Por estos días, la noticia política que ocupa a los medios de comunicación y a los dirigentes de los distintos partidos son los chats y audios publicados por la revista Semana sobre las hermanas Guerrero, envueltas en una red de corrupción relacionada con el direccionamiento de contratos para favorecer a empresarios vinculados al Ministerio de Vivienda y al Ministerio del Interior, además del cobro de coimas para gestionar negocios con el gobierno.
Las dos jóvenes, que fueron activistas durante el levantamiento popular, terminaron reproduciendo las mismas viejas prácticas de los politiqueros de siempre, independientemente del gobierno de turno, del partido al que pertenezcan o de que se presenten como de derecha o de «izquierda».
Este y otros escándalos ocurridos durante el gobierno de Petro —como el de la UNGRD— confirman lo que los comunistas han sostenido durante años: la corrupción no es un accidente ni el resultado de la inmoralidad de algunos individuos, sino un fenómeno endémico del Estado burgués, que solo podrá desaparecer cuando ese Estado sea destruido desde sus cimientos.
Era necesario que el pueblo viviera la experiencia de un gobierno reformista cuyo discurso de oposición se presentaba como el gran abanderado de la lucha contra la corrupción. Los hechos han demostrado que quienes prometen erradicarla simplemente engañan al pueblo. Hace pocos días, el «aboganster» Abelardo De la Espriella afirmó que «la corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos». Por su parte, su contendiente Iván Cepeda prometió durante la campaña un «Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente efectivo». Ambas promesas parten de una falsa premisa y es que la corrupción puede eliminarse sin transformar la naturaleza del Estado.
En el caso de Abelardo De la Espriella, semejante promesa resulta particularmente cínica. En cuanto a Iván Cepeda y los sectores progresistas, es posible que exista una intención sincera de combatir este flagelo mediante nuevos organismos de control. Sin embargo, esa expectativa desconoce que ya existen la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y múltiples entidades de vigilancia, sin que ello haya impedido que la corrupción continúe creciendo. El problema no radica en la falta de organismos de control, sino en el carácter mismo del Estado.
El Estado es la máquina mediante la cual la clase que posee el poder económico —una minoría de capitalistas y terratenientes— garantiza su dominación sobre la inmensa mayoría que produce la riqueza social. Ese dominio no se sostiene únicamente mediante la fuerza, sino también mediante el soborno, el clientelismo y el intercambio permanente de favores entre empresarios, congresistas, ministros y altos funcionarios.
Las coimas, la llamada «mermelada», el tráfico de influencias y la contratación amañada no son desviaciones ocasionales, son mecanismos habituales para garantizar leyes favorables a los grandes grupos económicos, adjudicar contratos, apropiarse de tierras, obtener concesiones para la explotación de recursos naturales y asegurar rentables negocios con el Estado. En otras palabras, la corrupción forma parte del funcionamiento normal del Estado burgués.
Y si los grandes capitalistas sobornan y saquean el erario para aumentar sus ganancias, resulta lógico que alrededor de ese inmenso botín aparezcan toda clase de intermediarios y oportunistas buscando su parte del pastel: las hermanas Guerrero, Olmedo López y otros recién llegados, junto con viejos expertos en el saqueo del Estado como Benedetti, Abudinen, los Nule y tantos otros que han desfilado por los distintos gobiernos.
No existen leyes anticorrupción, sistemas nacionales anticorrupción, discursos grandilocuentes, juramentos solemnes ni funcionarios individualmente honestos capaces de impedir que las clases dominantes continúen corrompiendo el aparato estatal. Mientras subsista el Estado burgués, la corrupción seguirá siendo un instrumento indispensable para garantizar la dominación de quienes concentran la riqueza.
Esto no significa que algunos corruptos no terminen en la cárcel. Muy probablemente las hermanas Guerrero pagarán por sus actos. Pero difícilmente serán castigados quienes financian los sobornos, es decir los grandes empresarios beneficiados con los contratos, los poderosos grupos económicos y los políticos profesionales que durante décadas han perfeccionado los mecanismos del saqueo. Mucho menos desaparecerá la corrupción.
Solo un Estado de nuevo tipo podrá eliminar las condiciones que la hacen posible. En un Estado dirigido por los trabajadores, donde desaparezca la propiedad privada de los grandes medios de producción y el objetivo de la economía deje de ser el lucro privado, la riqueza social será producida y administrada en beneficio de toda la sociedad.
Además, la propia organización de ese nuevo poder dificultaría enormemente la corrupción, porque su método es el de representantes elegibles y revocables en cualquier momento, sometidos permanentemente al control de las asambleas de obreros y campesinos; funcionarios que perciban un salario equivalente al de un trabajador calificado; y una fiscalización directa y permanente ejercida por las masas organizadas.
Por eso, en lugar de dejarse engañar cada cuatro años por nuevas promesas de «cero corrupción», los trabajadores necesitan organizarse para destruir el Estado burgués, ese aparato podrido e incapaz de resolver las necesidades del pueblo, y construir sobre sus ruinas un nuevo Estado dirigido por la clase obrera.
Esta tarea adquiere hoy una urgencia aún mayor. Mientras el capitalismo imperialista profundiza su crisis, aumentan la superexplotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los recursos naturales, las guerras de rapiña y la ofensiva contra los pueblos del mundo. Cada día se hace más evidente que la humanidad necesita arrebatar el poder a los capitalistas y abrir el camino hacia una nueva sociedad libre de explotación y opresión.
