La llamada ley anticorrupción que se tramita en el Congreso, dejó al descubierto la clara intención de un sector de la burguesía de acallar, abiertamente, todo tipo de denuncias que se hagan en contra de los corruptos. Uno de los artículos, impone multas onerosas, cancelación de personería y hasta cárcel, a las personas y organizaciones sociales que denuncien casos de corrupción con nombre propio, amparados, supuestamente, bajo el delito de “injuria y calumnia”. Esto demuestra que la llamada “libertad de opinión, de prensa…” tienen sello de clase, y bajo el capitalismo dichas “libertades” se encuentran atadas por las cadenas que le impone el capital; no existe la “libertad” en general, pues hoy en día se encuentra constreñida por los intereses que le pone la burguesía y los terratenientes. Hoy, la “libertad”, en los hechos, es para los dueños de los medios de producción que imponen su férrea dictadura de clase cuando las clases oprimidas intentan hacer uso de ella para opinar, para denunciar, para proponer salidas revolucionarias e incluso demócratas burguesas, a los efectos de la crisis económica, política y social generada por el capitalismo.
Los congresistas que votaron a favor de ese artículo, lograron plasmar abiertamente su verdadero interés de proteger a los “ladrones de cuello blanco”, a los ladrones burócratas que se apropian de los recursos que podrían ser invertidos en educación, salud o vivienda para el pueblo. Otros sectores, representantes de las clases dominantes que salieron a criticar el mencionado artículo, incluido Duque, no lo hacen porque realmente estén interesados en que se denuncie abiertamente la corrupción y el parasitismo estatal, lo que pasa es que en época electoral es impopular salir a defender una ley como esta que deja en cueros los verdaderos intereses de la burguesía parásita, del Estado burgués-terrateniente y de la fétida democracia burguesa que es dictadura contra el pueblo, y que puede encender nuevamente el estallido social, la lucha directa contra el régimen de la mafia y el Estado de los dueños del capital.
Con el mencionado artículo, la supuesta ley anticorrupción, resultó ser todo lo contrario, un nuevo formalismo que encarcela y multa a aquellos que denuncian la corrupción, mostrando la verdadera cara de la dictadura que ejercen las clases poseedoras sobre los desposeídos de capital. La verdadera libertad de opinión y prensa para los oprimidos y explotados llegará cuando, por medio de la violencia revolucionaria, salten por los aires las cadenas con que el capital amarra la prensa, la radio, la internet; cuando el Estado, las armas y los medios de comunicación estén bajo el poder obrero-campesino y sin las ataduras del capital, verdaderas trabas que impone el Estado de los monopolios para perpetuar la corrupción y su dictadura de clase sobre el pueblo trabajador.
