El Congreso aprobó fijar la sobretasa a la gasolina y el ACPM de una nueva forma. Dicho impuesto ya existía, pero antes la base gravable o el valor de referencia de venta al público, según la Corte Constitucional, no era fijada por el Ministerio de Minas y Energía con claridad: hoy en promedio el galón de gasolina cuesta $8525, y la sobretasa está por los $1270; con la nueva ley, la base gravable, será un valor fijo en pesos, supuestamente congelado hasta el 2023 y que se ajustará con el IPC. Según dicen, en el 2021 y el 2022 no va a subir la sobretasa que toma la Nación y los departamentos para supuestamente arreglar las vías y construir hospitales entre otros.
Dicho impuesto, dejará un recaudo de $2,1 billones anuales que será repartido, un 50% entre los departamentos -incluido el Distrito Capital- y el otro 50% va para el mantenimiento de la red vial nacional. Sin embargo, una cosa dice la letra de la ley burguesa y otra la realidad que sufre el pueblo.
Mientras los burócratas del Estado y la burguesía y los terratenientes tienen asegurados miles de millones de pesos a costa de los impuestos que el pueblo paga a diario, las masas populares no gozan con carreteras en el campo para sacar sus productos agrícolas hacia las ciudades lo que encarece el precio de los productos y muchas veces se traduce en que es más barato botar la comida que pagar altísimos costos para comercializarla; mientras los sistemas de transporte masivo de los monopolios como Transmilenio se llevan el recaudo de la sobretasa a la gasolina para sostener sus troncales privadas que también están llenas de huecos y desniveles, miles de bogotanos pagan pasajes carísimos a diario para poderse transportar en buses atestados y tienen que hacer peripecias por las deterioradas calles de los barrios populares para poder entrar y salir de sus hogares o pagar carísimos peajes cuando pueden salir a pasear.
Mientras las masas luchan a diario en las calles, el régimen aprueba a cuentagotas y por medio del terrorismo de Estado la reforma tributaria que favorece a los bancos y a los monopolios del transporte y demás. El pueblo debe estar alerta para impedir estas agresiones directas contra los obreros y pequeños y medianos propietarios que ya se han visto afectados por la crisis económica y social del capitalismo y agravada por la pandemia de la covid-19.
El llamado es a extender y generalizar el Paro General Indefinido, a agudizar el estallido social que inició desde el pasado 28 de abril y que continúa enfrentando al pueblo contra sus centenarios enemigos: burgueses y terratenientes que usan su podrido Estado para ejecutar con odio el terror estatal contra las masas desarmadas, que van encontrando el camino para potenciar sus luchas por medio de la unidad, organización y lucha directa.
A fortalecer las asambleas obrero populares para que desde abajo se construya el poder real de las masas, continuar en la preparación de los grupos de choque, las milicias populares y consolidar una dirección nacional revolucionaria, que bien puede ser en la próxima reunión de la Asamblea Nacional Popular a realizarse el 17 de julio. Todo esto con el objetivo de tumbar al régimen y establecer un gobierno de obreros y campesinos, este sí capaz de resolver las necesidades del pueblo.
