En los últimos tres años, el calentamiento global se ha dejado sentir con fuerza en Colombia. Y aunque pareciera algo lejano o exclusivo de los informes científicos, lo cierto es que ya afecta nuestra vida cotidiana especialmente a quienes vivimos del trabajo, del campo, del transporte, de la construcción, de la pesca y de la tierra. A continuación, presentamos cómo este problema global se vuelve un asunto nacional y de clase.
Según IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), en Colombia la temperatura del aire ha aumentado entre 0,2 °C y 0,3 °C por década en periodos recientes comparados con los años 1961‑1990. En la ciudad de Bogotá, el indicador «temperatura promedio» muestra una tendencia al alza entre 2009 y los primeros trimestres de 2025, donde hubo un incremento estadísticamente significativo en la temperatura promedio (≈ 0,006 °C por año) y en la temperatura máxima (≈ 0,018 °C por año).
En 2024, Colombia registró aproximadamente 8 997 emergencias climáticas en 1 024 municipios, donde los incendios forestales fueron los más frecuentes (6 293 casos), pero las inundaciones provocaron el mayor número de personas afectadas, más de 709 000 personas y 186 000 familias, en 644 eventos. Las pérdidas económicas asociadas al cambio climático se estiman en alrededor de 4,3 billones de pesos colombianos al año, producto de desastres naturales, inundaciones, sequías, deslaves e incendios. Según el índice de vulnerabilidad ND‑GAIN (Universidad de Notre Dame), Colombia figura entre los más vulnerables al cambio climático, ocupando el puesto número 84 entre 181 países analizados.
Para las comunidades obreras, campesinas, indígenas, afrodescendientes y residentes en zonas marginadas, estos datos no son abstractos. Significan menos cosechas, mayor costo de producción, agua escasa o de peor calidad, mayor riesgo para la salud, más emergencias que paralizan el trabajo, infraestructura dañada, empleos inestables y más gastos para recuperarse, por ejemplo, si las temperaturas suben o las lluvias se vuelven más intensas o más escasas, los trabajadores agrícolas enfrentan pérdidas de cultivos o rendimientos más bajos.
En las ciudades, las inundaciones, los encharcamientos o los deslizamientos afectan el transporte, el acceso al trabajo y la movilidad diaria. En Bogotá, por ejemplo, entre enero y junio de 2025 se reportaron 102 encharcamientos, con picos de hasta 27 casos mensuales, más del doble del promedio histórico. Cuando se pierden empleos vinculados al sector forestal, al agua, a la pesca o al turismo en zonas naturales, aumenta la precariedad laboral, la migración forzada y la desigualdad social. La infraestructura que sostiene la vida y el trabajo (carreteras, puentes, sistemas de agua, vivienda) se ve golpeada por fenómenos más frecuentes o intensos, lo que aumenta los costos económicos, quienes menos tienen lo sufren más.
Los análisis del IDEAM y otras instituciones coinciden en que los sectores más vulnerables al cambio climático en Colombia son las zonas costeras e insulares, por subida del nivel del mar, tormentas más intensas y zonas inundables; los ecosistemas de alta montaña (glaciares, páramos), que regulan el agua y el clima de muchas cuencas donde viven comunidades campesinas; el sector agropecuario, la producción de alimentos y trabajadores del campo, que sufren la variabilidad de las lluvias, la sequía y las temperaturas extremas; el sector salud, transporte, energía e infraestructura, que requieren adaptarse a un clima más extremo, lo cual implica costos y cambios laborales.
¿Por qué importa para el proletariado? Porque el cambio climático no es sólo un problema ambiental, sino una cuestión de desigualdad social. Colombia aporta apenas alrededor del 0,6 % de las emisiones globales, pero es uno de los países de América Latina más vulnerables a sus efectos. Esto significa que quienes menos contaminan son los que más sufren. Y eso se traduce en que las comunidades obreras, campesinas y populares —que ya enfrentan pobreza, informalidad, precariedad— se ven doblemente golpeadas por la crisis climática y por la desigualdad social.
¿Qué se puede hacer desde la acción obrera, campesina, indígena, raizal y popular?
- Exigir políticas públicas y transiciones justas, que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores en sectores vulnerables (agro, construcción, transporte, pesca) y que la adaptación al cambio climático no recaiga sólo sobre las comunidades.
- Apoyar la producción local, agroecológica y sostenible que reduzca la dependencia de grandes cadenas extractivas y proteja el trabajo campesino y cooperativo.
- Defender los territorios, los bosques, el agua y los ecosistemas frente a la especulación, la minería contaminante, la deforestación y la expansión de modelos que agravan el clima.
- Organizarse colectivamente en sindicatos, cooperativas, movimientos sociales para exigir empleo digno en la transición ecológica, formación para trabajos verdes, inversiones en infraestructura.
- Impulsar el ahorro energético y el uso de energías limpias en las comunidades populares, pero también exigir que el Estado y las grandes empresas hagan su parte, sin trasladar los costos a los más pobres.
El calentamiento global ya está aquí, y Colombia no es una excepción. Para el proletariado y los sectores populares, esto implica más riesgos de vida y nuevas amenazas y más costos, pero también nuevas oportunidades de unidad, organización y lucha, de transformación social por un futuro distinto, porque enfrentar el cambio climático no es un lujo, sino una necesidad de las grandes mayorías. Y hacerlo significa también luchar por la vida, dignidad, empleo, salud y territorio.
¡Por la Vida, Dignidad, Salud y Territorio! ¡Un Solo Pueblo, Una Sola Lucha!
