El proletariado debe observar bien lo que pasó. El miércoles 21 de octubre, Abelardo de la Espriella anunció por X que Rodrigo Lara salía del Ministerio del Interior —y del recinto del Congreso, pues se encontraba allí cuando se enteró— y que el exprocurador Alejandro Ordóñez ocuparía su lugar. Setenta y cinco días duró Lara en el cargo. Setenta y cinco días es lo que vale un ministro para los dueños del Estado cuando deja de servirle a sus intereses inmediatos. Se bota, se reemplaza y se sigue, pero sus intereses de clase permanecen. Además, a este nombramiento también se suma el de Viviane Morales como Comisionada de Paz, después de salir del Ministerio de Educación.
La versión más aceptada sobre la salida de Lara es que fue por el naufragio del presupuesto de 2027, hundido por un vicio de trámite atribuido al gobierno —que usó como chivo expiatorio al equipo asesor, que renunció—. Otras versiones, sin confirmar, hablan de choques con Carlos Suárez, el estratega del presidente que hoy dirige la junta de Ecopetrol. Y fue justamente ese asesor quien recibió al nuevo ministro con un «abran paso». ¡Abran paso! Así hablan los que mandan sin que nadie —más que la burguesía— los haya elegido.
Ahora veamos quién llega. Ordóñez fue procurador entre 2009 y 2016 y se hizo famoso por sancionar con dureza a funcionarios, por su cruzada contra el matrimonio igualitario y contra el aborto en los casos que la Corte permitía, y por oponerse a las negociaciones de La Habana. Un retrógrada que habla con calma, que cita a los padres de la Iglesia y se cree un santo, pero en su período como procurador era invulnerable, una simple decisión disciplinaria suya bastaba para retirar del cargo a alcaldes, gobernadores o congresistas, sin sentencia penal ni control judicial efectivo previo. Él mismo destituyó en 2013 al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En 2016, el Consejo de Estado anuló su reelección y lo sacó del cargo. Un hombre que nadie eligió en las urnas, con poder para castigar a quienes luchan por sobrevivir.
Y según el portal Historia de Colombia «Su catolicismo no era decorativo. Se formó en el círculo lefebvrista colombiano, la corriente tradicionalista fundada por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, que rechazó las reformas del Concilio Vaticano II y mantiene con Roma una relación tensa desde 1970. Desde esa matriz llegó a la vida pública. Creía que existen verdades morales previas a la ley positiva y que el Estado tiene el deber de reconocerlas. Aplicada al derecho disciplinario, esa convicción produjo una Procuraduría que no se limitaba a sancionar la corrupción o la negligencia administrativa: emitía juicios sobre la sustancia moral de las decisiones políticas.»
Y es que esto no es un error ni un capricho, no nos equivoquemos. Es un programa, el programa de la burguesía. Este nombramiento se corresponde con la línea que este gobierno viene planteando abiertamente, la de perseguir a los explotados y oprimidos. Quien persiguió con el látigo de la «legalidad» no defiende más que la legalidad burguesa. La ley, en manos de la clase expoliadora, es un garrote con membrete.
Y lo ponen justo en el Ministerio del Interior que no es una cartera cualquiera. Es la que tiende los puentes con el Congreso, con los partidos, con las comunidades étnicas, con la «participación ciudadana» —al menos en los estrechos márgenes de este Estado— y con la protesta social. Es la puerta por donde el Estado debería, al menos en el papel, escuchar al pueblo. ¿Y quién pone el gobierno a cuidar esa puerta? Un inquisidor de ideario conservador confesional, enemigo declarado de la clase obrera. Es un mensaje claro y contundente que anuncia que aquí no se negocia, aquí se contiene, se reprime y se persigue.
Mientras tanto, los politiqueros se pelean entre sí, incluidos los del PH. Alejandro Gaviria criticó la designación, Efraín Cepeda la defendió. Varios congresistas reclaman un ministro que genere puentes… ¡Puentes! Hablan de gobernabilidad, de talante, de modales. Nosotros hablamos de poder obrero, de pan, de tierra, de salarios, de derechos. Que se ocupen ellos del tono del ministro. A nosotros nos toca ocuparnos de la fuerza del pueblo, que se debe demostrar cada vez más en las calles, porque la crisis del Estado burgués no se resuelve sola, se descarga sobre la clase obrera.
Un gobierno que no pudo ni tramitar su propio presupuesto responde con mano dura y no con la tal «apertura democrática» de la que hablan los politiqueros. Y esa mano dura no caerá sobre los banqueros ni sobre los dueños de las petroleras, ni sobre los dueños de los grandes comercios. Caerá sobre los sindicatos, las organizaciones campesinas, los resguardos indígenas, las asambleas populares, obreras, campesinas, estudiantiles, los colectivos de mujeres y de la diversidad sexual. Caerá sobre cualquiera que se atreva a levantar la voz y a luchar.
¿Y qué hacemos? ¿Rogar? ¿Esperar a que el nuevo ministro se vuelva razonable? ¿Llorar a Lara, que fue parte del mismo gobierno, es parte de la misma clase y la representa? ¡No! Respondemos como siempre han respondido los pueblos dignos y como nos lo enseña nuestra propia historia: ¡organizándonos para la lucha directa!
¡Que en cada barrio haya un comité! ¡Que en cada fábrica haya un sindicato fuerte! ¡Que en cada vereda haya una asamblea! ¡Que en cada universidad haya un frente de lucha! Unidad de todas las fuerzas populares para la defensa de los derechos conquistados. El camino debe ser la movilización amplia y sostenida, la huelga y paro como armas políticas de nuestra clase, y la construcción de espacios de poder popular como embriones de verdadera democracia obrera.
Las grietas entre las facciones de la burguesía no se lamentan ¡se aprovechan! Hoy cae un ministro, mañana puede caer una política entera, si el pueblo está organizado para empujarla.
Que sigan diciendo «abran paso». Nosotros diremos: ¡paso al pueblo organizado!
