El 14 de septiembre de 1977 Colombia se paralizó. Fábricas cerradas, buses detenidos, barrios y ciudades tomados por decenas de miles de trabajadores, estudiantes y las masas populares en general. Fue, hasta entonces, la mayor jornada de lucha revolucionaria del pueblo en el país tras el Bogotazo, la respuesta de las masas a la política económica del gobierno liberal de Alfonso López Michelsen, que descargaba sobre el pueblo trabajador una inflación galopante, el desmonte de subsidios al transporte y el alza de impuestos, mientras protegía a los grandes grupos monopólicos de la banca, los alimentos y la construcción —Ardila Lülle, Santo Domingo, Sarmiento Angulo, el Grupo GranColombiano—. La convocatoria unió a las centrales obreras de entonces, que confluyeron en un Consejo Nacional Sindical con un pliego común que exigía reajuste salarial del 50 %, congelación de precios y levantamiento del Estado de Sitio.
La respuesta del régimen fue profundizar la represión, los consejos de guerra contra civiles, allanamientos sin orden judicial al punto que las desapariciones se volvieron rutina, y en 1978 el gobierno de Turbay Ayala legalizó ese giro con el Estatuto de Seguridad, que entregó a la justicia militar el juzgamiento de la protesta social.
Este importante episodio de nuestra historia confirma una verdad que los comunistas no nos cansamos de repetir y es que frente a la movilización real de las masas, el Estado burgués abandona su careta democrática y muestra su verdadero contenido de clase.
El Paro del 77 confirmó una segunda verdad, la huelga política de masas es una forma concentrada de la lucha de clases, un momento en que el proletariado mide su fuerza frente al Estado. Pero también dejó una lección amarga, que las direcciones sindicales, incluidas corrientes que se reclamaban «comunistas» pero que actuaban con lógica reformista, encerraron el paro en un pliego de peticiones económicas y se negaron a plantear la caída del gobierno. La masa tenía la fuerza; le faltó dirección revolucionaria capaz de aplicar la línea de masas —recoger las demandas dispersas del pueblo, sistematizarlas y devolverlas organizadas en un programa propio de poder popular— en vez de dejarlas en manos de una burocracia negociadora.
Esa tarea sigue pendiente. El 24 de junio de 2026 fue proclamado oficialmente presidente electo el ultraderechista Abelardo De La Espriella, quien asumió el Ejecutivo el 7 de agosto tras “ganarle” en segunda vuelta a Iván Cepeda por menos de un punto porcentual. Su programa —mano dura policial, reducción del Estado, recorte del gasto social, blindaje de la propiedad de los monopolios, ruptura de los procesos de paz y armamentismo civil— expresa sin disfraz reformista los intereses de la burguesía y el capital imperialista.
Pero la “enorme fortaleza” que pretende mostrar el nuevo gobierno no existe, por un lado porque el fraude electoral fue evidente, incluso si tomaramos el resultado como medianamente verídico, se pondría en evidencia una enorme división, que además existe, y esa si muy clara, por arriba en las clases dominantes donde no todas ven con buenos ojos, ni la alianza con los narcotraficantes y la mafia, ni los métodos mafiosos del aboganster para gobernar.
Frente a un gobierno que administrará abiertamente para el gran capital, la clase obrera no puede confiar su suerte a la negociación de los politiqueros en el parlamento, ni a una oposición meramente institucional, ni a la «desobediencia civil pacífica»; la experiencia del 77 enseña que solo la movilización y lucha organizada e independiente podrá torcerle el brazo al poder de los ricos.
De ahí la vigencia de las asambleas populares, no como espacios de simple deliberación, sino como órganos embrionarios de poder popular, donde el pueblo trabajador discute, decide y controla directamente sus luchas, sin permiso de las burocracias sindicales y partidarias que históricamente han frenado la lucha de las masas. Asambleas de barrio, de fábrica, de vereda y de universidad, son hoy la forma de aplicar la línea de masas, que se concreta en sostener la alianza obrero-campesina, coordinar fondos de resistencia y defensa jurídica de los perseguidos, y proyectar un programa propio de los explotados y oprimidos.
El paro, como arma de clase, cumple ahí su función histórica, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para conquistar y defender derechos y medir la correlación de fuerzas entre las clases. Y es el proletariado industrial —el que trabaja en plantas, ensambladoras y centros logísticos— quien posee la capacidad de paralizar la producción y golpear al capital donde más le duele, la ganancia. Es la propia lógica de la gran industria la que concentra, disciplina y organiza a esta clase en el punto exacto de la producción, dotándola de un peso que ningún otro sector posee por sí solo. Sin su participación activa, ningún paro nacional pasa de ser una manifestación simbólica; fuerza que unida al campesinado y a los sectores populares urbanos, se convierte en fuerza material capaz de cambiar el rumbo del país.
Frente al gobierno entrante del aboganster, retomar el espíritu del paro del 77 significa construir asambleas populares en cada fábrica y cada barrio, tejer la alianza obrero-campesina y preparar, con disciplina organizativa y sin espontaneísmo, las fuerzas para las batallas de clase que se avecinan.
