La superexplotación docente y la falsa excusa de la «baja matrícula» en Cali (Primera parte)

A nuestro correo revolucionario llegó el siguiente artículo que expone la problemática del magisterio en Cali, con excusas que se derrumban fácilmente y que esconden el interés de las administraciones de favorecer la privatización de la educación. Seguramente esta problemática no es vive únicamente en Cali, por ello invitamos a los docentes de diferentes regiones, ciudades, municipios, a que intervengan en este debate, hagan sus denuncias y se sumen al llamado que realiza el compañero docente autor de este artículo.

La superexplotación docente y la falsa excusa de la «baja matrícula» en Cali (Primera parte)

A finales de diciembre del 2025, cuando la mayoría de familias trabajadoras intentaban cerrar el año entre deudas, cansancio e incertidumbre por lo que sería el 2026, mientras se volvían a decepcionar con la propuesta de aumento de salario mínimo hecha por las camarillas de las Centrales Sindicales y se ilusionaban con el aumento decretado por Gustavo Petro, una resolución administrativa de la Secretaría de Educación Distrital de Cali (SED Cali) cayó como un golpe silencioso sobre las escuelas y los colegios públicos de la ciudad.

Detrás de una frase técnica: «se distribuye, para el período académico 2026, la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos, a cada uno de los establecimientos educativos oficiales», se escondía una realidad concreta: docentes y coordinadores suprimidos, cargos que desaparecen, instituciones debilitadas y una nueva carga de angustia sobre el magisterio de Cali.

Los primeros en enterarse fueron los rectores y luego los docentes. En los primeros días del 2026, un rumor se extendió de los grupos de WhatsApp a las salas de profesores, el primer día de la semana institucional. Los rectores no tenían respuestas claras, pero sí situaciones críticas: coordinadoras que ya no aparecían en la planta, decenas de docentes menos, cierres de sedes y de instituciones educativas… Menos manos para más tareas, menos apoyo para más estudiantes, menos derechos para más exigencias.

La Resolución No. 4143.010.21.0.07395 del 29 de diciembre de 2025, «por la cual se distribuye, para el período académico 2026, la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos, a cada uno de los establecimientos educativos oficiales de la secretaría de educación del distrito especial de Santiago de Cali, financiada con recursos del sistema general de participaciones», presentada por la SED y presuntamente sustentada en los cálculos de matrícula del año anterior, pone en escena una vieja tragedia: aulas que existen, comunidades que resisten, pero plazas docentes que desaparecen; no porque no se necesiten, sino porque las cuentas —hechas desde los escritorios de la SED— así lo determinan.

Mientras las instituciones oficiales sufren diariamente la «baja matrícula», cínicamente la SED reconoce que Cali mantiene más de 50 000 estudiantes en cobertura contratada[1], convirtiéndose en la ciudad con mayor volumen de este modelo privatizador en el país. En las hipócritas palabras oficiales, se trata de un modelo que «se busca reducir gradualmente para fortalecer la educación pública», aunque en las proyecciones para 2026 y los acuerdos con el sector privado muestran otra cosa.

El 11 de noviembre de 2025, la propia SED convocó a los representantes de los 105 colegios privados de cobertura, para socializarles el Estudio de Insuficiencias y Limitaciones para 2026; en esa reunión, la secretaria de Educación afirmó: «Gracias a estos encuentros y a esta Secretaría de Educación de puertas abiertas, seguimos trabajando para recuperar Cali». ¿recuperarla para quiénes? Para los representantes legales de colegios de cobertura por supuesto, quienes salieron «tranquilos y felices», manifestando su confianza para continuar el proceso de contratación en 2026, celebrando la estabilidad del negocio educativo financiado con recursos públicos. «Estos espacios nos dan tranquilidad y confianza para continuar el proceso de contratación del año 2026», declaró una de sus voceras en la reunión.

Pero mientras esa tranquilidad se garantiza para los privados, en las escuelas oficiales ocurre lo contrario. El ajuste de planta —basado en una matrícula previamente deteriorada— se convierte en el instrumento que legaliza el desmonte silencioso del derecho a la educación pública con condiciones dignas. Menos estudiantes reportados significan menos grupos; menos grupos, menos docentes; menos docentes, escuelas debilitadas que luego «justifican» nuevas contrataciones privadas.

La Secretaría de Educación justifica este ataque disfrazado de «distribución de la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos» apelando a una idea que se repite en los discursos oficiales y en la prensa burguesa: la baja natalidad, la disminución de la matrícula, el decrecimiento poblacional, la deserción escolar... Pero basta rascar un poco la superficie para que esa narrativa se derrumbe.

Las razones no son demográficas, ni pedagógicas, son políticas. No se trata de un error técnico, sino de privatización. La reducción de matrícula oficial no es algo que llegó de manera imprevista; existe porque desde 2010 se ha enviado a decenas de miles de estudiantes a colegios privados —muchos de ellos de garaje— financiados con el dinero de la educación pública, especialmente en territorios históricamente golpeados por la pobreza, la migración y la deserción forzada.

La resolución de la SED va en sentido contrario de los compromisos con el magisterio

En noviembre de 2025, tras la toma del Ministerio de Educación en Bogotá por parte de las organizaciones sindicales de Cali, se estableció el compromiso de reducir progresivamente la cobertura contratada y recuperar esos cupos para el sistema educativo oficial, lo que implicaba fortalecer —no debilitar— la planta docente pública.

Luego de la toma al Ministerio de Educación y las movilizaciones en Cali, la Secretaría anunció que al menos 5 000 estudiantes de cobertura pasarían a instituciones oficiales en 2026. Sin embargo, apenas semanas después, la resolución de ajuste de planta emitida en los últimos días del 2025 va en la dirección opuesta. En lugar de proyectar el ingreso de estudiantes provenientes de la cobertura al sistema oficial, se calcula la planta docente con base en cifras de una matrícula del año anterior y se realizan movimientos de docentes y coordinadores debilitando a la gran mayoría e ignorando deliberadamente los compromisos políticos asumidos y la realidad social de la ciudad.

Al comparar los cambios en la planta docente hechos por la SED para el año lectivo 2026, a primera vista dan la apariencia de que se aumentan 63 docentes y 3 coordinadores. Sin embargo, esto no es suficiente, puesto que con los movimientos y traslados que genera moviendo coordinadores y docentes en un colegio a otro, terminan afectando a muchas instituciones debido a los criterios de relaciones técnicas adoptados por la SED.

En ese mismo sentido al comparar la información sobre la matricula reportada en 2025 y proyectada para 2026 se puede evidenciar que las cifras de la matricula en los colegios de cobertura apenas se ve reducida en 1 203 cupos, mientras que la matricula en los colegios públicos se ve reducida en 3 756 cupos. ¿dónde están los 5 000 estudiantes de cobertura que pasarían a los colegios públicos en 2026?

Y peor aún, para crear malestar entre algunos estudiantes y sus familias, la SED levantó la falsa bandera del cumplimiento a los compromisos, e intenta transferir la totalidad de los cupos de un colegio de cobertura a una institución oficial, sin realizar una expansión clara de la planta docente, sin inversión real en infraestructura; acompañado de una resolución que elimina cargos en lugar de crearlos.  ¿Cómo recibir más estudiantes en escuelas públicas debilitadas?

El Estado a través de la alcaldía entrega a los colegios de cobertura contratada, cientos de millones de pesos anuales, sin hacer el mismo nivel de control que hace en las instituciones públicas sobre la labor pedagógica, sin las mismas exigencias de infraestructura, y con docentes precarizados que trabajan por salarios miserables. Esta resolución solo deja instituciones públicas debilitadas, docentes trasladados, «liberados» o sobrecargados y comunidades educativas enfrentadas entre sí por cupos, espacios y recursos.

De todo lo anterior es necesario sacar a la luz un problema que atraviesa todo el discurso institucional: la supuesta necesidad de hacer cumplir con lo establecido en el Decreto 3020 de 2002 de relaciones técnicas debido a la «falta estudiantes y exceso de docentes», cuando en realidad lo que sobra es contratación privada y lo que falta es interés político para fortalecer lo público.

La resolución del 29 de diciembre del 2025 se apoya en un criterio normativo que el magisterio conoce bien y padece a diario: las relaciones técnicas, que imponen un número mínimo de estudiantes por docente para que un grupo «sea viable». En la práctica, los docentes deben ejercer su labor en aulas con 32, 35, 40 o más estudiantes, especialmente en zonas urbanas. Grupos hacinados donde el docente debe enseñar, evaluar, contener conflictos, atender problemáticas emocionales, responder a exigencias administrativas y cumplir indicadores de «calidad», todo al mismo tiempo. Así se evidencia otra gran mentira en el discurso del Estado burgués, habla de calidad educativa mientras legisla para garantizar la masificación y el hacinamiento.

Se exige excelencia pedagógica en condiciones que la hacen imposible. No se trata solo de la salud de los maestros —aunque las cifras de estrés, enfermedades laborales y agotamiento son alarmantes—; se trata también del derecho de los hijos del proletariado, de las niñas, niños y jóvenes a ser vistos, escuchados y acompañados en su proceso educativo.

El ajuste de planta, la defensa de la cobertura contratada, la permanente sobrecarga laboral del magisterio y la dilatada discusión sobre reducir el número de estudiantes por aula forman parte de una misma lógica: abaratar costos, transferir recursos públicos al sector privado y disciplinar a los trabajadores de la educación. Mientras tanto, se culpa al docente, se le exige sacrificio, se le pide comprensión y se le amenaza con la «liberación» si protesta demasiado.

Pero la historia del magisterio colombiano demuestra una verdad elemental y es que cada derecho conquistado ha sido fruto de la organización y la lucha desde las bases.

Este artículo desea abrir una discusión urgentey que debe tomarse cada sala de profesores, cada asamblea sindical, cada reunión con padres y madres de familia: La educación pública de Cali no está en crisis por falta de niños, está en crisis por decisiones políticas que favorecen la privatización y profundizan la superexplotación docente. Y frente a eso, el silencio y la resignación solo beneficia a quienes se lucran con la educación del pueblo.

Es momento de exigir el cumplimiento de lo acordado, de rechazar los recortes disfrazados de ajustes técnicos. Es momento de que el magisterio desde la base, empiece a levantar una agenda propia de lucha, sin delegar su destino en mesas que no resuelven nada.

Cada que se recorta un docente, se recorta el futuro de una comunidad, un docente que se elimina hoy es un proyecto pedagógico que se rompe, una comunidad que se fragmenta, una escuela que se vuelve más frágil frente al avance de la privatización. Y como la educación pública no se defiende desde los escritorios, sino desde las calles con la organización consciente y la movilización colectiva, es deber del magisterio consciente responder desde las escuelas, desde los sindicatos y con la lucha organizada.

¡A las calles! ¡Gobierne quien Gobierne, la educación del pueblo con lucha directa se defiende!

Continuará…

Un profe lector de RO

[1] Datos tomados a corte junio 2025 según el Estudio es insuficiencia y limitaciones 2026 de la SED Cali