El pasado 5 de enero el régimen terrorista de Uri-Duque firmó el decreto 003, denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, cumpliendo en la formalidad con la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, de proteger los “derechos fundamentales al debido proceso, protesta, libre expresión, vida e integridad personal”; sin embargo, en la realidad el Protocolo es un atentado contra todos estos derechos que las masas populares deben defender por medio de la lucha directa en las calles.
El Protocolo, es una muestra flagrante de autoritarismo del régimen, pues a pesar de que formalmente se convocó y citó una tal “Comisión de la Mesa de Trabajo”, de forma pública y por medio de la prensa, al final, el régimen uribista no acogió ninguna de las observaciones hechas, ni siquiera las realizadas por la Alcaldía de Bogotá, entre las que se encontraban“la participación de las organizaciones de Derechos Humanos en la verificación de las condiciones de detención” cuando se hagan capturas en las manifestaciones, porque para el Estado burgués básicamente esa es función de la Policía Nacional, Fiscalía y la Procuraduría, por lo tanto, las organizaciones defensoras de DDHH no tienen nada que hacer en esos casos; también omitió la solicitud de autorizar la presencia de organizaciones de DDHH en el Puesto de Mando Unificado, negada por el régimen con el argumento de que dicho Puesto “es una instancia interinstitucional de toma de decisiones estratégicas y operacionales”; en otras palabras, es desde donde se planea cómo acorralar las manifestaciones, se decide el envío de las fuerzas represivas del Estado, al igual que se acuerda la infiltración de las protestas para capturar o desaparecer a los dirigentes de las mismas, y así sucedió con otras solicitudes formales que el régimen finalmente desechó.
El Protocolo contra las luchas del pueblo, está lleno de mentiras y formalidades, como el que va a “primar el diálogo y la mediación en las protestas”, lo cual riñe con la realidad porque los asesinos del Esmad llegan disparando gases y recalzadas a quemarropa contra los manifestantes, cumpliendo las órdenes impartidas por las clases dominantes que tienen en el Estado burgués-terrateniente el mejor ejecutor de su brutal dictadura contra el pueblo desarmado.
El Protocolo está plagado de demagogia y palabrería que en los hechos se traduce en el asesinato de luchadores como Dylan Cruz, o en las agresiones brutales contra el pueblo por parte de los agentes policiales y paraestatales como sucedió el 21 y 22 de noviembre de 2019 o en septiembre del año pasado cuando el pueblo se rebeló y quemó los CAI’s en Bogotá ante el asesinato de un ciudadano desarmado a manos de la Policía en la capital… Palabrería como “respeto y garantía de derechos”, “dignidad humana”, “enfoque diferencial”, “proporcionalidad” son letra muerta a la hora de que el régimen uribista y las fuerzas estatales del orden burgués, tengan que garantizarle a los banqueros, terratenientes, industriales y comerciantes la mal llamada “paz social”, así sea, usando balas, gases y detenciones arbitrarias contra el pueblo trabajador.
El Protocolo habla de la diferenciación, concepto bajo el cual la Policía podrá distinguir bajo su criterio terrorista quién es violento y quién no, lo cual ya viene sucediendo; solo que ahora se está legitimado con este decreto y pondrá bajo la mira de sus escopetas, tanquetas y agentes encubiertos a los luchadores que representen a los sectores beligerantes y combativos, que no se comen el cuento de la tal “sin violencia” coreada desde las dirigencias reformistas, porque estos luchadores saben que precisamente el Estado de los explotadores es una máquina violenta, de represión contra las clases trabajadoras y por ello deberán prepararse para confrontar por medio de los Grupos de Choque a los cerdos asesinos del Esmad, tarea que está en mora de cumplirse para hacer respetar por la fuerza popular las manifestaciones y expresiones de inconformidad del pueblo.
Otro aspecto que limita y pretende hacer una función de control, vigilancia o empadronamiento, es el artículo 21 en el cual se les exige a los organizadores de las manifestaciones, todo tipo de datos como teléfono, correos electrónicos, nombres y demás, lo cual es demasiado peligroso y hasta mortal en un país como Colombia, en el que las clases dominantes tienen como política contra las masas inconformes ejecutar en su contra el terrorismo de Estado. Condiciones que deben ser rechazadas porque prácticamente les ponen la lápida sobre las espaldas a los organizadores de las marchas, mítines y protestas.
El régimen de Uribe por un lado, impone sus medidas antiobreras, antipopulares, de terror contra el pueblo… y por el otro, legaliza el terrorismo de Estado con leyes como el Protocolo de muerte contra las masas luchadoras. El de Uribe y su títere Duque, es un régimen asesino de luchadores sociales, acorde a un Estado terrorista que defiende a sangre y fuego los intereses de las clases dominantes. Por consiguiente, el pueblo debe organizar sus propios destacamentos como los grupos de choque para enfrentar las tropas represivas, legales e ilegales, que envían los burgueses y terratenientes para tratar de aplastar al pueblo desarmado en las manifestaciones; a la vez que debe organizar las milicias populares para defenderse de las balas de sus enemigos y proteger la vida de sus dirigentes.
El Protocolo terrorista, es un motivo más para avanzar en los preparativos de las fuerzas populares para enfrentar y derrotar todo el poder político, económico y militar de las clases dominantes. Para desatar la Guerra Popular contra el Estado de los explotadores, que barrerá por medio de la violencia revolucionaria de las masas todo vestigio del terrorismo de Estado que hoy ejecutan con saña las clases parásitas enemigas del pueblo trabajador.
Los comunistas por su parte deben acelerar los preparativos del Congreso de fundación del Partido político del proletariado, el dispositivo estratégico llamado de dirigir la lucha de masas. Depende del elemento consciente, de los comunistas revolucionarios, vincularse a las masas, dirigirlas con ideas claras y planes revolucionarios que ayuden a acercar el triunfo de la revolución socialista en Colombia, única garantía para dar fin, por medio de la violencia revolucionaria de los obreros y campesinos, a la brutal dictadura que hoy ejercen la burguesía y los terrateniente contra las masas laboriosas.
