“Se acabó la búsqueda. Leonardo está muerto”. Tales fueron las palabras de Luz Marina Bernal al recibir la llamada de Medicina Legal; una verdad que se había resistido a aceptar durante los ocho meses de búsqueda de su hijo Fair Leonardo Porras Bernal, quien salió de su casa en Soacha a trabajar y ahora aparecía en una fosa común en Ocaña Norte de Santander a más de 600 kilómetros. Fue ultimado salvajemente con 13 tiros, supuestamente había caído en un enfrentamiento con el Ejército, y señalado además de ser cabecilla guerrillero. Leonardo, un joven de 26 años con dificultades de pensamiento, que no sabía leer, ni escribir, y no conocía el valor del dinero, como afirma Luz Marina, es tan solo uno de los asesinados a sangre fría por las Fuerzas Armadas, según el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz: “La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”.
Desde ese fatídico año 2008, en que gracias a la movilización y denuncia permanente de las madres sacó a la luz el asesinato de los 12 jóvenes de Soacha, se conoció la criminal actuación del Estado. Pero al destapar cómo centenares de jóvenes eran engañados con promesas de trabajo, luego masacrados, uniformados y presentados como bajas en combate, se incorporó al lenguaje cotidiano la palabreja “falso positivo”, una forma engañosa de ocultar los crímenes de Estado promovidos desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa durante el gobierno del jefe mafioso paramilitar Álvaro Uribe Vélez. Según la JEP:
“Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.
Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.
Cuando la JEP hizo públicas esas cifras, las madres y familiares de los asesinados denunciaron con valentía la monstruosidad y reclamaron justicia condenando esta modalidad de terrorismo de Estado, el jefe paramilitar y sus secuaces salieron a impugnar las cifras, hacer declaraciones alevosas como el general Zapateiro, tildando de víboras a las madres que exigen la verdad y la reparación, y a lavarse las manos ensangrentadas como Juan Manuel Santos… mientras los falsos amigos del pueblo aplaudieron la gestión de la JEP, sembrando la ilusión de que se conocerá toda la verdad, los responsables serán juzgados, los familiares de las víctimas serán reparados y no se repetirán tan macabros hechos.
De Uribe y sus secuaces era apenas natural por cuanto ellos saben que en Colombia siempre ha existido la pena de muerte y los asesinatos extrajudiciales hacen parte de nuestra trágica historia; sin embargo, tratan de ocultar que desde la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las altas jerarquías de las Fuerzas Militares, no solo se brindaron estímulos como los ofrecidos en la Directiva Ministerial No. 029 de noviembre de 2005 (de $3.500.000 a $5.000.000 por cabecillas de grupos al margen de la ley) y el Decreto No. 1400 de mayo de 2006 por el cual se creó la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional – BOINA (a discreción del presidente), sino que además se exigió a la tropa “¡LITROS DE SANGRE!”:
“Nos dijo mi Coronel Ramírez, cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes, en este momento la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida…”Según el testimonio del exteniente Edgar Iván Flórez Maestre, entregado a la Procuraduría General de la Nación en Medellín el 15 de diciembre de 2009.
Los que se dicen amigos del pueblo y de izquierda, adoptan una actitud de genuflexión frente a las clases dominantes y al Estado para esconder su complicidad con los hechos. Y no porque hayan aplaudido los crímenes de Estado, sino porque llevados de sus cálculos politiqueros y su creencia en el “menos malo”, han apoyado a criminales como Juan Manuel Santos, a sabiendas de su responsabilidad con los miles de asesinatos de jóvenes a manos del Ejército, respaldando la reelección de este genocida en la segunda vuelta en el 2014. Más aún, $100.000.000 (cien millones de pesos) fueron entregados por los jefes vende obreros de la CUT a la campaña para la reelección de ese siniestro personaje.
Por su parte, Santos ha tratado en vano de lavarse las manos desde que comenzaron a conocerse los miles de casos de jóvenes ejecutados por militares y presentados como muertos en combate: “A mí me dolió muchísimo descubrir eso [los crímenes de Estado] y por eso los acabamos de ipso facto. Eso fue un esfuerzo para cambiar la doctrina, comenzamos a exigir desmovilizaciones, luego capturas y en última instancia, muertos”, dijo en entrevista a Caracol por allá en el 2018. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas, pues siendo Santos Ministro de Defensa de Uribe entre 2006 y 2009 los asesinatos aumentaron de manera exponencial, según lo constató la JEP, siendo el año de mayor cantidad de víctimas el 2007 con 1634 ejecuciones, apreciación que corresponde con los análisis de las organizaciones defensoras de derechos humanos y el tribunal de paz. Un historial que no culminó durante su presidencia y su falsa paz, sino que se concentró en liquidar luchadores, dirigentes populares y defensores de derechos humanos cuya cifra de muertes alcanzó 609 en su mandato.
Pero esa política criminal del Estado no es exclusiva del uribismo como pregonan algunos sectores de las clases dominantes y el reformismo a coro, con la intención de salvar la podrida institucionalidad que representan y defienden. De hecho, según los datos de diferentes organizaciones como el CINEP y de la propia JEP, entre 1980 y 2001, es decir durante los gobiernos de Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, también se presentaron crímenes de Estado, siendo 552 los asesinatos presentados como bajas en combate, según se deduce de las conservadoras e incompletas cifras presentadas por la JEP en febrero de este año. En otras palabras, el terrorismo de Estado en la modalidad de los mal llamados falsos positivos, ha sido una política de Estado histórica en Colombia, solo que no con la misma intensidad que durante el régimen de Uribe.
El genocidio cometido por las fuerzas estatales, ha hecho despertar a muchos como es el caso de Luz Marina:
“El 8 de enero de 2008 la vida mía cambió y salí de la burbuja en la que vivía con mi esposo, cuatro hijos y una nieta. Ese día me obligaron a entrar a un mundo que ignoré por 48 años, yo vivía en un país que llevaba más de 50 años en una guerra absurda, donde violaban a las mujeres, a la niñas y a los adolescentes, donde había desaparición forzada, tortura, genocidios, desplazamientos y reclutamiento de menores. Ese mundo tocó a mi puerta y lo hizo con el ser más débil, mi hijo Fair Leonardo”.
Sin embargo, esta guerra contra el pueblo que se sigue midiendo en litros de sangre no culminará con los buenos oficios de las JEP, ni con un cambio de Presidente, ni conquistando la mayoría en el establo parlamentario como le ha hecho soñar el reformismo a Luz Marina; solo terminará cuando la victoriosa guerra popular destruya el viejo Estado y de vida al nuevo Estado de obreros y campesinos, único capaz de acabar con las causas más profundas de la guerra: la propiedad privada y la explotación de unos hombres por otros.
