Son escandalosas las denuncias sobre el manejo de los cementerios distritales en la capital del país. Millonarios contratos con irregularidades en su adjudicación, mal manejo de los cadáveres, falta de experiencia por parte de los consorcios a los que se les adjudicaron los contratos… son la punta del iceberg de una serie de irregularidades cometidas por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y de los contratistas involucrados.
Sin embargo, la denuncia más aterradora es la que hizo el empresario Sergio Venegas quien afirmó que en el cementerio Serafín, que es el más nuevo del país, hay 1.500 tumbas de N.N. (cuerpos no identificados), que no existe un funcionario que le tome una cartilla grafológica ni biométrica que corresponda a huellas, ni que las confronte con la información de la Registraduría para establecer la identidad de esas personas. Dijo, que llegó el caso de un General de la Policía que desapareció ciudadanos, pues llegaba en una patrulla y dejaba los cuerpos sin identificar en ese cementerio. Afirmó que la cremación aumentó durante los días del Paro Nacional, llegando a 300 personas incineradas sin documentación alguna.
A esto se suma el descaro de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien afirmó que “en Bogotá en el Paro no hubo desaparecidos”, “Mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie. Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran”. Declaraciones mentirosas y revictimizantes que buscan dejar en el olvido a jóvenes luchadores como Duván Barros, quien fue desaparecido el 5 de junio de 2021 después de que lo metieron en una tanqueta de la Policía y quien apareció más de un mes después, el 17 de julio de ese año muerto en un riachuelo de la localidad de Kennedy. A propósito, la mamá del muchacho denunció que a la fecha no hay ningún avance en las investigaciones.
Ese es uno de los terribles casos de desaparición forzada que se agudizó en Colombia durante el Paro Nacional del 2021, pero no el único. Sólo por nombrar algunos casos: a Brahian Rojas lo encontraron muerto en el rio Cauca cinco días después de haberlo reportado como desaparecido durante el Paro, quien fue visto por última vez en el puente Francisco Jaramillo del municipio de La Virginia, cuando llegó el ESMAD y les disparó gases lacrimógenos; a Alquímedez Santana que hacía parte del punto de resistencia conocido como el Puente de las Mil Luchas en Cali, lo desaparecieron el 27 de mayo de 2021 y apareció su cadáver hasta el 8 de julio de ese año. Y así, por decenas el régimen de la mafia uribista, usando las fuerzas policiales y paramilitares, desaparecieron y asesinaron a cientos de jóvenes rebeldes que le hicieron frente en las calles.
Por lo tanto, miente Claudia López, la mal llamada “alternativa” quien resultó actuando como cómplice del uribismo asesino, al que supuestamente dice confrontar. Dice la ONG Temblores que “En el marco del Paro Nacional del 2021, recibimos 43 denuncias de personas reportadas como desaparecidas en todo el país, de las cuales 13 tuvieron lugar en Bogotá. Para el 20 de agosto de 2021, […] 10 aparecieron con vida y 1 fue hallada sin vida […]. Sobre las 2 personas restantes, sin embargo, no pudimos obtener información que nos permitiera determinar si permanecen desaparecidas o si se encuentran con vida o no.” Es decir, en Bogotá sí hubo desaparecidos durante el Paro Nacional, fue un accionar sistemático por parte de la Policía Nacional, detener irregularmente a los jóvenes, negarles sus derechos como el poder llamar a un abogado o a un familiar, informar sobre el sitio donde los tienen detenidos, recibir atención médica o de la Personería, es decir, se confirma que la Policía sí desapareció manifestantes durante el Paro, y muchos de ellos aparecieron asesinados días después en diferentes partes del país.
La alcaldesa, cómplice del terrorismo en Bogotá, quiere tratar al pueblo como si fuera idiota, como si no se comprendiera fácilmente que en medio del Paro Nacional de hace un año -como en medio de las protestas del 9 de septiembre de 2020 contra los CAI’s de la Policía por asesinar a Javier Ordóñez-, las prácticas del terrorismo de Estado se exacerbaron terriblemente y dentro de ellas, la desaparición forzada de los luchadores populares. Ahora, se conoce esta denuncia que aterra e indigna a las masas populares y que ya empezó a generar movilizaciones y plantones, como el que se dio el pasado 16 de enero frente a la alcaldía de Bogotá por parte de un puñado de jóvenes y que fue brutalmente reprimido por el ESMAD por orden directa de la alcaldesa “alternativa”; precisamente el escuadrón de asesinos que cambió de nombre con el gobierno reformista de Petro, pero que sigue con sus prácticas de intimidación, provocación y violencia desmedida contra el pueblo desarmado.
Por nuestros muertos y desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Combate al sistema capitalista que le garantiza los privilegios de clase a la burguesía y los terratenientes por medio del terrorismo de Estado que ejecutan las fuerzas armadas, de policía y las fuerzas paramilitares; combate en las calles hasta que aparezcan todos los desaparecidos con vida y liberen a los presos por luchar.
Este podrido Estado asesina, crema y desecha en fosas comunes a los jóvenes que lucharon en las calles por construir otra sociedad, por eso sólo merece el desprecio del pueblo y ser el blanco de los ataques de la furia organizada del proletariado revolucionario, que debe organizar su Partido de vanguardia junto con el Ejército del Pueblo que combata las fuerzas reaccionarias y derrote por la fuerza a las clases reaccionarias que sólo le ofrecen muerte, hambre, enfermedades y desapariciones a la mayoría del pueblo trabajador.
