Ayer, 17 de junio, luego de 51 días de rebelión popular en Cali, fuimos testigos nuevamente del verdadero carácter del Estado y sus instituciones. A pesar de que en los distintos puntos de bloqueo la juventud luchadora optó por confiar en las «intenciones de diálogo» del alcalde Jorge Iván Ospina y firmó el Decreto 0304, que supuestamente garantizaría la seguridad, la vida y el respeto a la protesta y a la juventud revolucionaria, desde los primeros días de la firma de ese decreto lo que ha imperado es el perfilamiento, la persecución, las detenciones, la represión y el asesinato por parte del Estado.
El 17 de junio, desde tempranas horas de la mañana y durante todo el día fuimos testigos del accionar violento de las fuerzas represivas contra Paso del Aguante, Puerto Resistencia y demás puntos donde los luchadores persisten en salir a las calles, especialmente cuando se han empezado a diluir las falsas promesas como la de matrícula cero. La fuerza militar se hizo presente, detuvo decenas de jóvenes luchadores −incluidos menores de edad−, allanó viviendas, encarceló dirigentes sindicales como a Francisco Velasco y asesinó al joven Juan David Muñoz, como tantos otros en días anteriores.
Este terror contra el pueblo se hace bajo el amparo de la ley burguesa, dentro de la cual el cacareado Decreto 0304, firmado por el alcalde de Cali el 31 de mayo, resultó no tener ninguna validez, ya que, según la abogada María del Mar Machado Jiménez quien demandó la nulidad del mismo, impedía «las labores de la Fuerza Pública, en contravía al Decreto Presidencial de Asistencia Militar del pasado 28 de mayo», es «clara la violación de las normas superiores».
La suspensión del decreto se sustenta, además, en que con el Decreto 003 del 2020, sobre el «manejo previo y posterior a las protestas», el Gobierno nacional ya establecía un accionar del Estado, en el que prevalece el poder policivo del presidente; así pues, la jueza señala que «si bien el alcalde puede expedir medidas policivas en dichas materias, estas deben guardar estricta concordancia y coordinación con los lineamientos presidenciales, toda vez que en materia de orden público es un agente subordinado del jefe de Gobierno».
En consecuencia, dado que la ley imperante es la de la represión y el tratamiento militar a la protesta, de nada sirven las supuestas intenciones de diálogo del alcalde. Por esta razón, es evidente que el mecanismo no puede seguir siendo las reuniones y los «diálogos» con las instituciones del Estado, en mesas que lo que han permitido es dividirnos para «negociar» por separado; además de querer atar las manos del pueblo para impedirle que acuda a las acciones de hecho y a la lucha directa.
El diálogo y las reuniones no sirven para pactar con el enemigo, son adecuadas para buscar la unidad y la superación de las contradicciones entre nosotros como pueblo, de allí la importancia de las asambleas en los barrios, comunas, fábricas y veredas. La Unión de Resistencias Cali debe recobrar su espíritu de unificación y coordinación de todos los puntos de bloqueo, lucha y resistencia; debe impulsar, junto con las organizaciones obreras y populares que realmente están por el camino de la lucha, una amplia Asamblea Popular de Cali para que se realice abierta y masivamente en alguno de los sectores que aún se mantiene en resistencia.
Una asamblea que se proponga vincular a los trabajadores de la industria y los servicios para que ellos paren la producción desde las fábricas, garanticen el fortalecimiento de la lucha y así dirijamos nuestras fuerzas para acabar con el régimen mafioso y paramilitar de Duque-Uribe.
Debemos preparar ya un paro de la producción regional para conmemorar este 28 de junio dos meses de lucha; debemos llamar a todos los luchadores a nivel nacional para que se sumen a esta gesta y que durante ese día no se mueva ni una sola tuerca y se silencien las máquinas. Debemos demostrarle al régimen el poder de la clase obrera.
Llamamos a la URC, y a todos los luchadores, a preparar la Asamblea Nacional Popular del 17 de julio, en la ciudad de Cali; un encuentro en el que, contando con la participación de los delegados de todas las asambleas obreras, campesinas y populares de todo el país, concretemos la plataforma, las fuerzas y las tareas para enfrentar con contundencia todo el poder del régimen narcoparamilitar y hacer realidad las exigencias del pueblo.
