Análisis del sistema de salud en Colombia entrega Especial parte I
En los últimos días ha vuelto a ser noticia la reforma a la salud pues ya superó el segundo debate en la Cámara de Representantes. Falta la discusión en el Senado que esta para marzo del año entrante. Y aunque llegara a ser aprobada sin mayores cambios, el proletariado debe saber que la reforma no resuelve el problema fundamental que es la privatización de la salud, producto de la Ley 100 y las nefastas EPS.
Recordemos que, el 23 de diciembre de 1993, el Congreso de la República implementó la Ley 100, qué reemplazó al antiguo Seguro Social, que pese a las dificultades y a la corrupción que existía, presentaba aspectos positivos como mayor capacidad en las entidades territoriales y atención de calidad en centros médicos de alta y mediana complejidad para quienes estaban afiliados al Seguro Social.
La Ley 100 fue presentada a los colombianos con el sofisma de que se buscaba lograr una cobertura universal creando un sistema de seguridad social integral, aumentar la eficiencia en la asignación de recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud. Se argumentó que para superar la ineficiencia en la prestación de servicios de salud era necesario transformar los hospitales públicos —que hasta ese momento se financiaban a través de transferencias gubernamentales— en entidades autónomas obligadas a gestionar sus propios recursos bajo un modelo de competencia del mercado (compiten por los pacientes) y a alcanzar la autosostenibilidad mediante una mejor gestión administrativa y financiera.
La eterna mentira burguesa de que al generar competencia se mejora la calidad, el perpetuo engaño de que se debe financiar la demanda y no la oferta (como arguyen ahora respecto a la educación pública); como si la calidad no estuviera determinada por la inversión que garantiza infraestructura adecuada, inversión tecnológica, personal capacitado e idóneo…
La Ley 100, con los tales subsidios a la demanda, lejos de mejorar la atención al paciente lo que hizo fue desviar los recursos públicos, sudor y sangre del pueblo colombiano, hacia las ineficientes intermediaras privadas: las EPS y sus redes de corrupción territorial.
Bajo la privatización de la salud que fue la Ley 100, los hospitales públicos han luchado por alcanzar el equilibrio financiero, pero ello ha sido imposible debido al incumplimiento en el giro de los recursos por parte de las EPS; esta falta de financiamiento ha llevado a una escasa inversión en tecnología, afectando la productividad y la eficiencia de estos centros de salud.
Igualmente, bajo la Ley 100, en lugar de trazarse unas metas sanitarias a nivel nacional para, a partir de allí determinar cuál es el desempeño de los hospitales y cuánto contribuyen a alcanzar esas metas, en lugar de medir la efectividad de los hospitales en la atención centrada en el paciente y los resultados clínicos, se realiza una evaluación basada en el empleo eficiente de los recursos, lo cual ha contribuido a la disminución de la calidad de los servicios de salud, puesto que las EPS para ahorrar costos no contratan personal suficiente y las condiciones para sus trabajadores son precarias, lo cual incrementa la superexplotación y el desempleo médico, y rebaja considerablemente la calidad de la atención.
Además, la situación se agrava porque los hospitales públicos atienden a los sectores más pobres de las clases trabajadoras, y por ello no pueden generar capital suficiente para invertir en nuevas tecnologías. De allí que el proletariado y el campesinado colombiano deba dar la pelea para obligar al Estado a inyectar todo el capital necesario para garantizar calidad y accesibilidad al pueblo. Las carencias en las instituciones de salud del sector público (falta de insumos, atraso tecnológico y escasez de personal) son reflejo de la insuficiencia de recursos financieros, pues los fondos públicos han sido desviados hacia la corrupción de las EPS que al pueblo solo le han traído enfermedad y muerte.
La Ley 100 y la corrupción de las EPS
Con la implementación de la Ley 100 en Colombia, las EPS, es decir el capital privado, asumieron la administración de los recursos públicos para gestionar y girar fondos a hospitales y clínicas. Esto es que el dinero que el pueblo colombiano paga en impuestos sea utilizado para garantizar que la minoría rica y parásita de este país sea más rica a costa de la enfermedad y la muerte de las amplias masas trabajadoras, aumentando la concentración de poder y recursos en manos de unos pocos. Para la muestra un botón: la EPS Sura, perteneciente al Grupo Sura, forma parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), junto con los grupos Argos y Nutresa; entre los principales accionistas del Grupo Sura se encuentran Argos (27.8 %), Nutresa (13.2 %), y JGDB Holding, de la parásita familia Gilinksy, con el 38 %.
Además del enriquecimiento legal, la chupasangre burguesía colombiana se ha engordado a través de toda la corrupción generada por la intermediación de las EPS. Día a día se ha denunciado corrupción en varias EPS, evidenciando la falacia de que con la Ley 100 se iba a mejorar la gestión administrativa y financiera.
En 2011, la Superintendencia de Salud intervino la EPS Saludcoop después de descubrir actividades administrativas y financieras irregulares. Saludcoop desvió los recursos destinados a la salud para adquirir otras EPS como Cafésalud, Cruz Blanca, además de clínicas, centros médicos, droguerías, una empresa de construcción, un club deportivo y cuatro firmas extranjeras en países como México y Chile. Por ello, el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, estuvo preso en la cárcel La Picota en 2019 por malversación de fondos de salud, pero (como siempre le ocurre a los corruptos empresarios y políticos colombianos) ese mismo año el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberarlo por vencimiento de términos. En 2022, Palacino fue condenado a 10 años de prisión por la apropiación ilegal de 400.000 millones de pesos que debían dirigirse a la salud, se le impuso una multa de solo 297.000 millones de pesos (es decir, tuvo que devolver apenas el 74.25 %, un poco menos de la tercera parte de lo robado) y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
La desigualdad en el acceso a la salud en Colombia
Según las cifras oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Colombia el gasto per cápita en salud fue de solo 1336 dólares al año (en 2020); en contraste, Estados Unidos, país imperialista que lidera, tiene un gasto per cápita de 12.318 dólares. La brecha entre ambos países revela lo atroz que es el acceso a la salud en Colombia.
Bajo el marco de la OCDE, Colombia se encuentra inmersa en una cruda realidad en cuanto a su sistema de salud, según el informe de 2020 presentado por la entidad. El desolador panorama se refleja en la falta de profesionales de la salud en el país: por cada 1000 colombianos solo hay disponibles 2.2 médicos y 1.3 enfermeros, sumando un total de 3.5 profesionales de la salud por cada millar de habitantes; por ello Colombia se sitúa el último lugar de la tabla de países de la OCDE. En comparación, Noruega, líder de la lista, cuenta con 4.8 médicos y 17.8 enfermeras por cada 1000 habitantes.
A pesar de que en Colombia se cuenta con 10.635 centros de salud, la disponibilidad de camas hospitalarias es alarmantemente baja. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 25 y 40 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes; Colombia se encuentra muy por debajo de esa recomendación con solo 17.4 camas por cada 10.000 habitantes, por lo que se posiciona como la tercera nación del mundo con menor disponibilidad de camas, evidenciando una grave falta de infraestructura para atender las necesidades de la población.
En Colombia solo Sucre, Cesar y Atlántico presentan un número de camas superior o igual al recomendado, mientras que Vichada, Guainía, Vaupés y Cundinamarca requieren, en promedio, más de 15 camas adicionales por cada 10.000 habitantes para alcanzar el número de camas recomendado.
Igualmente, se observa que las regiones con mayor número de personal médico especializado son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Mientras que las regiones Orinoquía-Amazonía y Pacífica (sin Valle del Cauca) tienen en promedio el menor número de especialistas. Una situación similar se presenta para el personal de salud (incluye profesionales, técnicos y tecnólogos, y auxiliares), donde Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca tienen el mayor número y la región de Orinoquía Amazonía presentó el menor número.
La falta de especialistas y de personal médico contribuye a la contradicción entre la cuidad y el campo, tan típica del sistema capitalista.
Estas cifras revelan que ni al capitalismo ni a su Estado les interesa siquiera garantizar la vida y la salud de quienes producen su riqueza. Así las cosas, el deber del proletariado y del campesinado es la lucha decidida y urgente por conquistar en lo pronto un sistema que garantice el acceso, mientras se destruye este Estado y el sistema hambreador que defiende, para construir una sociedad donde los derechos del pueblo no se transformen en simples negocios que favorecen solo a las clases dominantes.
Para ello, es preciso generalizar y consolidar las formas asamblearias de organización de las masas, surgidas desde la base al fragor de los paros y las huelgas políticas. Debemos fortalecer y consolidar las formas de lucha directa y de organización (Grupos de Choque o Primera Línea, Guardias o Milicias Obreras y Populares) para avanzar a formas superiores necesarias para la derrota definitivamente a los enemigos del pueblo, que por años nos han condenado a la enfermedad y la muerte.
