Como parte de los acuerdos firmados por los jefes de las FARC con el gobierno, se creó la figura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Un esperpento que, contrario a lo que se dice, no busca la justicia, ni encontrar la verdad de los hechos, ni reparar a las víctimas y muchos menos la no repetición; su objetivo en realidad es dejar impunes los crímenes relacionados con la guerra contra pueblo, especialmente, liberar de todo cargo a los capitalistas beneficiarios de la guerra reaccionaria.
Sin embargo, en el colmo del cinismo, los criminales se rasgan ahora las vestiduras posando de adalides de la lucha contra la impunidad, y tras esa mampara se presentó en las últimas semanas el trapicheo politiquero acompañado del escándalo en los medios alrededor de dos artículos introducidos por el uribismo en la JEP, después de la elección de Iván Duque.
Las modificaciones introducidas por el uribismo en realidad no cambian la esencia de la JEP: el primer artículo lo único que hace es quitarle facultades para practicar pruebas en casos de extradición, limitando su competencia a la revisión de la fecha del delito y el segundo artículo, congela todos los procesos de los militares hasta que se cree una sala especial para ellos dentro de la misma JEP. Es decir, el primero deja el campo libre a la extradición de los jefes guerrilleros comprometidos en delitos cometidos después de la entrega y el segundo pretende salvar la responsabilidad política de los gobernantes frente a los casos de terrorismo de Estado, particularmente, la responsabilidad de Uribe y Santos en el asesinato de los jóvenes presentados como muertos en combate, y conocido con el eufemismo de «falsos positivos».
¡La Jurisdicción Especial para la Paz es una Burla! Porque desde el principio sacaron de la tal JEP a los grandes capitalistas y monopolios financiadores de los grupos paramilitares para que acudieran a comparecer solo si se les da la gana, y que los cerca de 2.000 militares acogidos a ella y los más de 3.500 guerrilleros desmovilizados vinculados a procesos, solo tengan que admitir lo delitos para no ir a cárcel. Por eso no es casual que la Corte Constitucional y los militares que ya están vinculados a procesos defiendan la JEP tal como estaba, sin los artículos introducidos por los nuevos gobernantes.
¡No se sabrá toda la verdad! Porque de entrada se esconde que la causa de la guerra contra el pueblo era la lucha por la renta o ganancia extraordinaria que dejan las explotaciones mineras y petroleras, y las plantaciones de palma, coca y amapola; así como se esconde que la firma del acuerdo de los jefes de las FARC con el gobierno no es la paz de la que hablan, sino la legalización de las tierras usurpadas a sangre y fuego, ahora en manos de los grandes capitalistas y monopolios imperialistas.
¡No habrá reparación! Porque los desplazados y víctimas de la guerra no recibirán tierra a pesar de las leyes mentirosas, ni recibirán retribución alguna por los daños sufridos, como atestiguan los datos de la ínfima cantidad de tierras entregadas a los reclamantes en más de 10 años de la Ley 1148 y las condiciones de existencia de casi 8 millones de desplazados.
¡No habrá garantía de no repetición! Porque la causa de la guerra está en la ganancia extraordinaria de la extracción de oro y petróleo, y de la producción de sicotrópicos como indican los datos de expansión de los cultivos de coca desde la firma de los acuerdos, los enfrentamientos entre los nuevos y viejos comerciantes, la muerte de los pequeños cocaleros por las fuerzas militares y paramilitares, la matanza de los desmovilizados de las FARC y activistas de la oposición, y el asesinato sistemático de dirigentes sociales. Hechos que confirman una y otra vez la verdad defendida por los comunistas: ¡La paz de los ricos, es guerra contra el pueblo!
En resumen: ¡No habrá justicia para el pueblo! porque la justicia del actual Estado solo sirve a los intereses de las clases dominantes, burgueses y terratenientes, socios de los imperialistas. Las ilusiones de los partidos de la pequeña burguesía en la JEP son infundadas y corresponden a su fe supersticiosa en el Estado, y su alegato por las enmiendas del uribismo a ese esperpento, solo sirve de cortina de humo para ocultar que la tal Jurisdicción Especial para la Paz fue hecha desde el principio para burlar al pueblo y a las víctimas.
El pueblo no puede esperar justicia de los verdugos que lo han masacrado y acallado todo intento de rebeldía con la fuerza de las armas; los trabajadores no puede confiar en el Estado de sus enemigos que con los fusiles en manos de sus fuerzas militares y paramilitares han pretendido aplastar sus sueños de justicia y libertad.
