A finales del siglo XIX Estados Unidos no tenía capacidad para contar con frutas frescas durante todo el año, lo que generaba problemas de nutrición en la clase trabajadora de ese país. Fue el afán de acaparar ese mercado lo que desencadenó que entre 1880 y 1900 se crearan unas 200 firmas norteamericanas dedicadas al comercio del banano; entre ellas, la United Fruit Company (UFC), fundada en 1899.
La época en la que United Fruit Company inició sus operaciones en el departamento del Magdalena fue la misma en que los Estados Unidos se expandieron sobre la zona del mar Caribe, mediante la invasión o la intervención militar en Honduras (1903, 1907, 1912, 1919, 1924), República Dominicana (1903, 1914, 1916), Haití (1914, 1915), Nicaragua (1907, 1909, 1915), Cuba (1906, 1912, 1917), Panamá (1912, 1925), Guatemala (1920) y El Salvador (1932).
Colombia también hizo parte de la larga lista de intervenciones del imperialismo norteamericano, fue así como irrumpieron en el país compañías como la Tropical Oil Company, Andian Nacional Corporation y la United Fruit Company.
Para la década de 1920 la UFC explotaba proletariado en Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana; cultivaba banano en 1 383 485 hectáreas de terreno; poseía la Gran Flota Blanca ─90 barcos de vapor que transportaban el banano desde estos países hacia Europa y Norteamérica─ y 2434 kilómetros de líneas ferroviarias.
Dadas las condiciones de superexplotación por parte de la compañía, los trabajadores bananeros protagonizaron varias huelgas en la región del Magdalena, desde 1910 hasta finales de 1920. Ejemplo de ello fue la exitosa huelga de 1918, en busca de incremento de sus jornales; o la de 1924, que buscaba mejores condiciones de empleo y de despido, pero fracasó.
Para 1928, la UFC explotaba a 150 000 obreros en toda la Gran Cuenca del Caribe; el 16,7 % del total de esos trabajadores eran obreros colombianos.
Para ese año Colombia era el tercer productor de banano en el mundo; la UFC exportaba 10,3 millones de racimos producidos en la región bananera del Magdalena, que se extendía por una llanura de 40 000 hectáreas, ubicadas entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande. Así pues, la zona bananera del Magdalena concentraba la mayoría de los trabajadores colombianos, y más si se tiene en cuenta que la UFC no se limitó a la explotación del banano, también dirigía sectores claves de la economía local como los muelles, la aduana y el ferrocarril.
Los trabajadores bananeros eran alojados en los campamentos de las plantaciones: unos ranchos miserables, insalubres, atestados de insectos; sin ventilación, agua potable, duchas o inodoros y donde debían dormir hasta 7 personas en un cuarto de 3 por 3 metros, por lo que, para poder dormir, debían colgar sus hamacas unas por encima de otras.
Dado que la compañía no pagaba los salarios en moneda sino en vales y tenía sus propios almacenes, a los que se les llamaba comisariatos; y que los barcos de la Gran Flota Blanca llegaban cerca de Barranquilla a vender mercancías que traían de Europa, Estados Unidos y las Islas del Caribe, los comerciantes locales de ron, alimentos, herramientas para el trabajo y ropa tomaron partido contra de la empresa imperialista y apoyaron la idea de huelga.
Los comerciantes deseaban que los vales se eliminaran, por ello se aliaron con los trabajadores siempre y cuando estos incluyeran ese punto dentro del pliego de peticiones.
La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena ─compuesta por los sindicatos de Aracataca, Ciénaga, Ciudad Pérdida, El Retén, Guacamayal, Guamachito, Guatemala, Latal, Marne, Motagua, Orihueca y Tucurinca─, el 6 de octubre de 1928 realizó la Asamblea General en la localidad de Ciénaga y unánimemente aprobó un pliego de peticiones compuesto por nueve exigencias:
1) seguro colectivo obligatorio (de acuerdo con las Leyes 37 de 1921 y 32 de 1922);
2) reparación por accidentes de trabajo (Ley 57 de 1915);
3) habitaciones higiénicas (Ley 46 de 1918) y descanso dominical remunerado (Ley 76 de 1926);
4) aumento en 50 % de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales;
5) supresión de comisariatos y libertad de comercio;
6) cesación de pago por medio de vales;
7) pago semanal;
8) abolición del sistema de contratistas;
9) mejor servicio hospitalario.
Como se ve, era un pliego sencillo que solo pedía reconocimiento y cumplimiento de las leyes colombianas. Toda una fundamentación legalista que hacía parte de la tradición de un sindicalismo que buscaba que se promulgaran nuevas leyes de mejoramiento social.
Teniendo como lema: «Por el obrero y por Colombia», el pliego fue presentado el 22 de octubre a la frutera, y fue desconocido por esta; pese a que el Inspector del Trabajo, Alberto Martínez Gómez, había señalado la legalidad y justeza del pliego. Por tales declaraciones Martínez Gómez fue destituido y retenido tras ser acusado de cómplice de los trabajadores.
El 13 de noviembre de 1928, una gran huelga estalló en toda la región bananera del Magdalena. Una huelga en la que participaban más de 25 000 trabajadores de las plantaciones, que se negaban a cortar la fruta hasta que sus condiciones laborales y prestacionales no fueran mejoradas. Se eligió el camino de la huelga, la acción directa de masas con mítines, concentraciones y propaganda amplia para presionar a la empresa imperialista a que contratara de manera directa a los trabajadores de las plantaciones, construyera hospitales en toda la zona, facilitara el acceso a vivienda digna y compensara a los obreros que sufrían accidentes en el trabajo.
Los huelguistas se organizaron en dos comisiones: una responsable de la logística, con la función de llevar comida, abrigo y bebidas a los huelguistas; y la segunda encargada de que en las fincas de los productores que no apoyaban la huelga no se cortara, transportara ni comercializara el banano.
Los obreros, armados con sus machetes y azadones, bloquearon las vías férreas que articulaban fincas, caseríos y poblaciones donde se producía la fruta. 800 mujeres participaron en la huelga y desempeñaron un papel destacado, no solo de colaboración sino de dirección, organización, planificación y ejecución. Con sus canastos, supuestamente llenos de almojábanas, se movían por la zona, repartiendo el Vanguardia Obrera y El Obrero de Ciénaga, además de las herramientas utilizadas para descarrilar los trenes que transportaban las tropas.
Josefa Blanco, secretaria del Sindicato de Orihueca y conocida como la «obrera de los obreros», era la cocinera de los huelguistas y dirigía un destacamento de 100 hombres con los que se metía entre los guineales para asegurar que no hubiera corte; muchas veces emboscó y redujo a pequeños grupos de serviles soldados que cortaban la fruta para la empresa. Josefa Blanco los llevaba ante el Comité de Huelga para sacarles información, hacerles reflexionar o juzgarlos. También se destacó la alegre Petrona Yance, quien echaba machete a los cultivos para impedir el corte por parte de los esquiroles.
El lunes, 12 de noviembre, el general Carlos Cortés Vargas fue nombrado comandante militar de la plaza de Santa Marta y la zona Bananera; se desplazó a Ciénaga con un batallón de la Segunda División del Ejército y el regimiento Cartagena. Y en la noche del 13 de noviembre se estrenó como jefe militar de la zona encarcelando a 413 huelguistas.
La Sociedad de Agricultores del Magdalena sesionó en Santa Marta la noche del 30 de noviembre, para buscarle una salida a toda la situación. Conformaron una comisión compuesta por delegados de los huelguistas, de los comerciantes, de los pequeños cultivadores locales de la fruta y por algunos militantes del Partido Socialista Revolucionario (fundado oficialmente 2 años antes), para que ─en compañía del jefe de la Oficina de Trabajo─ se reunieran con Thomas Bradshaw, gerente de la UFC, con el propósito de negociar y poner fin a la coyuntura en que se encontraba la economía bananera. Pero, Bradshaw se negó a atender la comisión, con la excusa de que en ella se encontraban delegados de los trabajadores en huelga y que estos estaban realizando sus actividades fuera de la ley. En vista de esto, los representantes de los obreros se retiraron de la ciudad y se fueron para Ciénaga a exigir el último recurso que les concedía la Ley: el arbitramento.
El 1 de diciembre en la mañana llegaron en vapor expreso, fletado por la misma compañía, 200 hombres del ejército, quienes montaron su campamento en el palacio municipal de Ciénaga. Igualmente, en los muelles de los puertos de Santa Marta y Ciénaga habían atracados barcos de guerra, como el cañonero «Colombia» que llegó con su poderío armamentista para reforzar a las tropas.
En la tarde del 2 de diciembre, por solicitud de Cortés Vargas, llegó a Ciénaga otro contingente militar compuesto por 300 hombres del regimiento Nariño; los soldados eran oriundos de Antioquia, pues el general Cortés desconfiaba de los soldados costeños porque muchos de ellos eran antiguos trabajadores de las bananeras o parientes de los huelguistas.
El 5 diciembre, Núñez Roca, gobernador del Magdalena, firmó el Estado de Sitio. El sanguinario Estado colombiano, amparado en la Constitución de 1886, militarizó la zona bananera, prohibió las organizaciones de los trabajadores, permitió el uso de las armas y la prisión contra los pobladores; todo bajo el amparo de que el orden público al que se refería el artículo 121, era asimilable a la guerra. En la noche de ese mismo 5 de diciembre, con el Decreto Legislativo No. 1, el general Cortés Vargas fue nombrado Jefe Civil y Militar de la provincia de Santa Marta.
Esa noche el general se reunió con los agentes de la compañía, se emborracharon para festejar la futura matanza. Luego, congregó a los soldados y se dirigió a la plaza de Ciénaga, en donde los huelguistas esperaban la llegada del gobernador. Los soldados se alinearon alrededor de la plaza armados con ametralladoras y filas de rifles. Cortés Vargas leyó la declaración de Estado de sitio y exigió la dispersión de la multitud. Los huelguistas no obedecieron y, después de ordenarlo por tercera vez, el ejército colombiano abrió fuego.
La plaza de Ciénaga se inundó de sangre. Rifles y ametralladoras fueron descargados contra mujeres, niños y hombres; manifestantes indefensos cuyas únicas armas, si las tenían, eran machetes y azadones. El ejército colombiano, para satisfacer los intereses de una compañía imperialista norteamericana, acribilló a familias trabajadoras que lo único que querían era mejorar sus condiciones de vida.
Tras la masacre el Estado colombiano se valió de los medios de comunicación para desinformar y desdibujar la verdad. Las primeras páginas de los periódicos anunciaban que, en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, en la localidad de Ciénaga y toda la región bananera del Magdalena, se había presentado un combate en el que tropas del ejército se enfrentaron a muerte contra unos revolucionarios y que, como resultado de ese enfrentamiento, se habían dado de baja a 8 bandoleros y 20 huelguistas fueron heridos. Ignacio Rengifo, ministro de guerra, justificó la masacre señalando que «en el Magdalena no hay huelga sino revolución».
En protesta a la masacre de sus compañeros, los huelguistas comenzaron a incendiar y destruir varias oficinas de la UFC y el ferrocarril. Los manifestantes, para huir de la represión y poder alimentarse, se llevaron de los comisariatos de la UFC víveres y abarrotes; algunos edificios de comisariatos fueron incendiados con todo y su mobiliario y los enseres para la venta.
Por su parte, la soldadesca de Cortés Vargas, con el pretexto de perseguir a los huelguistas, saqueó el comercio y las viviendas de los habitantes. Destruyeron las sedes de las organizaciones obreras como la Cooperativa Obrera de Producción y Consumo, y la imprenta de Vanguardia Obrera.
«Una vez terminada la revuelta solo exist[ió] una preocupación en el Ministerio de Guerra: la manera de recompensar a los soldados que participaron en esta hazaña» y la «hazaña» de los héroes de la patria no fue otra que asesinar a un pueblo que no se resignó a vivir una vida llena de privaciones.
No saciado con la masacre, el Estado colombiano se valió de múltiples instrumentos legales como el Decreto Legislativo 02 del 31 de diciembre de 1928 que, en el marco del Estado de sitio declarado para la región bananera, señalaba que los sindicados con motivo o causa en el «movimiento subversivo», así como los que en lo sucesivo fuesen detenidos en relación con esas mismas causas, serían juzgados por Consejos Verbales de Guerra y de conformidad con el Código Militar. Así pues, la democracia burguesa sometía a los civiles a la justicia penal militar.
La cacería desatada contra los huelguistas fue sistemática. Muchos dirigentes tuvieron que exiliarse y otros fueron encarcelados. Los detenidos eran sometidos a torturas y encadenados con grilletes que llevaban la marca de la United Fruit Company. Hubo unos 600 presos, de los cuales 136 fueron condenados en Consejos de Guerra. En esos mismos Consejos fueron procesadas muchas mujeres: 6 meses de prisión para Dolores Jaramillo; un año para Pastora Gómez, de Antioquia; un año para María Castro; 7 años para Gertrudis Bravo de Bolívar; 18 años de prisión para Mercedes Arias, oriunda de Norte de Santander…
Pero, pese a los ríos de sangre y toda la injusticia, la lucha de los bananeros no fue en vano, obligó al Estado colombiano a que después de 1930 se construyeran colegios en el radio total de la zona bananera; cambió la legislación laboral en Colombia, pues se debió promulgar la Ley 83 de 1931 que reconocía el derecho de asociación sindical; en 1936 se reconoció constitucionalmente los derechos sociales como el trabajo, la asistencia social y la función social de la propiedad.
Así pues, la huelga y la masacre de las bananeras demostró que con la lucha se conquistan libertades y derechos y con la lucha se defienden. Los pocos derechos laborales con los que contamos los trabajadores colombianos han sido resultado de luchas arduas y sangrientas, el Estado colombiano no nos ha regalado nada, todo lo hemos arrebatado peleando.
Finalmente, cabe resaltar que la huelga y la masacre de las bananeras fue un suceso de importancia no solo para el proletariado colombiano, sino también para el proletariado mundial, son muchas las lecciones que tales sucesos nos aportaron, tal como lo señaló Victorio Codovilla, Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, quien declaró que la huelga bananera fue una huelga revolucionaria, enfatizando: «La gran huelga bananera, por su importancia y desarrollo, ha demostrado que el problema de la revolución estaba en Colombia a la orden del día, si el Partido –y sobre todo su dirección– hubiesen comprendido la situación revolucionaria del momento, su deber de solidaridad, y se hubiese puesto íntegramente a la obra de extender el movimiento por todo el país, lanzando la consigna –en gran parte realizada espontáneamente por las masas de la zona bananera– de la constitución de los soviets obreros, campesinos y soldados, en lugar de hacer filosofía sobre la necesidad de no confundir la huelga con la revolución sin realizar una acción efectiva para desarrollar la primera en la segunda. (…) Es necesario combatir enérgicamente la concepción falsa, antimarxista y antileninista, de que las huelgas son nefastas para el movimiento revolucionario, que ellas dislocan el plan de un golpe militar y que por ello los sindicatos son superfluos y la lucha por las reivindicaciones inmediatas inútiles. La huelga bananera ha demostrado, precisamente, cómo, a través de las reivindicaciones inmediatas, puede desarrollarse una acción revolucionaria de masas, transformarse en insurrección armada y plantear la cuestión del poder».
Las lecciones dejadas por la huelga y masacre de las bananeras, siempre vigentes, cobran mucha importancia ahora, cuando el proletariado y el campesinado se preparan para un nuevo levantamiento contra el régimen mafioso y paramilitar uribista, recuperándose de la feroz ofensiva terrorista desatada después del 28 de abril de este año. Ha quedado claro nuevamente que las clases dominantes, ahora comandadas por la mafia uribista desde el gobierno, no están dispuestas a retroceder en su política antiobrera y antipopular para satisfacer la voracidad de los grandes capitalistas y los monopolios imperialistas, respondiendo a las justas peticiones populares con bala, desapariciones, mutilaciones, violaciones y persecución.
Por consiguiente, el pueblo no tiene otra salida que prepararse para tumbar el régimen mafioso con la fuerza de la huelga política y la insurrección popular, y establecer un nuevo gobierno basado en la alianza de los obreros y campesinos para resolver los problemas que los explotadores no quieren y no pueden resolver.
Igualmente, no hay otra salida que reimpulsar y fortalecer las Asambleas Obreras, Campesinas y Populares, como embriones del nuevo poder popular, así como fortalecer los destacamentos para enfrentar el ESMAD y avanzar en la creación de la milicia popular para derrotar las fuerzas militares enemigas.
Y como demostró la experiencia de las bananeras, también ahora urge contar con el Partido de la clase obrera; construirlo es la tarea principal de los obreros conscientes, de los intelectuales revolucionarios y de los verdaderos dirigentes y activistas del movimiento de tal forma que los próximos combates del pueblo colombiano contra sus centenarios enemigos no sea aplastada en sangre, ni desviada por los falsos amigos del pueblo que proponen cambiar todo para no cambiar nada desde el gobierno y el Estado de los explotadores, ni entregada en las mesas de traición por los jefes vendeobreros.
