A inicios de diciembre del año pasado se conoció que la EPS Coosalud sirvió como fiadora de la empresa privada Coosalud Inversa, por un préstamo 221 mil millones de pesos, los cuales no fueron pagados por Coosalud Inversa. El Banco GNB Sudameris -el prestamista-, como buen cobrador se los pagó de la EPS Coosalud. Es decir, fueron recursos entregados por el Estado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) desviados para negocios particulares y no invertidos en atención a sus más de tres millones de afiliados. Según la página web del Ministerio de Salud, «La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.»
Según información del presidente Gustavo Petro, la EPS Coosalud tiene en su junta directiva al hermano del presidente Pastrana y cuñado de la senadora Paloma Valencia, el hermano del vicepresidente Francisco Santos y el hermano del Defensor del Pueblo y exparlamentario Cesar Negret.
El 5 de enero de este año en la página de la Presidencia, el Ministerio de Salud entregó el resultado de un informe sobre irregularidades de las EPS. En él se dice que éstas reportaron gastos exagerados en procedimientos como atención domiciliaria en un 97,8 %, cuando todos sabemos que ni siquiera llega una ambulancia, a menos que sea un accidente de tránsito, en la que sí se «matan» por llegar para cobrar los jugosos pagos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que por ley deben tener todos los vehículos que circulen en Colombia.
Sigue diciendo el informe que aumentaron las urgencias, hospitalizaciones y cirugía general; el Ministerio contrasta estos datos con la capacidad instalada invariable, con la vivencia diaria de los usuarios de la salud, en las que la atención es supremamente pésima en las salas de urgencias, tanto, que incluso devuelven pacientes; acceder a una cama siquiera, implica esperar horas y hasta días; y la programación de cirugías son postergadas por meses.
El informe continúa con otras cifras de casos recientes…, pero no son los únicos. Recordemos uno de esos viejos casos de corrupción, el del famoso grupo Saludcoop de la familia Uribe-Moreno, en la que los recursos fueron destinados para carros lujosos y apartamentos de funcionarios como Carlos Palacino, entre otras desviaciones y que dejaron como resultado una deuda de esa EPS con el sistema de salud por $1,4 billones.
El hecho real es que desde que la Ley 100 se estableció, la salud —un servicio esencial al que tienen derecho todos los ciudadanos como lo establece la Constitución del ‘91— se transformó en un super negocio para un puñado de capitalistas. A través de las cotizaciones de los trabajadores y de la plata del Estado se lucraron políticos y bancos, quienes montaron las EPS para captar ese dinero, invertir una parte en paliativos que no curan si no que mantienen enferma a la gente y lo demás, en crear clínicas privadas para percibir más dinero, clubes deportivos, inversiones bancarias y otras cositas varias para los funcionarios. Esto a costa de más de 1.598.441 personas muertas[1], que pudieron ser salvadas pero que no fueron atendidas a tiempo, por demoras en los procedimientos, en el paseo de la muerte, por falta de medicamentos, por malos procedimientos.
En estos días las EPS, medios de comunicación y gremios, amenazan como hienas con que se verán afectados los servicios esenciales para los pacientes, pues no están contentos con el incremento del 5, 36% en la UPC que estableció el gobierno. A sabiendas que es claro que su plan de negocios está basado en la muerte y enfermedad de sus clientes, se atreven a amenazar que si el Estado no les entrega más dinero van a matar a los pacientes, claro no lo dicen así, sino bajo la cubierta de que ahora sí están preocupados por sus clientes, que digo, «pacientes».
Este chantaje no puede ser admitido por el pueblo trabajador. Desde todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas hay que rechazar la amenaza de las EPS. Es necesario que tanto pacientes como personal de la salud, exijan atención inmediata y de calidad y condiciones laborales dignas. En caso de que haya fallas en la atención hay que hacer que la Supersalud intervenga ante cualquier irregularidad. ¡Y sí, la situación lo amerita! Se debe organizar la movilización de los trabajadores, tanto usuarios, trabajadores de la salud y todo el pueblo unido con una sola idea: derecho a la salud de calidad.
Compañeros que están leyendo esta columna, viendo de lo que son capaces las EPS, ¿creen que se deben sostener, así se le cambien algunas normativas disque para que funcionen mejor? La cuestión de fondo es que el modelo establecido con la Ley 100 fue la de convertir la salud en un negocio. La medida más eficaz para garantizar salud preventiva, gratuita y de calidad es eliminando la intermediación del capital financiero (EPS), es abolir la Ley 100. Y eso no está contemplado en la actual reforma a la salud que el gobierno Petro ha impulsado. No puede haber término medio en esto, o quitamos de por medio a través de la lucha directa organizada desde las Asambleas Populares a quienes solo piensan en la ganancia y no en la salud del pueblo; o seguiremos perdiendo más familiares y amigos.
Por salud para el pueblo… ¡abolir la Ley 100!
[1] Período 2005 – 2020 Fuente: Proyecto de Ley “Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”.
