A propósito del presupuesto para el 2027
Otra de las cosas en las que más mienten los politiqueros, además de prometer que acabarán con la corrupción, es en la supuesta austeridad del Estado. Este discurso es especialmente utilizado por los sectores de derecha, ultraderecha y «libertarios», quienes son enfáticos durante sus campañas en prometer recortes de instituciones estatales. ¿Se acuerdan cuando el entonces candidato argentino Javier Milei, con un tablero, anunciaba la eliminación de varios ministerios? ¿O cuando el ahora presidente Abelardo De la Espriella decía en campaña que eliminaría nueve de los 19 ministerios existentes y reduciría los costos del Estado en un 40 %, mediante la eliminación de embajadas y el recorte de personal?
Claro, los sectores progresistas también prometieron recortar los supersueldos de los congresistas y dijeron que algunas embajadas no eran necesarias. Esto, sin embargo, no impidió que Benedetti terminara como embajador ante la FAO. Los resultados demuestran que todas estas promesas no pasan de ser eso: promesas. En el actual sistema económico y social no es posible disminuir sustancialmente los costos del Estado burgués. Veremos por qué, más adelante.
Examinemos primero el presupuesto para 2027 que por estos días presentó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante el Congreso, después de que este rechazara el proyecto que había dejado el gobierno de Petro. Lo primero que salta a la vista es que el presupuesto de ADLE asciende a $634,9 billones, mientras que el de Petro era de $575 billones, cerca de $60 billones más. Todo lo contrario de lo que había prometido en campaña. El gobierno dice que pretende obtener estos recursos mediante un mayor endeudamiento y, supuestamente, sin recurrir a una reforma tributaria. Pero ¿ustedes le creerían a este fantoche?
Partiendo de que esta billonada se obtenga mediante endeudamiento con la banca nacional e internacional, cabe preguntarse ¿quién creen que terminará pagando esa deuda? De una u otra manera, con el nombre que le pongan, impondrán una mayor carga tributaria sobre los trabajadores y el pueblo en general, porque a los ricos no los harán pagar porque esa promesa del abogaster en campaña sí parece dispuesto a cumplirla y lo dijo además en su discurso de posesión, cuando anunció que eliminaría el impuesto al patrimonio.
Ninguna reforma tributaria es buena para los pobres, no lo eran las que presentó Petro. Por más que algunas obligaran a pagar más impuestos a los ricos, también trasladaba parte de la carga al pueblo, obligándolo a sacar más dinero de sus bolsillos. Eso, evidentemente, no es equitativo. Claro está que la reforma que pretenda adelantar ADLE, por supuesto, puede ser mucho peor.
Recordemos la reforma de Duque-Carrasquilla, que pretendía recaudar más dinero aumentando el IVA sobre productos básicos de la canasta familiar y que, gracias al Levantamiento Popular, fue derrotada, junto con la salida del patético ministro de Hacienda que ni siquiera sabía cuánto costaba una canasta de huevos.
Esta situación nos pone en alerta frente a una mayor carga de impuestos, algo insostenible para el pueblo colombiano, cuya situación se encuentra agravada por los recientes desastres naturales. No hay otra forma de enfrentar a este gobierno que organizándonos y luchando, por eso las Asambleas Populares y el paro nacional indefinido vuelven a ponerse al orden del día.
Pero continuemos examinando otros datos de esta propuesta de presupuesto para el año entrante. Se destinan $392,5 billones a gastos de funcionamiento, equivalentes al 62 % del total del presupuesto; $155 billones, el 24 %, al pago de la deuda pública; y $86,9 billones, apenas el 14 %, a inversión.
Es decir, más de la mitad del presupuesto se destina al sostenimiento del Estado, ese mismo Estado que, según ADLE, debía reducirse en un 40 %, mientras que apenas el 14 % se destina a inversión. Esto puede significar recortes en programas sociales como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor, entre otros. Y si ADLE cumple lo que prometió en su discurso de posesión respecto a que a los viejos se les respetará esta ayuda, cabe preguntar ¿entonces dónde estará el recorte? Ahora, ¿ustedes le creerían a este fantoche?
Además de que el mayor rubro corresponde al funcionamiento del Estado, aumenta el porcentaje destinado al servicio de la deuda con respecto al proyecto presentado por Petro. Esto significa continuar sometiendo las finanzas públicas a los intereses del capital financiero nacional e internacional, mientras se sacrifica la inversión social y se ponen en riesgo instituciones como el Sena y servicios fundamentales como la salud.
En cuanto al 62 % destinado al funcionamiento, como dijimos al principio, ningún presidente ni Congreso va a reducir sustancialmente este rubro. El Estado burgués resulta demasiado costoso para la sociedad, pues una parte importante de su estructura está compuesta por una burocracia que comienza por los propios congresistas, con sus sueldos exorbitantes. Y aunque Petro les quitó la prima el año pasado, la nómina del Congreso, sumada a los funcionarios de corbata que pululan por las distintas instituciones, sigue representando un enorme costo.
Pero cuando ADLE decía en campaña que 700 000 empleados no eran necesarios, no se refería a esa burocracia estatal. Se refería a los trabajadores, tanto de planta como contratistas, que son quienes realmente realizan las labores necesarias para el funcionamiento de las instituciones. Aunque algunos puedan recibir salarios superiores al mínimo, no existe punto de comparación con los altos cargos y los supersueldos que reciben quienes llegan a las instituciones por sus vínculos y favores con el gobierno de turno.
El Estado burgués necesita de buena parte de esa burocracia porque constituye uno de los mecanismos mediante los cuales garantiza su funcionamiento al servicio de las clases dominantes. Los ricos y explotadores, mediante el soborno, la corrupción y el reparto de privilegios, mantienen sus beneficios de clase; mientras tanto, una capa de funcionarios se beneficia de los recursos públicos. Al final, todos ganan, menos el pueblo, que además de producir las ganancias de los capitalistas, debe entregar una parte de su salario para sostener un Estado que lo reprime cuando exige que la riqueza social sea utilizada en su favor.
Volvemos a repetirlo, mientras exista el Estado burgués no habrá una disminución sustancial del costo de su funcionamiento. Su aparato burocrático, administrativo y represivo constituye una verdadera carga para la sociedad, una carga que, bajo este sistema, seguirá creciendo y llegará inevitablemente a un límite.
Ese momento será cuando la revolución destruya este podrido y parasitario Estado y construya un nuevo Estado de obreros y campesinos que, por su contenido y su forma, sea mucho más económico y no constituya una carga para el pueblo. Ya lo hemos mencionado muchas veces, el nuevo Estado deberá recoger las medidas de la Comuna de París, que demostraron que es posible construir una administración al servicio de los trabajadores y no de una minoría explotadora.
Por ahora, como dijimos arriba, no podemos permitir que todo el peso del presupuesto del año entrante recaiga sobre los hombros de los trabajadores. Hay que prepararse para enfrentar las reformas tributarias, las leyes de financiamiento y cualquier nuevo impuesto que este gobierno pretenda imponer. A las demás reivindicaciones por las que el pueblo debe luchar se suma, entonces, una exigencia clara ¡No más impuestos al pueblo trabajador!
Y esto solo será posible mediante la organización y la lucha directa del pueblo, fortaleciendo las Asambleas Populares, uniendo las reivindicaciones de los trabajadores y demás sectores populares y preparando las condiciones para un paro general indefinido.
