Sobre el Decreto 1525
A menos de doce horas de la primera gran marcha desde que asumiera la presidencia, Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1525 de 2026, que reforma el protocolo de actuación ante la protesta. La coincidencia no es un descuido ni es algo fortuito. Se trata del Estado burgués reaccionando de acuerdo a los intereses de sus patrones.
El decreto modifica el Decreto 003 de 2021, expedido en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema para contener el abuso de la fuerza. Ahora la Fuerza Pública podrá intervenir sin agotar las fases de diálogo si hay violencia desde el inicio. También se prevé individualizar a manifestantes y mantener un «acompañamiento» policial constante —que en realidad se trata de perfilar de forma descarada—, y documentar los efectos de las movilizaciones «sobre el comercio y el empleo». El Gobierno lo llama un decreto garantista, pero el pueblo sabe lo que significan las garantías de la burguesía y los terratenientes cuando el Estado se declara garante.
Además, se introduce el principio de «equilibrio constitucional», ponderando el derecho a la manifestación derechos afectados (vida, salud, movilidad, trabajo). De ese modo queda prohibido usar este principio para limitar el contenido o el ejercicio del derecho a la protesta que, básicamente no se puede amparar en la constitución para ejercerlo, aun siendo constitucional. Pero no contento con esto, cambia lo que significan los actos de violencia y se modifica el literal f y se adicionan de los literales g, h, i y j al artículo 4, donde se destaca la obstrucción de vías, es decir no se puede hacer una marcha a no ser que sea en los andenes, completamente risible cuando el fin de la protesta es precisamente llamar la atención respecto a unas exigencias concretas. El decreto es sin duda una declaración de guerra contra el pueblo, donde otras adiciones y modificaciones llaman a los sectores del pueblo que no participan de la protesta a ser informantes, donde se le da voz al sector productivo -que debiera ser el más afectado en medio de una manifestación, paro, concentración…- para opinar y decidir frente a las protestas.
Lenin lo explicó en El Estado y la revolución: el Estado es un órgano de dominación de clase, no un mediador neutral entre intereses en conflicto. Ese carácter se revela con nitidez en los momentos de tensión y de reacomodamiento de las facciones de la burguesía. El decreto mide la protesta por su costo para el comercio y la producción, pero la movilización y el paro existen precisamente para golpear la ganancia. Una marcha, un plantón, un paro o una huelga que no interrumpe la producción ni la circulación es una procesión.
Se separa así por parte del gobierno la protesta «buena», silenciosa e inocua, de la «violenta», y la frontera de lo tolerable la fija el interés del capital. De ahí el vocabulario que el presidente opone a quien protesta tranquilamente con quien «hace terrorismo urbano» y proclama que «se acabó la guachafita». Quien llama terrorista al manifestante prepara el terreno para tratarlo como enemigo interno.
El protocolo de 2021 es un derecho conquistado, no concedido. Nació de la lucha en las calles y de los jóvenes muertos a manos de la fuerza pública. Ningún derecho de los explotados ha sido concedido por gracia. Todos fueron arrancados, y todos pueden ser recortados cuando cambia la correlación de fuerzas.
Los juristas liberales señalan además una ironía, la senadora Jennifer Pedraza y otros congresistas demandaron el decreto por considerar que debe tramitarse como ley estatutaria. Es una denuncia válida, pero sería ingenuo creer que la salvación está en un tribunal. La burguesía vulnera su propia legalidad cuando le estorba.
El decreto no llega solo, es un ataque de conjunto que llega con la advertencia presidencial de que el gobierno no aceptará presiones y revisará «contrato por contrato» los recursos entregados al Consejo Regional Indígena del Cauca. Llega con el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades, que la Defensoría pidió «matizar» en nombre de la autonomía, y con recortes en cultura que ya movilizaron a los artistas. Se señala a indígenas, maestros, estudiantes y artistas a la vez. Eso no es una simple e inocente medida de orden público sino una política de clase.
¿Qué hacer?
Desde el proletariado revolucionario, la respuesta no es suplicar al Estado que respete sus propias reglas. Mao enseñó que donde hay opresión hay resistencia, y que la fuerza de las masas es inagotable cuando se organiza. La tarea es aplicar la línea de masas, ir a los barrios, las fábricas, los resguardos, las aulas y las veredas. Hay que construir comités de base y asambleas, y formas propias de autoprotección y comunicación de las movilizaciones. Hay que unir en un solo frente a obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y mujeres, a quienes el gobierno intenta dividir entre «buenos» y «malos».
Y sobre todo hay que entender que el asunto de fondo no es cómo se regula la protesta, sino quién detenta el poder y para quién gobierna. Mientras el Estado siga al servicio de terratenientes, banqueros y empresas extractivas, cada derecho de la clase obrera estará bajo amenaza. Las movilizaciones en las calles que ocurrieron este 14 de octubre son un primer paso, no la meta, como lo son también las asambleas populares y el Paro General Indefinido, para que el pueblo se acerque a la meta que debe ser siempre la Revolución Socialista.
