un nuevo modelo de salud, a través del Acuerdo No. 03 de abril de 2024, mediante el cual se modificaron los lineamientos de contratación de prestación de los servicios de Salud para el Magisterio. Se supone que con el nuevo modelo, lo que se hizo fue eliminar a los intermediarios que contrataban los servicios de salud para el magisterio y que la administración de los recursos y la contratación de los servicios quedara a cargo de la Fiduprevisora S.A., en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil con el gobierno nacional, es decir, la Fiduprevisora además de administrar los recursos del FOMAG, administraría lo que el Estado destina para cada maestro. En ese sentido, la contratación de clínicas, hospitales, entidades farmacéuticas, etc., quedó en manos de la Fiduprevisora, una entidad financiera, que ha tenido también presuntos problemas de corrupción y que no tiene experiencia alguna en este tipo de contrataciones. Además es una entidad bastante inoperante frente al pago de prestaciones para el magisterio; pero lo que se supone —es bandera del nuevo modelo— que es el modelo preventivo con la atención primaria, sigue quedando en manos de los intermediarios, de hecho a los actuales prestadores de salud les prorrogaron el contrato por tres meses; pese a que dicen que los maestros pueden escoger la IPS que quieran, dentro de las que quieran están las que venían precisamente funcionando, y ante la inoperancia del software, la desinformación, el temor de perder continuidad sobre tratamientos, pues el magisterio termina escogiendo lo mismo.
Ni que decir del asunto de salud laboral, donde la pensión por invalidez se maneja con los porcentajes de ley 100 y es un proceso que debe renovarse cada 3 años, entonces, los que están próximos a renovar ese proceso, deben volver a empezar; lo que implica ir a medicina general para autorizar exámenes especializados, conseguir la cita para esos exámenes; volver a medicina general para la autorización con el especialista, y de ahí el drama de conseguir cita para especialista y los largos etcéteras que tienen a los maestros, de un lado para otro, en un proceso que debe hacerse antes de la mitad de junio, y de no hacerlo en este plazo, implica que estos compañeros corran el peligro de quedarse 3 años sin recibir su pensión.
Lo cierto es que el nuevo modelo de salud del magisterio es un nudo que se enreda cada vez más, hay problemas de auditoría, de funcionamiento del software, de atención primaria, de provisión de medicamentos, de autorización de imágenes diagnósticas, de autorización de citas con especialistas y procedimientos quirúrgicos, de conocimiento de historias clínicas… es decir, un gran problema producto de la improvisación y sobre todo de la concepción de la salud como un gran negocio.
No es para menos, pues calculen nada más la cifra de los más de 800.000 pacientes entre maestros y sus familias que hacen parte de ese régimen especial, por los cuales, si se transfieren más de dos millones de pesos para cada uno, significan $1.923.814.022.240, un negocio redondo con el que los mercaderes de la salud se frotan las manos para empezar a manejarlo.
Este drama de los maestros es además la comidilla actual de los medios burgueses de comunicación, quienes lo muestran con detalle, con la clara intención de demostrar que el nuevo modelo no sirve. Pero valga una reflexión al respecto. ¿Por qué esos medios que ahora dicen estar preocupados por la salud de los maestros nunca habían mostrado esa realidad? Cuando desde años anteriores se conocen denuncias de los maestros y sus beneficiarios de las zonas rurales, que para conseguir gran parte de los medicamentos que les prescriben siempre han tenido que viajar a las ciudades principales, hacer filas eternas y literalmente gastar medio día o más para conseguir una fórmula, eso si contaban con suerte y había en existencia el medicamento prescrito.
Un drama que implica para una persona enferma o sus familiares tiempo invertido, en ocasiones sin resultados, además que genera un gasto adicional en pasajes y comida, lo cual repercute en la salud. Si además de esto, es un viacrucis que se repite cada mes (porque no entregan medicamentos por más tiempo), se convierte en una verdadera desgracia.
Esto ya existía casi desde que se implementó el modelo, pero en los últimos años se ha acrecentado. Lo terrible es que la improvisación del Gobierno Petro lo haga más patente en lugar de mostrar lo beneficioso del nuevo modelo, que ya indica la pervivencia de los viejos vicios del anterior y cuyas consecuencias las pagan los más vulnerables; es decir, los que viven más alejados de las ciudades capitales, los enfermos de “alto costo”, los ancianos y como siempre los más pobres.
Lo cierto es que estos problemas no se resolverán mientras la salud siga siendo un negocio y no un derecho fundamental, es decir, mientras la salud siga estando en manos del capital privado.
