En el año 2018 (igual que los anteriores) ha rondado la muerte en cada rincón de Colombia. La paz anunciada por los ricos dejó, según cifras oficiales de Indepaz, 226 líderes asesinados hasta noviembre, sin contar los de diciembre. Las causas de estos asesinatos sistemáticos se atribuyen a la persecución de líderes del movimiento social, reclamantes de tierras, líderes indígenas y campesinos, opositores de Megaproyectos, desmovilizados en el reciente proceso de paz…
Lo cierto es que mientras en el gobierno Santos el asesinato de líderes se asoció a «líos de faldas», en el gobierno Duque se dice que ni siquiera son sistemáticos; esta es una demostración más que hace ver el papel del Estado respecto a la agudización de este fenómeno: silencio, complicidad y actuación directa en la eliminación de los líderes sociales. Esta ola de muerte, hace parte del terrorismo de Estado con el cual los burgueses, terratenientes e imperialistas también mantienen su poder y dominación sobre la mayoría de la sociedad. Una dolorosa demostración de algo advertido por el proletariado revolucionario: ¡La paz de los ricos es guerra contra pueblo!
Por eso no es raro ver que estos crímenes quedan en la impunidad y es apenas normal; basta recordar las llamadas filtradas en redes, donde los mismos oficiales de policía se ven involucrados en amenazas y persecución. Pero además, de esos 226 líderes asesinados, 120 fueron ultimados desde la posesión de Duque hasta estos días; para «atender» esta situación que «no es sistemática» crearon por decreto la Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para Defensores de Derechos Humanos. Un nuevo distractor compuesto por el Presidente, el Ministro de Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares, los Directores de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Alto Comisionado para la Paz, entre otros; es decir, una banda de criminales encargada de la protección de los líderes sociales y defensores de DDHH.
Una burla a la memoria de los cientos de dirigentes del pueblo y a la vida de los que tengan en la mira; sus acciones no van más allá de guardar la apariencia en el mejor de los casos, porque en últimas con esas medidas tienen acceso directo a los movimientos y actividad de los líderes amenazados; de ahí que continuar confiando en este Estado partícipe de la persecución, desaparición y muerte, es entregarle la vida al propio asesino. Esta es la paz que a diario reciben quienes quieren regresar a su tierra, quienes cultivan coca para sobrevivir, quienes desafían a los patronos y al Estado con su lucha e incluso quienes oficialmente defienden los DDHH o se acogieron al acuerdo firmado por el gobierno de Santos y los jefes de las Farc. La paz que ofrecen los explotadores a los dirigentes populares, es la paz de los sepulcros.
El pueblo colombiano debe confiar en su lucha y movilización, porque solo un golpe poderoso con un Paro Nacional Indefinido, puede detener el terrorismo de Estado; pero además debe confiar en su fuerza, en los suyos, rodeando a sus dirigentes, exigiendo al Estado capitalista los recursos para la protección de los líderes amenazados, pero no para que sea el Estado mismo quien les de celulares chuzados o escoltas sapos y asesinos, sino para que sean las organizaciones populares las que garanticen la seguridad de sus dirigentes; del mismo modo, las masas necesitan organizar su defensa, el mejor ejemplo siguen siendo los hermanos indígenas y su guardia, para combatir directamente la represión estatal y para estatal. Esto por ahora, mientras el pueblo esté desarmado, porque definitivamente acabar con el terrorismo que impone el Estado de los ricos holgazanes con sus fuerzas oficiales y no oficiales, solo podrá acabar, cuando los obreros y campesinos lo destruyan e impongan por fin el nuevo Estado de dictadura proletaria que realmente protegerá la vida de la mayoría hoy explotada y oprimida.
