Argentina atraviesa una nueva etapa de levantamiento social. En las últimas semanas, docentes, trabajadores estatales, estudiantes universitarios, organizaciones sociales y centrales obreras retomaron las movilizaciones y los paros para reclamar salarios, presupuesto, empleo y defensa de los servicios públicos. Este conflicto no es aislado, el 3 de agosto, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para exigir recuperación salarial y mayor financiamiento educativo, mientras que los estudiantes universitarios volvieron a paralizar actividades reclamando el cumplimiento de la legislación de financiamiento y de mejores salarios. A esto se suma el creciente rechazo por la precarización laboral. Un reporte reciente de El País describe cómo trabajadores desplazados del empleo de calidad están siendo absorbidos por la informalidad. Incluso la Confederación General del Trabajo (CGT), y las Centrales de Trabajadoras y trabajadores de Argentina (CTA-A y CTA-T) y otros sectores sindicales se movilizaron hacia el Ministerio de Economía para exigir medidas frente al creciente endeudamiento de los hogares e incluso el mismo el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, cuestionó la actual política económica del Gobierno de Milei y reclamó que el Estado intervenga para asistir a las familias que no pueden afrontar sus deudas, de hecho se anuncian nuevas acciones en contra del endeudamiento y las medidas económicas de ese nefasto gobierno, un modelo económico que pone el costo sobre la espalda de los trabajadores.
El Gobierno de Javier Milei presenta sus reformas como una modernización necesaria para generar empleo y reducir la informalidad, pero la Ley de Modernización Laboral, sancionada en febrero y promulgada en marzo de 2026, realmente modificó de manera sustancial las reglas de las relaciones laborales y estableció, entre otras medidas, nuevos mecanismos para financiar los costos asociados a las desvinculaciones y cambios en materia de negociación y lucha sindical. La propia legislación amplió las obligaciones de servicios mínimos en actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental, incluyendo disposiciones aplicables a los paros nacionales, que coincidencia, justo lo que De La Espriella también está planteando por lo menos en el terreno de la educación al quererla presentar como un derecho esencial.
Lo cierto es que estas medidas atentan contra la negociación colectiva y reducen el poder de los trabajadores frente a la patronal y contra el derecho a la protesta. De hecho en el actual paro del gremio docente en Argentina, el gobierno exigió garantizar el 75 % de la actividad educativa, utilizando las nuevas disposiciones sobre servicios esenciales. Mientras tanto, el detrimento de los ingresos y la precarización laboral son caldo de cultivo para la protesta social, a lo que se suma el creciente porcentaje de pobreza e incluso indigencia en Argentina durante el primer semestre de 2026.
Y esto que ocurre en Argentina no es exclusivo de este país, solo con ver el sin número de anuncios y medidas en menos de un mes en Colombia y las crecientes protestas en Bolivia y Perú, hace ver que ninguna política económica puede considerarse exitosa si para alcanzar determinados indicadores fiscales exige que trabajadores pierdan capacidad adquisitiva y se precaricen sus medios de subsistencia, que los pensionados vean deterioradas sus condiciones de vida, que la educación pública sea debilitada o que el empleo se vuelva cada vez más precario. El derecho al trabajo digno, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la organización sindical y a la protesta no son privilegios, ¡son conquistas sociales, conseguidas con la lucha de los trabajadores y las masas populares!
Por eso frente a estas medidas antiobreras y antipopulares de la ultraderecha en Argentina, que pretende hacer ver los derechos sociales como obstáculos para el crecimiento, la respuesta debe ser la organización, la unidad y la lucha. Trabajadores, docentes, estudiantes, pensionados, organizaciones sociales y el movimiento de masas en general, deben encontrar puntos de unidad para defender los derechos conquistados y exigir mejores condiciones de vida.
Argentina demuestra, una vez más, que los derechos conquistados solo permanecen vivos cuando el pueblo está dispuesto a defenderlos, y por eso, además de la lucha en cada país tendremos que unirnos como trabajadores a nivel mundial en la Asociación Mundial del Proletariado, para hacer frente a la escalada de la derecha en medio de los preparativos de guerra imperialista.
