El pasado 2 de marzo, campesinos del municipio de San Vicente del Caguán, localizado en el departamento de Caquetá, protagonizaron uno de los levantamientos populares más importantes de los últimos años. Para ubicar al lector, es necesario ilustrar con algunos datos sobre la región en la que se desarrollaron los hechos.
San Vicente del Caguán es una zona predominantemente rural, ubicada en la región amazónica a doce horas en viaje por tierra desde la capital colombiana, Bogotá, que se encuentra a 513 km o 531 km de distancia, según la carretera que se use para llegar o a hora y media en avión. Su área es de 21.923 km², apenas un poco más grande que El Salvador con 21.041km².
Para 2015 su población era de 67.994 habitantes, mientras que el país centroamericano contaba con 6.3 millones de habitantes, lo que da cuenta de la distribución de sus habitantes en esa zona rural. Los sanvicentunos viven en una zona de bosque tropical húmedo con una temperatura promedio de 25°C, lo que les permite vivir del cultivo de plátano, yuca, maíz, frijol, café, caña panelera y frutales como arazá, piña, y chontaduro principalmente, también viven del comercio del caucho en alguna medida. La ganadería bovina es la principal actividad económica. En cuanto a minería, se destaca la extracción del material de arrastre. Además, es una zona rica en petróleo que la hace codiciable para las compañías petroleras, como la Emerald Energy que se encuentra allí desde el 2014.
Emerald, es una empresa con sede central en Londres, dedicada a la exploración de petróleo y gas en Medio Oriente y América del Sur. En octubre de 2009, fue adquirida por el grupo chino Sinochem, dueño de más de 300 subsidiarias tanto al interior y exterior de China, con actividad en los sectores energético, químico y servicios financieros. Este monopolio imperialista, se adjudicó diez bloques de petróleo en Colombia, en los que tiene entre un 50% y 100% de propiedad: ocho de estos bloques están ubicados en el Departamento de Caquetá y los otros dos se sitúan en el Departamento de Putumayo.
Causas del conflicto
El conflicto inició en 2012 con la concesión por parte del Estado a la compañía imperialista de bloques petroleros para explotación en la vereda de Valparaíso. Frente a ello, la comunidad desde un primer momento se opuso con diversas formas de acción colectiva como marchas, protestas, huelgas, obstrucción de vías, acciones que han tenido como respuesta institucional la acción violenta de las fuerzas estatales durante todos estos años, con amenazas, asesinato de dirigentes sociales, desplazamiento forzado, de lo que por cierto no se habla en los medios burgueses de comunicación, que no se han cansado de señalar los últimos hechos con desinformación y silencio frente a la brutal respuesta del Estado.
La comunidad se ha opuesto a la incursión de la petrolera, no por capricho, sino basada en la debilidad de los estudios ambientales, el desconocimiento de las dinámicas comunitarias, la omisión de la existencia de comunidades indígenas en la zona y las fallas procedimentales, que incluso hicieron que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no permitiera en un comienzo la exploración sísmica de la empresa china Emerald Energy en el Bloque Nogal. Entonces, desde la época se han desarrollado audiencias en las que la comunidad expone el riesgo ambiental inevitable que traería la exploración petrolera y a pesar de las diferentes manifestaciones de oposición pacífica de los habitantes de la región el Estado le dio vía libre a la explotación de diferentes bloques petroleros.
Las manifestaciones de la comunidad
En 2012 cuando se suscribieron los convenios de cooperación entre el Ministerio de Minas y Ecopetrol con el gobierno de China, aumentando la inversión china en el sector petrolero con empresas como Emerald Energy; esa empresa inició estudios sísmicos en municipios caqueteños como Valparaíso, que como dijimos fueron inicialmente rechazados por la Anla, a raíz de esto se creó la Comisión por la vida del Agua, agrupando comunidades de los municipios de Morelia, Albania, San José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Curillo y Valparaíso, y a la Vicaría del Sur del Caquetá en contra del extractivismo. Sin embargo, en el mismo año e inexplicablemente, si se tienen en cuenta los débiles estudios realizados, el Estado permitió la exploración sísmica, perforación y explotación del bloque petrolero El Nogal, de 239.414 hectáreas, a Emerald Energy Colombia, filial de la empresa china Sinochem. En el 2015 las comunidades iniciaron acciones de movilización contra la exploración petrolera, estableciendo un campamento para impedir el paso de la maquinaria de la empresa, el cual fue desalojado de manera violenta por el ESMAD después de 66 días, dejando 13 personas heridas.
En el año 2016 se realizó un plantón de más de 200 personas en la vereda Lusitania impidiendo el paso de maquinaria, y nuevamente, la respuesta del Estado fue violenta, con disparos de la Fuerza Pública para disipar la manifestación dejando heridos a los dirigentes de ese plantón, igualmente se realizó una audiencia pública ambiental en la que la comunidad se opuso al proyecto de exploración petrolera.
En 2018 se desarrolló una huelga de hambre de dirigentes comunitarios por 5 días rechazando amenazas contra su vida relacionadas con su activismo ambiental, huelga que contó con el acompañamiento de comunidades de todo el departamento. Y vuelve entonces a desarrollarse otra audiencia pública, convocada por más de 600 habitantes, sobre la exploración petrolera y sobre los estudios ambientales presentados por parte de Emerald Energy.
Sin embargo no se logró impedir la exploración petrolera, y por el contrario se regularizaron las actividades extractivas, ocasionando graves impactos ambientales como la contaminación y afectación a fuentes hídricas, pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad), pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos); así como impactos sociales, culturales y económicos, como la división y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad, la militarización y aumento de la presencia policial, las amenazas, hostigamiento y la persecución a dirigentes ambientales.
Como ven compañeros, este no es un conflicto nuevo, solo que cuando el Estado burgués le da trato militar a las protestas del pueblo, no hay escándalo mediático; pero cuando es el pueblo el que responde ya de forma directa y organizada a la violencia estatal, ahí sí voltean la mirada, pero no para indagar acerca del terrible impacto que produce en todo nivel la extracción petrolera, sino para señalar, culpar, desprestigiar la protesta, más que justa, de las diferentes comunidades en esa región.
Los hechos recientes
Con el conflicto del 2 de marzo, el escándalo en la prensa oficial giró en torno a videos que circularon en redes sociales, donde un grupo de indígenas se tomaron las instalaciones de la petrolera. Una protesta que para esa fecha ya contaba con 40 días de acción, rechazando el daño ambiental y la destrucción de vías por causa del tránsito de carro tanques propiedad de la Emerald Energy. Una de las exigencias de los manifestantes es que la petrolera pavimente los casi 43 kilómetros de la vía que comunica la vereda con el casco urbano de San Vicente del Caguán. Hay que anotar que llevaban 40 días de manifestaciones pacíficas. Pero aquí ya sabemos que poco importan los recursos naturales, el agua, la vida misma de las comunidades, por lo que los campesinos se vieron abocados a tomar medidas más contundentes; retuvieron durante varios días 53 tracto camiones y solo hasta el miércoles 1 de marzo permitieron que salieran. Después, en la mañana del 2 de marzo, la comunidad decidió ingresar a las instalaciones de la petrolera, presentándose la consecuente represión estatal que desató el incendio y la muerte de un policía y dos campesinos, así como la retención de 79 policías del ESMAD, producto de los enfrentamientos con la fuerza pública.
Como vemos, es un conflicto de años atrás, donde el Estado burgués colombiano, básicamente burlándose de la preocupación, el estudio, los argumentos y la lucha del pueblo en esta zona, ha concedido la explotación petrolera sin escrúpulo alguno, acabando con decenas de especies, contaminando el agua, desplazando comunidades, en resumidas cuentas, permitiendo un desastre ambiental inmenso, que el pueblo con su lucha ha intentado detener.
Es de destacar la lucha heroica del pueblo sanvicentuno, que logró reducir por medio de la fuerza al ESMAD, la Guardia Campesina cuenta con una disciplina y organización que le permite defender las regiones en donde hace presencia y hacer este tipo de acciones violentas de masas. Ese es el lenguaje que entienden las clases reaccionarias, el caduco Estado burgués-terrateniente y el gobierno reformista de Petro-Márquez. Gracias a esa valerosa acción, fue que consiguieron sentar al gobierno, firmar seis compromisos y cuatro acuerdos logísticos. Finalmente la Coordinadora del Suroriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas), levantó la movilización y los pobladores retornaron a sus sitios de vivienda.
Qué sigue después de los acuerdos
Sobre las ya conocidas mesas técnicas, compromisos, acuerdos y promesas que gobiernos atrás también han implementado, es necesario alertar que ahora lo que debe es garantizarse el cumplimiento de estos acuerdos, porque en general el pueblo hace su parte, levanta la huelga, la toma, el plantón y le gira un cheque en blanco al gobierno de turno para que ejecute los acuerdos, lo que generalmente, deviene en incumplimientos que por demás requieren nuevamente una respuesta colectiva de masas para presionar su cumplimiento.
Se supone que este es el gobierno del cambio, aunque el método de las tales mesas para levantar los conflictos es el mismo o muy parecido al que históricamente han utilizado anteriores gobiernos. Se esperaría por lo menos que cumplan, pero, en caso de que no suceda, la respuesta de la población, de los campesinos y comunidades indígenas, debe ser la lucha directa, ojalá esta vez con el apoyo total de la comunidad no solo en la zona, sino, de aquellas organizaciones que luchan en defensa del medio ambiente, que luchan contra el cambio climático y los daños ambientales y así como con el apoyo del proletariado agrícola, de los obreros petroleros y sus organizaciones sindicales, haciendo de esto un conflicto nacional, porque lo que está en juego son los recursos naturales, la naturaleza misma y la vida de la población, no sólo en el Caquetá, sino, del pueblo colombiano en su conjunto, que en diferentes niveles asume el daño ambiental causado por la expoliación desmedida del campo.
Esto es un asunto que afecta a toda la sociedad, que lo siente con el cambio climático, con la deforestación e infertilidad del suelo que a su vez encarece los alimentos, con la contaminación ambiental, que deviene en todo tipo de enfermedades, con el desplazamiento forzado que aumenta la miseria del pueblo colombiano… en fin, son luchas en las que el pueblo en general y los revolucionarios en particular, deben interesarse para promover la organización y la lucha revolucionaria e independiente, así como generalizarlas como parte de la lucha por la conquista de un programa mínimo que garantice mejores condiciones materiales al pueblo para acabar con el sistema capitalista causante de los daños ambientales en el planeta Tierra, para acabar con el podrido Estado que le permite a los imperialistas hacerlo de manera legal y con la fuerza militar y paramilitar utilizada para aplastar a quienes se oponen a sus proyectos, e instaurar un gobierno de Obreros y Campesinos que no deprede ni la naturaleza ni la sociedad.
