La guerra reaccionaria y el falso “Acuerdo de paz”
En noviembre se cumplieron seis años de la firma del “Acuerdo de paz” entre los representantes del Estado de los ricos en Colombia y los jefes de las FARC. Seis años que demuestran que, al contrario de lo que prometían, la guerra contra el pueblo sigue intacta y atroz. Viejos y nuevos grupos, oficiales y extraoficiales (ejército, policía, guerrillas, paramilitares, disidencias, clanes…), despiadadamente se disputan el control territorial de las zonas del país donde la tierra les brinda las mayores ganancias en los jugosos negocios del narcotráfico, la minería, los monocultivos, la ganadería extensiva…
Los días van pasando y las víctimas las sigue poniendo el pueblo, y lo peor es que de uno en uno, en un mutismo generado por las cifras que se vuelven paisaje, la guerra se cierne contra la infancia y la juventud.
La guerra reaccionaria contra la juventud y la infancia
Una de las primeras vidas arrebatadas por la guerra reaccionaria en el 2023 fue la de un joven de 16 años, José Taicus Pascal, perteneciente al pueblo awá del municipio de Tumaco; José era un luchador y guardia indígena. Sumado a los demás líderes asesinados solo en el departamento de Nariño durante 2022, José Taicus Pascal se convirtió en la víctima 190; una cifra que le da una bofetada al “Acuerdo de paz” y demuestra que no era más que alaraca y promesas de falsa paz venidas de un Estado al que nada le importa que el pueblo se desangre.
Lastimosamente, a lo largo de toda la historia de la guerra reaccionaria, las víctimas las ha puesto en gran número los hijos de las comunidades ancestrales, no solo en medio del fuego cruzado y el asesinato a dirigentes del pueblo, sino en las múltiples formas que adopta la guerra para lastimar a los niños y los jóvenes.
De acuerdo con las cifras oficiales, entre el 2016 que se firma el “Acuerdo de paz” con las FARC y finales del 2022, al menos 8246 menores de edad fueron reclutados por algún grupo armado para cumplir diferentes tareas para la guerra; de esa cifra, 87 casos corresponden a registros de los primeros ocho meses del 2022. Los niños, niñas y adolescentes que se ven más afectados son lo de Cauca, Caquetá, Antioquia, Nariño y Chocó.
Las poco confiables cifras del Gobierno señalan que los departamentos más afectados por reclutamiento a niños son Antioquia, con 1428 casos; Cauca (604), Meta (541), Caquetá (533), Nariño (486) y Chocó (429). Los municipios más afectados fueron Medellín, con 187 casos; Tumaco, con 156; San Vicente del Caguán (Caquetá), con 149, y Necoclí (Antioquia), con 104. De estas tristes estadísticas, los menores de comunidades étnicas vuelven a ser los más afectados: el 9,2 % de los reclutados eran niños y jóvenes indígenas y el 6,6 % eran afrodescendientes.
Aunque las cifras antes mencionadas corresponden a un período de seis años e incluye casos cometidos por los diferentes ejércitos que actúan en esta guerra contra el pueblo, la experiencia histórica nos dice que los datos pueden ser más altos. Así se puede suponer, si se consideran las cifras establecidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) que, en agosto de 2021 encontró que en el período comprendido entre 1996 y 2016, el total estimado era entre 19.253 y 23.811 niñas y niños reclutadas por las FARC. Aun así, estas cifras están lejos de ser las reales, pues en muchos casos las familias o la comunidad no pueden denunciar debido a que son amenazados.
Las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, entre otros grupos y estructuras paramilitares al servicio de las mafias, incorporan a los menores bajo diferentes modalidades para que les sirvan ya sea como informantes, vendedores y distribuidores en redes de microtráfico, distribuidores de propaganda, en trabajos específicos en los campamentos, donde son entrenados con armamento, manejo de explosivos e, incluso, son víctimas de explotación sexual.
En el libro titulado Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia (Centro de Memoria Histórica) hay algunos relatos de niños y jóvenes enlistados por estos ejércitos reaccionarios: “A los 8 años fue que entré (…) me vinieron a coger a la casa y me llevaron”, el terror ante el reclutamiento queda descrito en pocas palabras: “Yo no quería irme, ¡qué tal! (…) pero, ¿quién le dice que “No” a esos manes?”.
Todos estos datos, el negocio de los psicotrópicos que ha recrudecido la guerra contra el pueblo, desmienten la falsa paz tan prometida tantas veces. Desde 2017, un año después de la firma del “Acuerdo de paz”, los grupos armados no han parado de enlistar a niños, niñas y adolescentes a sus filas. Desde entonces el ELN, el EPL y las disidencias del Frente Sexto de las FARC, con sus columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, han irrumpido frecuentemente en zonas de resguardo en el Cauca, y a la Guardia Indígena le ha sido difícil mantener por fuera de sus zonas de resguardo a los aproximadamente 18 grupos armados que se disputan el territorio.
El ejército colombiano y la victimización de la juventud y la infancia
Los miembros más descompuestos del ejército colombiano también destruyen la vida de las infancias en los campos, con indignación todos recordamos la respuesta del Exministro de defensa Diego Molanos cuando, luego del bombardeo a un campamento en una operación contra alias Gentil Duarte (marzo del 2021), en el que fueron asesinados cuatro menores de edad, se refirió a los menores señalándolos de ser “Máquinas de guerra”. Tampoco se pueden olvidar los diferentes casos en los que grupos de soldados han secuestrado y abusado sexualmente de niñas de las comunidades indígenas y campesinas, como ocurrió en 2020 con una niña de 13 años, de la comunidad embera en Santa Cecilia (Risaralda). Casos que día a día se repiten como el que se supo recientemente, ocurrido en septiembre del 2019 contra una menor indígena de la etnia nukak –una de las últimas comunidades indígenas nómadas– que fue abusada por varios soldados pertenecientes a la compañía ASPC4 del ejército, en el departamento del Guaviare.
La violencia contra las niñas y las jóvenes indígenas se revela con cifras espeluznantes: entre 2020 y 2022, las instituciones del Estado han reconocido 69 hechos de abuso contra niñas de las comunidades jiw y nukak, comunidades indígenas que se encuentran en peligro de extinción. Además, de acuerdo con datos del ICBF se tienen cuentas de 587 casos de abuso sucedidos en Guaviare entre 2018 y 2020. Por su parte, las cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de 933 casos de vulneración de derechos entre 2020 y 2022, la mayoría de víctimas son mujeres indígenas.
La crisis alimenticia que padecen muchas de estas comunidades y la degradación física que los arrastra al consumo de drogas tras estar sometidos a convivir en medio de esa guerra por el negocio de los psicotrópicos son algunas de las condiciones que aprovechan todos los grupos reaccionarios para cometer abusos contra las comunidades y, lamentablemente, contra las infancias.
La guerra reaccionaria como causa de suicidio juvenil e infantil
Esta guerra directa contra el pueblo también ha conducido a que en muchos territorios los niños y los jóvenes opten por el suicidio como un mecanismo para escapar de la guerra y sus lacras. Ese fue el caso de una niña de 8 años en la vereda Punto Cedro (Bojayá, Chocó), en abril de 2022 decidió quitarse la vida para no ser reclutada por las AGC (Clan del Golfo), un grupo paramilitar que ha recrudecido la violencia a lo largo de los pueblos que bordean el río Atrato, el Medio San Juan y los Baudós.
Para agosto del 2021 se tenía registro de 22 suicidios en la comunidad indígena embera dobida, de Chocólas; las cifras de mayo del 2022 daban cuenta de 50 niños y niñas del territorio chocoano que habían decidido quitarse la vida como una forma de huir de la guerra.
La situación posiblemente es mucho más crítica para las comunidades en Chocó, Córdoba, Antioquia y Risaralda, donde decenas de jóvenes embera se han quitado la vida y ha sido difícil llevar un registro debido a que existe gran miedo de denunciar y ser asesinados. Alguno dirigentes de las comunidades hablan de estar evidenciando suicidios juveniles cada 15 a 30 días. Muchos lamentan que los casos de reclutamiento que eran reportados hayan pasado ahora a ser cifras de suicidio infantil y juvenil.
Ahora bien, si las cifras anteriores resultan tristemente alarmantes es necesario tener presente que las cifras de suicidios en niños y jóvenes cada vez son más altas. Entre 2015 y 2016 se registró un aumento del 3 % en esos casos; en los siguientes años la cifra siguió en aumento, aunque en menor porcentaje. Ese incremento en los casos registrados se explica dado que a partir del 2016 se amplió el registro a más ciudades (antes solo se tenía registro de casos de suicidios en Bogotá, Medellín, Cali y el eje cafetero).
Para 2019, por ejemplo, según las cifras oficiales, las tasas más altas de suicidios en niños y jóvenes se registraron en los departamentos de: Putumayo (6,4 %), Vaupés (4,6 %), Casanare (4,36 %), Risaralda (4,35 %) y Tolima (3,7 %). Los departamentos con mayor número de casos en ese año fueron: Antioquia (47), Bogotá (36), Valle del Cauca (23), Cauca (15) y Nariño junto a Tolima (14).
Medicina Legal maneja datos más recientes, según los cuales entre enero y octubre del 2021 se registraron 2122 suicidios, de los cuales 227 fueron de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años. Mientras que para el 2020 se registraron 222 casos durante el mismo período y hubo una alerta especial debido a los casos en comunidades indígenas.
Ante esta situación, la respuesta del Estado burgués se ha limitado a hacer llamados y descargar responsabilidades en las diferentes instituciones que en muchas ocasiones también vulneran los derechos de los niños. Según sus análisis, los problemas familiares son factor determinante en casos de suicidio en niños y jóvenes entre los 5 a los 19 años (36,5 % y el 46,2 %); sumado a casos relacionados con maltrato físico, psicológico o sexual y los problemas en el ambiente escolar que se presentan en mayor proporción entre los 5 y los 14 años, con una proporción de entre el 10,7 % y el 20,2 %.
Por su parte, el defensor del pueblo Carlos Camargo hizo un llamado “A toda la sociedad para trabajar en la construcción de relaciones familiares sanas, en las que se les brinde confianza, apoyo y seguridad a nuestros niños y adolescentes”; como si el origen de todos los males y problemas que llevan no solo a los niños y jóvenes a suicidarse, sino también a muchos hombre y mujeres adultos, no fueran las difíciles condiciones de vida a la que nos somete el capitalismo agonizante, particularmente en Colombia bajo las condiciones de una dictadura burguesa y una guerra reaccionaria contra el pueblo.
Tomado de Tableu Informe Suicidio Infantil informe ‘Análisis de las cifras sobre suicidio e intento de suicidio infantil en Colombia en el periodo 2015 y julio de 2022’ Mientras tanto, organizaciones más progresistas y de investigadores analizan esta situación y creen que los departamentos donde las tasas de suicidios son más altas, podrían ser consecuencia de las difíciles condiciones de la niñez, ocasionadas por el conflicto armado y el abandono estatal al campo, particularmente a las comunidades indígenas.
Para algunos la presencia de comunidades indígenas es un criterio que se debe tener en cuenta al evaluar altas tasa de suicidio en jóvenes y niños debido a que, según los expresado por las mismas comunidades indígenas: el desarraigo de sus territorios, las malas relaciones con sus familias, los conflictos culturales entre su cosmovisión con la occidental, las afectaciones a sus territorios producidas por el desplazamiento forzado y el conflicto armado, sumado a factores detonantes como la drogadicción, el hambre entre otras pueden llevar a muchos a optar por el suicidio.
Al dar una mirada a las estadísticas generales de suicidios e intentos de suicidio en niños, niñas y adolescentes desde 2015 nos encontramos con que hay muchos casos, alrededor del 70 %, en los cuales no identificaron las razones de los suicidios; si contáramos con un Estado al que le interesaran las infancias y las juventudes, estas cifras tan altas conducirían a investigaciones profundas que permitieran una comprensión más completa del problema real. Pero el Estado burgués y sus instituciones, así como sus medios de propaganda, se sirven de los datos de Medicina Legal, procesados por la Alianza por la Niñez Colombiana, para reducir el problema a “El poco acercamiento, comunicación y conocimiento de los padres y cuidadores sobre los posibles factores que están afectando la salud mental de niñas, niños y adolescentes a su cargo”. ¿Qué acercamiento, comunicación y conocimiento por parte de los padres y cuidadores puede haber si las jornadas laborales son tan extensas, los sistemas de transporte público tan lentos e inoperantes, los salarios tan miserables, la educación psicología tan nula…?
Las infancias, las juventudes y el papel de los revolucionarios
Los revolucionarios pueden y deban hacer una interpretación más amplia y contundente de las cifras que presentan las instituciones burguesas; especialmente si consideramos que, a pesar del elevado número de casos sin clasificar, la tendencia más alta de suicidios se presenta entre los sectores más oprimidos del proletariado y los campesinos.
Para el Estado burgués el problema se reduce a que los padres de los estratos 1, 2 y 3 y los pertenecientes al régimen subsidiado de salud no ponen atención a sus hijos. Aquí cabe preguntar ¿qué factores hacen que madres y padres de la clase obrera estén alejados y desconozcan el estado de salud mental de sus hijos? Ya Marx lo explicaba en el Manifiesto Comunista donde denunciaba que “Solo la burguesía tiene una familia, en el pleno sentido de la palabra; y esta familia encuentra su complemento en la carencia forzosa de relaciones familiares de los proletarios”.
En Colombia esto significa que las condiciones de miseria y desigualdad de las familias de obreros y campesinos generadas por un Estado al servicio de la explotación y la opresión ─agudizadas por la profunda crisis del moribundo sistema capitalista─ y la guerra reaccionaria en la que diferentes bandos los negocios de la mafia, son las principales causas de los males que destruyen a las familias obreras.
De la agudización de las condiciones de superexplotación a la clase obrera surgen los elevados niveles de problemas de salud mental, estrés y enfermedades relacionadas; a lo que se le suma que, como vía de escape, muchos proletarios se ven conducidos al alcoholismo y consumo de drogas para escapar artificialmente de los problemas de la explotación y la opresión. Sustancias que por supuesto son producidas y suministradas por el mismo sistema, contribuyen a seguir destruyendo la familia obrera y conllevan a tasas de violencia significativas hacia las niñas, los niños y los adolescentes al provocar desestabilidad en el hogar. Y, por si fuera poco, a este oscuro panorama se le suma el trabajo infantil en las condiciones del capitalismo que, por supuesto, resulta en detrimento de la salud mental, en ideas de desesperanza, falta de futuro, ansiedad y, lamentablemente, ideación y actos suicidas.
La defensa de la vida y de las infancias es una de las más importantes luchas de toda la clase obrera. Es preciso oponerse a toda forma de violencia directa contra las infancias y las juventudes: el reclutamiento forzado, la explotación sexual, cualquier tipo de abuso… Todo esto va ligado a la lucha por conquistar para la infancia y para toda la clase obrera, un Estado donde los que producen sean los que gobiernen y así se generen condiciones que verdaderamente garanticen la vida y la salud física y mental de toda la clase obrera, sin distinciones de edad o género.
Dar esta lucha en las actuales circunstancias que vive el proletariado exige, de la clase más revolucionaria y sus dirigentes, transformar y construir sus organizaciones para que estén dispuestas y preparadas a conquistar con la lucha medidas y reivindicaciones que permitan frenar o disminuir las terribles condiciones de vida, salud, educación, empleo, salarios… que padecen las familias obreras, especialmente las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.
Estas organizaciones no son solo las de un movimiento sindical independiente y reestructurado, sino también todas las organizaciones de masas que agremian al pueblo en ciudades y campos. Por supuesto, también las organizaciones revolucionarias como el Movimiento Femenino Revolucionario que, además de deslindar y dar claridad respecto a las posiciones burguesas dentro de la lucha por la liberación de la mujer, permita unir y organizar la lucha de todas las proletarias en una plataforma que represente los intereses más urgentes e inmediatos de las mujeres y que, por supuesto, esté incluida la defensa de las infancias; un MFR que sea acogido y defendido por mujeres y hombres que, liberados de todo sectarismo de género, luchen como una sola clase.
Con la fuerza y la unidad de la clase obrera y el campesinado podremos avanzar en esta lucha que tendrá que conducir a la consolidación de las fuerzas más revolucionarias en el Partido de la clase obrera; el cual dirija una revolución socialista que instaure una dictadura proletaria y destruya el Estado burgués y todo lo que ha generado para hacer miserable, triste y desesperanzadora la vida de niñas, niños y jóvenes.
La dictadura de la clase obrera es la única que puede garantizar verdaderamente condiciones que atiendan y resuelvan todas las dificultades relacionadas con la educación, los espacios de socialización, arte, cultura y juego; así como la participación en la construcción de un futuro verdaderamente esperanzador para toda la humanidad. El socialismo es el único capaz de poner en primer plano las necesidades de la niñez y la juventud, y el goce efectivo de sus derechos.
Algunas fuentes:
https://www.cinep.org.co/es/la-juventud-asediada-por-el-reclutamiento-forzado-el-abandono-del-campo-y-la-judicializacion/
https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-ind%C3%ADgenas-que-se-suicidan-en-colombia-para-evitar-ser-reclutados-por-grupos-armados/2317368
