Dado que la discusión de la Ley Estatutaria de Educación está pausada en el congreso mafioso y se reanudará una vez terminen las vacaciones de los zánganos senadores, es crucial que el pueblo siga analizando los intereses que dicha ley realmente defiende. Es imperativo que no nos dejemos engañar por las maniobras de aquellos que pretenden ser defensores de la calidad de la educación, pero que en realidad buscan continuar favoreciendo a los ricos de este país a costillas del futuro del pueblo.
Nuevamente, los uribistas se presentan como defensores de la educación de calidad para miles de infantes y jóvenes colombianos. Los mismos uribistas que provienen de la camada de personajes siniestros como Karen Abudinen, quien ha causado un daño incalculable a la educación pública, al igual que muchos otras «gentes de bien» y otros tantos vagos que viven a costa de desangrar el erario de este país.
La hipocresía de los uribistas en la discusión de la Ley Estatutaria de Educación es descarada y repugnante. En el texto de la ley, hablan con grandilocuencia sobre la importancia de la formación en tecnología e innovación, la alfabetización digital y la conectividad a internet como derecho y servicio público esencial. Sin embargo, su verdadera cara se revela en la práctica, donde estos mismos personajes han perpetuado prácticas de corrupción que van en contravía con estos principios.
Si no recordemos a Karen Abudinen —ligada al clan de los Char que la nombraron Secretaria de Gestión Social y Secretaria de Educación de Barranquilla—, quien con una carrera marcada por escándalos de corrupción desde su paso por el ICBF, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y a pesar de no tener experiencia previa en el sector de las TIC, fue nombrada como ministra de las tecnologías de la información y la comunicación, durante el gobierno de Iván Duque.
Recordemos que, en diciembre de 2020, Karen Abudinen adjudicó un contrato a la firma Centros Poblados para llevar internet a 7277 colegios y escuelas rurales, pero en agosto de 2021 se descubrió que no se había instalado ni un solo punto de conexión y que muchas de las pólizas eran falsas. Luego se supo que a través de pagos a la empresa Nuovo Security, en Delaware (Estados Unidos), Abudinen sacó del país 58.000 millones de pesos; posteriormente, el 20 de octubre del 2021 la ladrona Karen Abudinen abandonó el país tras haber saqueado 70.000 millones de pesos del Ministerio de Tecnologías e Información. Hoy, esta bribona disfruta de una vida de privilegios entre Colombia y el extranjero, sigue sin siquiera rendir cuentas ante la justicia burguesa, mientras miles de niños y jóvenes se quedan sin acceso a internet, y sin una educación de calidad.
Esta contradicción entre el discurso y la práctica no es accidental, es una estrategia deliberada del uribismo para enriquecerse a costillas del pueblo. Mientras hablan de tecnología y conectividad, su verdadero objetivo es saquear el erario y mantener a las masas en la ignorancia. Es hora de desenmascarar su farsa y luchar por una verdadera educación pública que sirva a los intereses del pueblo, no a los de una burguesía corrupta y explotadora.
Así las cosas, queda claro que uno de los problemas fundamentales de la educación pública en Colombia no reside en si los docentes son o no evaluados punitivamente, sino en las prácticas de corrupción propias del Estado burgués, como lo ilustra el caso de la ex ministra Karen Abudinen y que vale traerlo a colación ahora que los uribistas vuelven a posar de defensores de las infancias y juventudes colombianas.
Como todos sabemos, en el siglo XXI es fundamental la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación para así poder preparar a los estudiantes a un mundo cada vez más digitalizado y computarizado. La conectividad a internet es una necesidad, dado que impacta directamente en la calidad de la educación al permitirle a los estudiantes explorar una vasta cantidad de recursos educativos en línea (bibliotecas digitales, plataformas de aprendizaje, videos educativos, herramientas interactivas, etc) que amplían el aprendizaje más allá de los tradicionales libros de texto y les permite desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico.
Además, la conectividad en las escuelas y los colegios públicos posibilita la implementación de métodos de enseñanza innovadores que pueden hacer que el aprendizaje sea más atractivo y efectivo; así como la formación continua de los docentes, permitiéndoles acceder a recursos de desarrollo profesional y mantenerse actualizados con las últimas tendencias educativas. La disponibilidad de servicios de internet en las escuelas públicas es crucial para reducir la brecha digital, pues garantiza que los estudiantes de áreas rurales o de bajos ingresos tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse que sus compañeros en áreas urbanas.
Casos como el de Karen Abudinen demuestra que la lucha por una educación pública de calidad, financiada plenamente por el Estado, prestada a través de las instituciones educativas oficiales y con personal nombrado en propiedad, pasa por la lucha contra la corrupción propia de este Estado burgués, que no merece más que ser destruido.
De allí que sea indispensable que el magisterio colombiano comprenda que la conquista de la educación como un derecho fundamental va ligado indisolublemente a la lucha contra el Estado burgués, pues a pesar de las buenas intenciones que puedan tener algunos individuos, el poder económico y político que detentan los capitalistas obliga a que, gobierne quien gobierne, las leyes estén orientadas a su favor, tal como ocurrió recientemente en los consensos en el senado para intentar aprobar esta Ley Estatutaria de Educación.
La conquista del derecho a la educación y de las condiciones necesarias de conectividad, que afectan principalmente a la clase obrera en la ruralidad, solo puede ser conquistado con la movilización y la lucha directa y organizada de todo el pueblo. Para ello, el movimiento magisterial debe convertir sus asambleas en auténticas Asambleas Populares, en donde toda la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes participen y tomen decisiones sobre las acciones de lucha directa para conquistar sus principales reivindicaciones.
Es necesario recuperar las Asambleas Populares con independencia, y para ello es fundamental que los docentes también participen de la Asamblea Nacional Popular independiente que sesionará el próximo 13 y 14 de julio, en la Universidad del Valle, sede Meléndez (Cali). Allí, aparte de encontrarnos para organizar y preparar la lucha general del pueblo colombiano, este encuentro con luchadores de todo el país (campesinos, jóvenes, obreros, mujeres, etc.) brindará lecciones que nos deben conducir en el camino por hacer de las asambleas populares verdaderos órganos de poder, tal como lo intentaron las Asambleas Populares durante el Levantamiento Popular del 2021.
Estas Asambleas Populares independientes son los organismos de poder popular, capaces de oponerse a poder de los ricos y a su congreso mafioso para obligarlos, con la lucha del pueblo, a garantizar el derecho a la educación financiada plenamente por Estado y con todas las condiciones y los recursos tecnológicos que exige el pueblo.
