Ya empezó la farsa de la mesa de concertación salarial para establecer el salario mínimo del 2019. Ya están sentados a la mesa los representantes de los patronos, los jefes de las centrales sindicales y los representantes del gobierno Duque en cabeza de la ministra de trabajo.
Cabe recordar que la «Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales» fue creada por medio de la Ley 278 de 1996, en cumplimiento del Artículo 56 de la Constitución Política del 91 que estableció la creación de una «comisión permanente integrada por el gobierno, patronos y trabajadores».
Igualmente, según la Ley 278, para determinar el salario mínimo se tienen en cuenta «como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)». Y según el Artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo, se deben tener en cuenta las diferentes modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas (sí, de los empresarios y no de los obreros) y las condiciones de cada región o actividad económica.
Como se ve la ley de los ricos en el papel establece que el incremento salarial debe estar en la misma proporción en que se incrementa el costo de vida; sin embargo nunca se ha cumplido esta condición, pues al final siempre el IPC ha estado por encima del incremento nominal del salario mínimo. Es decir, la ley de los ricos es solo una formalidad que de nada le sirve a los intereses de la clase obrera porque no se corresponde con la realidad que a diario viven millones de asalariados del campo y la ciudad. Esto quiere decir, que año tras año se incrementa formalmente el salario en un bajísimo porcentaje, lo que da como resultado una rebaja real del salario mínimo al contrastarlo con el IPC y la canasta familiar.
Pero incluso si se cumpliera la ley, el asunto no cambia. Si de antemano la ley de los ricos establece unos parámetros para que el salario mínimo no supere las cifras amañadas de los entes estatales, parámetros y cifras que no tienen nada que ver con el salario, resulta que la tal negociación en la «Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales» no solo es una farsa sino una vil burla para los trabajadores, por cuanto de antemano se sabe que jamás por esa vía se va a conseguir un alza real del salario. Por consiguiente, el alza real y general de los salarios depende exclusivamente de la lucha de los trabajadores y por eso se debe rechazar la farsa que cada año realizan los explotadores acolitados por los jefes vendeobreros de las Centrales Sindicales.
Ahora, en la farsa de negociación del salario mínimo para el 2019 se han presentado las siguientes propuestas: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone un 12%, la Confederación General de Trabajadores (CGT) un 10%, la ANIF que agrupa a los banqueros un 4%, Fedesarrollo el 4,5% y el gobierno de Duque el 3,8% tentativamente.
Este último le da garantías a los grandes empresarios por medio de la ley de financiamiento o reforma tributaria con la cual les rebaja los impuestos, y hace de la propuesta del paramilitar Álvaro Uribe Vélez de entregarle una prima extralegal a los trabajadores algo inviable debido, según la ministra de trabajo Alicia Arango, a la baja productividad de las empresas y a la tal «crisis fiscal»; por lo cual dice que no se permite un alza de este tipo para los empresarios del país, por lo que la tal propuesta al final termina siendo una burda engañifa.
Por su parte, los partidos políticos de la socialdemocracia históricamente han cumplido su papel de salvarle la vida al capital. Así lo hicieron al participar en la Constitución del 91, pues al aprobar el ya mencionado artículo 56, «decretaron» que el salario mínimo de la clase obrera está amarrado legalmente a todo tipo de «indicadores», menos a las necesidades reales de la clase obrera y sus familias. Así mismo, dichos jefes políticos de la burguesía liberal y de la pequeña burguesía «humanista» le hicieron un gran favor a la burguesía, los terratenientes e imperialistas al «decretar» que el salario mínimo al igual que los asuntos laborales, se deben «resolver» mediante la concertación y conciliación entre clases que son antagónicas y teniendo como «mediador» a los representantes del gobierno como garantes que envía el Estado para amortiguar los choques entre clases posando de «neutral», cuando en realidad siempre toma partido a favor de los grandes poseedores del capital y nunca de los productores de la riqueza social, es decir, de los obreros.
Los jefes de los gremios económicos, cumpliendo el papelón en la farsa, posan de ser muy «responsables» con la situación económica del país para proponer cifras bajísimas en la tal Comisión de Concertación. Todas las facciones de la burguesía se unen en coro a la hora de establecer porcentajes mínimos de «incremento» salarial, pues sus verdaderos intereses consisten en acumular mayores ganancias, produciendo más, a menor costo y en menos tiempo. Es decir, la burguesía sí es muy responsable, pero con los accionistas de las juntas de los grandes capitalistas para que no dejen de acumular sus ya exorbitantes ganancias.
En ese circo de la tal negociación, los jefes de las centrales sindicales actúan como muleta de apoyo del gobierno Duque y alivian la crisis capitalista. Por un lado desmovilizaron la idea del paro nacional que estaba teniendo acogida entre un amplio sector del pueblo trabajador que se encuentra inconforme con la situación actual y quería cerrar el año con una gran lucha obrera y estudiantil. Por el otro, participan con propuestas miserables en la Comisión Salarial que no va a aprobar el alza que se necesita para cubrir por lo menos la Canasta Familiar que según el mentiroso DANE se encuentra en alrededor de $1.500.000=, dejando en evidencia que no representan a la clase obrera y en cambio sí a los patronos, pues en la práctica y dejando a un lado sus demagógicas declaraciones, ayudan a los grandes monopolios con sus propuestas y legitiman el papel parcializado del Estado de los ricos al participar en dicha mesa salarial antiobrera. Su «protesta» llega por mucho a levantarse de la mesa y a dejar una constancia, para que el salario mínimo sea establecido por decreto el 30 de diciembre por parte del gobierno Duque.
En la realidad, los salarios se establecen como producto de la fuerza entre las dos clases antagónicas en la sociedad capitalista: la burguesía y el proletariado. El salario se fija según el grado de unidad, organización y de lucha que tengan una u otra clase. En estos momentos en Colombia la clase obrera carece de unas centrales sindicales que representen sus intereses, pues las actuales son dirigidas bajo la política de conciliación y concertación de clases, velando la lucha antagónica existente entre el proletariado y la burguesía. Los jefes de las centrales solo tienen interés en usar las organizaciones obreras como trampolín que los catapulte a ocupar cargos de dirección dentro del Estado de los ricos, como el ministerio del trabajo, las alcaldías o gobernaciones, la dirección de los entes del Estado, o una consejería o embajada; puestos que les son otorgados por sus buenos servicios a los capitalistas.
No es que los comunistas revolucionarios sean incendiarios o guerreristas. La realidad objetiva así lo determina y conforme a ello se debe actuar, pues está más que demostrado que la contradicción entre los que se apropian del trabajo ajeno y los productores de la riqueza social es antagónica y requiere de métodos y formas de lucha antagónicas para resolverla.
Ninguna de las conquistas de la clase obrera ha sido un regalo de los explotadores. Éstas se han ganado y sostenido con la lucha abierta y decidida de las masas populares, incluidas las alzas salariales, como parte de la lucha de resistencia que la clase obrera libra en contra de las pretensiones de los capitalistas por acumular ganancias a costa de desmejorar aún más las condiciones de vida de los obreros y sus familias.
El camino entonces no es el de las mesas de concertación para parlotear con el enemigo, ni el acostumbrado lobby politiquero buscando favores legislativos, ni postrar las esperanzas de los trabajadores en que los jefes de las centrales sindicales van a luchar por un incremento real y significativo del salario mínimo.
El camino revolucionario es el de la preparación del Paro Nacional Indefinido. Y para ello el movimiento sindical debe actuar con independencia de clase, buscando siempre la unidad de todos los obreros y comprometiéndose efectivamente con los preparativos del Paro como forma de lucha que haga retroceder a los capitalistas y los fuerce a aprobar y ejecutar un alza general de salarios. Ese fue el camino que siguió el pueblo colombiano en el Paro del 77, gran hito de lucha en el cual se conquistó un alza generalizada de los salarios de alrededor del 50%; ese es el camino del pueblo francés que ya obligó a Macron a subir el salario mínimo por medio de bloqueos, asonadas, enfrentamientos directos con la policía y grandes manifestaciones, con una gran Huelga Política de Masas.
Un alza general de salarios debe servir no solo para aliviar en algo la terrible situación económica de las masas populares. Sobre todo, debe ayudar a mejorar las condiciones materiales de la clase obrera, que le faciliten la lucha para enfrentar y destruir al capitalismo y su Estado podrido, para construir sobre sus ruinas otra sociedad en la cual el conjunto de la población tenga los medios suficientes para vivir con todas las necesidades satisfechas; una sociedad donde se produzca no para saciar la sed de ganancias de un puñado de parásitos, sino para resolver las necesidades sociales y en beneficio de la gran mayoría de la población.
