Santiago Murillo, un joven de 19 años, cayó asesinado, víctima de las balas de la Policía Nacional el pasado 1 de mayo en la ciudad de Ibagué. El asesino, Jorge Mario Molano será llevado a juicio el 25 de noviembre, siendo el primer policía juzgado por los homicidios en el Paro Nacional.
En medio de las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril y que se mezclaron con las del 1° de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, Santiago salió de su casa en bicicleta para ir a la de su novia a unas cuadras; sin embargo, contó con el infortunio de atravesarse en el camino con el mayor Jorge Mario Molano, comandante del CAI Norte, y el teniente Andrés Parra, mientras volvía a su casa, recibiendo el impacto del arma de fuego de Molano, quien junto a su compañero disparaban indiscriminadamente. Una de las balas atravesó el pecho del joven y cayó unos metros después, ante la mirada asesina de los policías que no hicieron absolutamente nada por auxiliarlo y por el contrario, salieron huyendo del lugar.
El victimario entregó su arma de dotación en la madrugada del dos de mayo en la Fiscalía de Ibagué, no sin antes dejar en el lugar a otro policía, el intendente Óscar Devia, que al tener la misma contextura del asesino, fue inculpado por este último para tratar de evadir su responsabilidad. Sin embargo, el mayor Molano fue capturado y posteriormente dejado en libertad por un juez penal militar. A los pocos días, el 8 de junio, la Fiscalía lo recapturó al verse contra la pared, pues el video no deja duda de la responsabilidad de este sicario uniformado en el asesinato del joven. Después de la audiencia, fue convocado para el 25 de noviembre el juicio contra el policía, culpable de segar la vida de Santiago Murillo.
Aunque es una buena noticia, no deja de producir indignación el que después de casi cinco meses, este sea apenas el primer caso que está a punto de producir una condena en contra de los policías asesinos que les quitaron la vida a casi cien manifestantes, principalmente jóvenes, que protestaron contra el uribista régimen mafioso y el Estado de dictadura de la burguesía y los terratenientes.
Aparte de los crímenes de Estado, las víctimas y familiares continúan su agonía buscando un poco de justicia en medio de un océano de impunidad que protege a los verdugos del pueblo, y que en la mayoría de los casos, condena cuando mucho a los gatilleros, pero deja intactos a los mandos superiores, a los representantes políticos de las clases dominantes y los burgueses y terratenientes mismos, esos sí, verdaderos responsables de la política de terror e impunidad descargada por el Estado sobre las masas populares.
Criminales que solo serán juzgados por la justicia popular, cuando el proletariado en alianza con los campesinos conquiste el poder político del Estado y ponga en la palestra pública a los que causaron el dolor y la muerte a miles de obreros y campesinos, en el vano intento de perpetuar el oprobioso sistema capitalista.
