En el marco de la crisis estructural del sistema capitalista y su agónica sed de recursos naturales, el fracking resurge como solución milagrosa en boca de politiqueros de todo pelaje: liberales, «progresistas», tecnócratas y hasta supuestos sindicalistas. Las recientes declaraciones de figuras como Claudia López y el accionar oportunista de sectores del gobierno Petro no hacen sino confirmar lo que el portal Revolución Obrera ha venido demostrando con claridad: la clase dominante adapta su discurso según sus intereses, no según las necesidades de las masas populares ni en beneficio de la defensa de la naturaleza.
La burguesía, en todas sus facciones se encuentra ante el dilema de sostener su tasa de ganancia y garantizar la gobernabilidad del capital, en medio de una creciente crisis energética, y al mismo tiempo presentarse como «amigable con el medio ambiente». Por eso, las volteretas de chaqueta de políticos que ayer hablaban de «proteger el agua» y hoy justifican el fracking con la excusa de «nuevas tecnologías» no deben sorprender a nadie. Lo que guían sus decisiones no es la ciencia ni el pueblo, sino el capital.
El presidente Petro, quien llegó al poder con una retórica que incluía la prohibición del fracking y la defensa de la vida, ha demostrado que el reformismo burgués no tiene capacidad real de romper con las estructuras del capital. Mientras en Colombia se hace demagogia «ambiental», Ecopetrol, empresa del Estado, sigue practicando fracking en Estados Unidos y exportando carbón a Europa. ¿Dónde queda entonces la coherencia? ¿Dónde la «transición energética justa»?
La realidad es clara, el Estado incluso bajo gobiernos progresistas, es una herramienta de dominación de clase al servicio de los intereses de las clases dominantes locales y el imperialismo. Petro no ha hecho más que administrar el capitalismo colombiano con «cara humana», mientras profundiza la dependencia energética, mantiene la economía extractivista y despliega políticas de conciliación con los grandes monopolios.
La contradicción entre el capital y la naturaleza no es accidental, sino estructural. El fracking, como técnica extractiva del capitalismo tardío, es una manifestación concreta de esta contradicción. Se saquean territorios, se contamina el agua, se liberan gases de efecto invernadero, se destruyen ecosistemas enteros, todo por mantener el modo de producción basado en la explotación del trabajo y la naturaleza.
El caso del campo Sirius, saqueo y devastación cerca de Santa Marta. Este es uno de los ejemplos más graves, es la apuesta de Promigas por explotar el campo Sirius, ubicado cerca de Santa Marta, en la costa Caribe. Esta zona, rica en biodiversidad y estratégicamente ubicada cerca de comunidades campesinas, indígenas y pesqueras, ha sido señalada por la empresa como «la clave» para triplicar las reservas de gas del país. ¿A qué costo? Expertos y organizaciones ambientalistas han advertido que la explotación de Sirius —mediante técnicas como el fracking o perforación no convencional— tendría consecuencias irreversibles como:
Contaminación de aguas subterráneas y superficiales, en una región ya vulnerable por la escasez de agua potable.
Liberación masiva de metano y CO₂, lo que agravaría la huella de carbono del país, como alertó la exviceministra de Ambiente Sandra Vilardy «el fracking podría emitir hasta 0,75 gigatoneladas de CO₂, nueve veces las emisiones anuales del país.»
Afectaciones sísmicas y riesgo de deslizamientos, debido a la inestabilidad del terreno por la fracturación.
Desplazamiento silencioso de comunidades rurales y pesqueras, cuyo territorio será militarizado o cooptado por proyectos privados disfrazados de «desarrollo».
Esto no es progreso. Es saqueo y destrucción bajo el disfraz de eficiencia energética. Es la vieja historia de siempre, el capital exprimiendo los territorios del pueblo mientras vende la catástrofe como modernidad.
No es casual que la Asociación Colombiana del Petróleo intente justificar el fracking minimizando su impacto en el agua. Como buenos ideólogos del capital, manipulan cifras, ocultan los impactos acumulativos, y colocan el crecimiento de reservas por encima del bienestar colectivo. Pero lo que no pueden ocultar es que, como señaló la exviceministra Vilardy, el fracking puede multiplicar por nueve la huella de carbono del país, en un momento donde el planeta entero exige una ruptura radical con el modelo extractivista.
Más preocupante aún es el papel que algunos sectores del sindicalismo han comenzado a jugar en esta coyuntura. La posición del presidente de la USO, César Loza, a favor del fracking, contradice la línea acordada por la Asamblea Nacional de Delegados del 2019, y evidencia cómo algunos dirigentes sindicales se han convertido en administradores de la lógica empresarial dentro del movimiento obrero.
Los trabajadores no pueden ser cómplices de su propia destrucción; desde una posición clasista y revolucionaria, no podemos permitir que las y los trabajadores sean usados como carne de cañón para legitimar proyectos que destruyen su propio territorio y ponen en riesgo su futuro, menos, que los sindicatos sean instrumento ideológicos del Estado y la patronal. El trabajo no puede estar por encima de la vida; y menos aún si ese trabajo sirve para perpetuar el dominio del capital sobre el pueblo.
La «fractura» de la izquierda reformista
El fracking también ha expuesto las contradicciones internas del llamado «campo progresista». Mientras candidatos como Daniel Quintero y Susana Muhamad mantienen una posición contra esta técnica, otros sectores del mismo gobierno la promueven abiertamente. La denuncia del representante Christian Avendaño sobre la promoción del fracking por parte del Minminas es apenas la punta del iceberg.
Esto demuestra que no hay una «izquierda real» cuando no se rompe con el capital y el Estado burgués. No basta con oponerse al fracking en el discurso mientras se negocian concesiones con petroleras o se permite que Ecopetrol actúe como una multinacional más. La verdadera alternativa debe ser revolucionaria, popular y anticapitalista.
Desde este punto de vista los obreros revolucionarios consideramos que, la solución no está en debates técnicos ni en ilusiones electorales. El fracking es solo una manifestación más del modo de producción capitalista, y solo será erradicado con la transformación radical de las relaciones de producción. Es decir con la revolución social.
El proletariado, el campesinado, los pueblos indígenas, afros y las comunidades urbanas deben unirse en una gran alianza revolucionaria por la defensa del territorio, el agua y la vida, y contra toda forma de explotación extractiva. No hay transición energética posible sin una ruptura real con el capital. No hay defensa ambiental real sin lucha de clases.
