Un acuerdo de «paz», recientemente promovido por Estados Unidos y aceptado con reservas por Israel plantea en veinte puntos, una hoja de ruta para Gaza con promesas de reconstrucción y alto al fuego. Pero leído con atención, el texto es un mapa de sometimiento que contempla la desradicalización, control externo, comités tecnocráticos y condicionalidad de la ayuda. Para amplios sectores de la resistencia y de la solidaridad internacional, el resultado sería la pérdida de autodeterminación palestina y la transformación de la reconstrucción en una palanca política y económica al servicio de intereses imperialistas.
Analizando el acuerdo, el primer punto del esquema exige que Gaza sea «una zona desradicalizada y libre de terrorismo para que no represente una amenaza para sus vecinos». A simple vista suena a seguridad; pero en la práctica, denuncian analistas y líderes de la resistencia, es la consigna para condicionar la existencia misma de la resistencia palestina. La desradicalización, no se limita a desarmar, sino que, además, abre la puerta a la restricción de la autodeterminación, a la legitimación de controles externos y a la sustitución de autoridades democráticas por administraciones designadas desde fuera.
Ahora bien, el documento habla también de la reconstrucción, el acuerdo promete que el territorio «será reconstruido para beneficio de su población, que ha sufrido más que suficiente». Pero esa reconstrucción —si no está en manos del mismo pueblo palestino— queda convertida en herramienta de control. Si la administración y la entrega de recursos dependen de la desmilitarización y de cumplir medidas de seguridad impuestas por terceros, entonces el acceso a servicios básicos, vivienda y economía quedará condicionado a ceses de poder, renuncia a actores políticos y cumplimiento de requisitos foráneos. Dicho en términos llanos, van a reconstruir, pero bajo sus reglas y para sus negocios en Gaza.
A esto se suma la frágil promesa del alto al fuego, precedida por un historial de incumplimientos. El acuerdo establece que, si ambas partes aceptan, «la guerra terminará inmediatamente» y se congelarán las operaciones militares para facilitar la liberación de cautivos. Esto merece un análisis en dos sentidos, de un lado la retórica de la «guerra», cuando el mundo entero sabe que la situación exacerbada desde el 7 de octubre de 2023 en Palestina es un genocidio y ahora se pretende cambiar el argumento, diciendo que será el fin de la guerra, que quede claro, esto: ¡No es una guerra, es un genocidio! De otro lado, está el historial reciente y los hechos mismos que muestran que las garantías sobre el terreno son frágiles, discursos que estigmatizan a todo un pueblo como «radical» o «terrorista», propuestas de reordenamiento demográfico y la advertencia de organismos de derechos humanos sobre riesgos de desplazamientos masivos convierten la idea de desradicalizar en un posible pretexto para expulsiones y reurbanizaciones forzadas. Además, la continuidad de episodios bélicos —como continuidad de ataques que rompen treguas— demuestra que la palabra firmada no basta para garantizar la vida del hermano pueblo de Palestina.
En cuanto a los rehenes, el acuerdo fija plazos estrictos—por ejemplo, la devolución de rehenes «dentro de las 72 horas» tras la aceptación pública—, pero la práctica muestra selectividad, pues ya se han reportado reticencias en la entrega de algunos prisioneros (por ejemplo médicos palestinos), mientras que sí se exige la devolución de rehenes israelíes. Esto pone a Palestina en una situación de constante presión, con escasas garantías reales sobre el cumplimiento por parte del Estado sionista de Israel.
Existen varios puntos clave también en el acuerdo —el noveno y el décimo, entre otros— plantean que Gaza quede administrada por un «comité tecnocrático palestino, apolítico, con supervisión internacional de una ‘Junta de Paz’» liderada por figuras vinculadas a EE. UU. y sus aliados. A la par, se ofrece un «plan económico» para reconstruir y revitalizar Gaza y la creación de una «zona económica especial» con incentivos para inversores. Esa mezcla de administración tecnocrática y plan de negocios no es neutral, es la receta clásica para permitir la entrada de capital extranjero, someter la economía local y asfixiar la autodeterminación del pueblo palestino, todo ello acompañado de la exclusión de Hamas y otras facciones de cualquier papel en el futuro gobierno de Gaza y exige la destrucción de su arsenal bajo supervisión internacional, con programas de recompra y reintegración financiados por donantes externos. Es decir, se pretende borrar de la escena política a los actores que —por voluntad popular o por fuerza— son componentes reales del tejido social y militar del enclave.
Esto es bastante preocupante, pues además se propone el despliegue inmediato de una Fuerza Internacional de Estabilización para entrenar policía local y controlar fronteras junto a Egipto e Israel. Al mismo tiempo, el Estado sionista se compromete a no anexar pero conservaría un perímetro de seguridad transitorio. El resultado es paradójico «desmilitarizar» mientras fuerzas internacionales y perímetros de seguridad mantienen una presencia armada que limita la soberanía real de Gaza.
En definitiva este no es un acuerdo de paz, es un alto al fuego que si bien representa un pequeño respiro para el pueblo palestino, es realmente un plan de sometimiento, con el que diferentes gobiernos y organizaciones muestran un amplio respaldo a los objetivos declarados —alto el fuego, liberación de rehenes, ayuda humanitaria—, pero con reservas sobre la forma. Estados Unidos impulsa el plan; Israel lo acepta con reparos; Hamas plantea también sus reservas; la Autoridad Palestina exige participación y autodeterminación; países árabes y europeos hablan de apoyo condicionado, pidiendo garantías contra desplazamientos y tutela externa; en general, existe consenso sobre fines formales, pero divergencias profundas sobre quién controla, cómo se implementa y en qué condiciones.
Al respecto para la resistencia palestina y en general para quienes vemos críticamente este acuerdo, el paquete es un intento de borrar la causa misma, desarmar la lucha, impedir la representación política de la resistencia y someter política, ideológica, militar y económicamente a Gaza en favor de negocios e intereses externos de los sionistas e imperialistas. Por eso sectores populares y sindicales en diversos países mantienen movilizaciones y convocatorias masivas —huelgas, manifestaciones, boicots— exigiendo el fin del genocidio, la justicia y la autodeterminación. Ejemplo de ello fue la Asamblea Nacional Popular Independiente por Palestina realizada el 18 de octubre en Bogotá, realizada en cumplimiento de la resolución por Palestina aprobada en la Asamblea Nacional Popular Independiente de julio de 2024 realizada en Cali. Un evento que consolidó la disposición a continuar con la solidaridad práctica a través de huelgas, paro social, coordinación internacional de acciones y fortalecimiento de redes de apoyo.
Este es el llamado del que el Portal Revolución Obrera se hace eco, todas las organizaciones, sindicatos y movimientos de base están llamados a organizarse y mantener la movilización internacional en defensa de Palestina con la solidaridad activa, paro y protesta hasta que la paz no sea sinónimo de coloniaje ni la ayuda humanitaria se convierta en instrumento de sometimiento.
¡La dignidad palestina no está en venta!
¡Desde el Río hasta el Mar, Palestina vencerá!
