Desde siempre, los docentes han enfrentado un proceso de superexplotación que, como es propio del capitalismo, se manifiesta en la ampliación de la jornada laboral, como ocurre por ejemplo con la introducción de la Jornada Única (JU) y en el incremento en los ritmos de producción y aumento de metas.
Esta adaptación forzada para «mejorar la calidad de la educación», responde a las orientaciones y estándares establecidos por las agencias del imperialismo como la OCDE; por ejemplo retirando algunas materias e incluyendo otras en el currículo: Bilingüismo, Tecnología e informática, proponiendo ajustes en las jornadas… con esto, lo que el Estado burgués pretende es hacer los ajustes necesarios para cualificar mejor a los futuros trabajadores de acuerdo a las condiciones que necesita el sistema, por supuesto minimizando los costos.
En el siglo pasado, según cuentan algunos docentes mayores, era posible ver aulas en las que un docente enseñaba a 40, 50 estudiantes o más, y las condiciones laborales eran precarias; tanto que el movimiento magisterial se destacó por su movilización y resistencia; dichas condiciones sociales no eran distintas a las actuales.
Los capitalistas superexplotaban a los docentes con la carga laboral de un gran número de estudiantes por aula, mientras impartían las materias que en ese momento el sistema consideraba indispensables para los futuros obreros. Actualmente, las necesidades del capitalismo imponen que más estudiantes se cualifiquen y adquieran pronto nuevos y actualizados conocimientos en menor tiempo. Esto no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia para reducir costos en el sistema educativo, mientras se adapta a las necesidades del capital en la era del imperialismo, tal y como ocurre en cualquier fábrica.
El modelo de jornada única (JU) por ejemplo, según el Decreto 2105 de 2017, extiende la jornada escolar a entre 6 y 7 horas de permanencia de los estudiantes en la institución; supuestamente, en busca de mejorar la calidad educativa y reducir las brechas de inequidad. Este decreto establece un número de horas semanales específicas para cada nivel educativo cambiándolas de 20 a 25 horas para preescolar, 25 a 30 horas para primaria y secundaria y Media de 30 a 35 horas. La implementación de la JU, que viene de un plan de gobiernos anteriores desde 2006, habla de garantizar la alimentación escolar, mejoras en la infraestructura educativa y el fortalecimiento del proceso pedagógico.
Por supuesto, una cosa es lo que dice el papel y otra la realidad. El pueblo y en particular los docentes siguen siendo testigos de innumerables casos de corrupción, especialmente en torno a los Planes de Alimentación Escolar, rutas escolares e inversión en infraestructura educativa. Todo esto en lugar de mejorar la calidad de la educación en general, somete a estudiantes y maestros a presiones mutuas en las que siempre el pueblo sale mal librado.
La JU aumenta la jornada escolar pero las necesidades nutricionales para el trabajo intelectual que deben hacer los niños, niñas y jóvenes, o los problemas de acceso con rutas escolares, o el personal necesario para atender los problemas de salud y convivencia, realmente no son cubiertos, gracias al abandono estatal y la corrupción propia del capitalismo.
Al final, quedan los docentes como responsables de la calidad de la educación, padeciendo la intensificada jornada y la carga de hacer lo imposible para que, a pesar de las condiciones, no se generen reprobaciones o deserción, aun cuando no pueda atender de manera personalizada las necesidades partículas de los estudiantes.
Y es que la normativa que «regula» la JU ha quedado a la libre interpretación de secretarías de educación y administrativos en las instituciones educativas afectando a docentes, con la excusa de que se les hace un favor para evitar su despido, la unificación de grados o el cierre de instituciones, ante otro factor que sale a la luz y es la supuesta baja de estudiantes matriculados que algunos interpretan como consecuencia de la baja natalidad.
Las bajas de matrículas en lo público y el cierre de colegios privados
Como se decía antes, el modelo de Jornada Única que se ha venido imponiendo en la educación pública concentra a los estudiantes en horarios extendidos. Esto elimina la posibilidad de que las mismas instituciones ofrezcan la jornada de la tarde, lo que ha llevado a la reducción del número de estudiantes por institución educativa y con ello el número de docentes. Esto ha favorecido mantener las formas de privatización como los colegios de cobertura o concesión en ciudades como Cali y Bogotá, pues los cupos que «no puede» asumir el sistema público, se contratan con los privados; esto debido a que las promesas de inversión en infraestructura se cumplen a medias y los mega colegios que, si bien tienen instalaciones más amplias, al contrario de resolver el problema, lo agrandan, pues en su mayoría también ofrecen Jornada Única.
Estas condiciones no solo afectan la calidad educativa, sino que aumentan el ejército industrial de reserva de docentes precarizados, que deben aceptar contratos a destajo y sin garantías laborales en colegios privados, tanto de cobertura como de élite. Esto además genera permanente zozobra entre los docentes del sector público, que ven como, ante la merma en las matrículas, producto de la movilidad de familias de una ciudad a otra, de un país a otro, o de la «baja natalidad» se ven expuestos a ser «liberados».
Se decía que el modelo de JU se ha prestado para interpretaciones que terminan violentando los derechos de los docentes. En principio, la jornada laboral de los docentes plantea una permanencia de 6 horas en la institución. Si se tratara de una jornada regular sería por ejemplo de 7 a.m. a 1 p.m., de las cuales 5 serían de trabajo con los estudiantes incluidos descansos pedagógicos; la otra hora sería para evaluación, planeación y atención a padres. El resto de su jornada de «8 horas» la puede realizar en casa, en especial porque se refiere a la planeación académica diaria a la que por lo general los docentes dedican más de 2 horas.
Sin embargo, las interpretaciones amañadas han llevado a que, por ejemplo, en instituciones educativas de Cali, donde el miedo entre los docentes a la liberación (despido), o incluso a la falta de compromiso de las organizaciones sindicales para defender a los maestros, ha llevado a que los docentes acepten jornadas de más de 7 horas continuas con estudiantes, sin tiempo para planeación, evaluación o atención a padres; trabajo que se recarga al llegar a casa haciendo que la jornada real de los docentes supere las 10 horas diarias, agotamiento y súper explotación que se ve reflejado en las cifras de afectaciones de salud en el magisterio.
Esta interpretación amañada de la JU por parte de secretarías de educación como la de Cali, viene desde hace al menos 3 años vulnerando los derechos y la salud, no solo de los niños sino también de los educadores, especialmente de las mujeres, quienes según el DANE representan el 63.3% de los docentes y de los cuales el 95.6% trabajan en preescolar y el 77.2% en primaria. Esto debido a que existen instituciones educativas en las que docentes y estudiantes de preescolar y primaria, están siendo obligadas a aceptar una JU con hasta 35 horas semanales cuando lo reglamentario para JU es de 25 y 30 horas respectivamente.
Lo anterior, a cambio de no crear condiciones que posibiliten «la reducción de la matricula» y con ella la «liberación» de docentes, pues las familias prefieren una institución donde sus hijos permanezcan más tiempo, debido a que la clase obrera en general vive condiciones de súper explotación que le obligan a trabajar más tiempo y les impide a las familias compartir realmente. Por otra parte, el pago de una hora extra no representa un aumento significativo en el salario de los docentes, pero sí deja terribles consecuencias en su salud, así como empeora el proceso educativo.
La única salida para el magisterio ante este panorama de superexplotación, es la organización desde las bases. No podemos seguir tolerando que la jornada laboral se amplíe arbitrariamente, ni que la carga pedagógica recaiga exclusivamente sobre los docentes, mientras el Estado burgués y los gobiernos de turno incumplen sus promesas y evaden su responsabilidad en la financiación de la educación pública. Las direcciones sindicales que han permanecido en la pasividad deben ser interpeladas por las y los maestros en cada escuela y en cada región, para que rompan con la conciliación y asuman el papel de convocar la lucha real por nuestras condiciones laborales y por la dignidad de la educación.
Es el momento de volver a poner sobre la mesa la necesidad de un aumento general en el presupuesto educativo, que garantice las condiciones esenciales para una educación de calidad. En primer lugar, es urgente el nombramiento de docentes suficientes para implementar la Jornada Única sin sobrecargar la jornada laboral. Asimismo, es imprescindible la inversión en infraestructura digna, la contratación directa y estable del personal de servicios, y la garantía de un sistema de transporte escolar público y no tercerizado. También debemos exigir el nombramiento, por parte del Estado, de personal de salud y profesionales de apoyo que atiendan las problemáticas de convivencia, así como la asignación de recursos suficientes para la alimentación escolar, garantizando que sea un servicio público administrado directamente por el Estado, sin intermediarios privados que se lucren a costa de la educación. No puede haber calidad educativa sin condiciones dignas para estudiantes y maestros. No es el magisterio quien debe pagar con su salud el costo de unas reformas impuestas por los intereses del capital.
Desde cada institución educativa, cada reunión de docentes, cada asamblea de padres de familia, se debe trabajar y luchar para obligar a las dirigencias sindicales a movilizarse de manera combativa. Ese es el camino de la Reestructuración del Movimiento sindical. No hay cambios sin lucha, y la historia nos ha demostrado que solo la acción directa y organizada puede arrancarle derechos a la burguesía. Es el momento de ponerse en pie, de recuperar la fuerza del magisterio como un frente de combate por la educación pública y por el futuro de los hijos e hijas de la clase obrera.
