El 15 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional contra la Brutalidad Policial. Un día para levantar combativamente nuestros puños y denunciar todos los atropellos que a nivel mundial comete la policía de todos los países contra civiles en diferentes partes del mundo. Civiles que, en su gran mayoría, hacen parte del pueblo: jóvenes obreros, mujeres oprimidas y explotadas, migrantes mal llamados «ilegales», comunidades negras, indígenas y campesinos pobres, personas de los colectivos LGBT+, pensionados, maestros, desempleados, etc., sectores del pueblo que han sido el blanco de la violencia desmedida por parte de los aparatos policiales.
El origen de este día se remonta al 15 de marzo de 1997 gracias a la iniciativa del Colectivo Opuesto a la Brutalidad Policial (COPB), también conocido como «Collectif Opposé à la Brutalité Policière», de Montreal (Canadá), y del grupo Black Flag (Bandera Negra) de Suiza, debido a la agresión policial del que fueron víctimas dos menores de edad de 11 y 12 años. Desde ese día, se realizan diferentes actos públicos de protesta para rechazar el accionar de la policía que se enmarca por fuera de los llamados Derechos Humanos y de la legalidad burguesa y que comprenden delitos que comete esa institución como por ejemplo, uso desmedido de la fuerza, violación de los protocolos establecidos para neutralizar hechos de desorden público, uso de armas letales y «no letales» para lesionar gravemente o quitarles la vida a manifestantes, secuestro, tortura, desaparición forzada, golpizas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, etc.
En Colombia, son conocidos los abusos policiales que se cometieron durante los años en que la mafia uribista ostentaba la Presidencia de la República, primero con los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y después, durante el mandato del presidente títere, Iván Duque Márquez. Eso no quiere decir que durante los demás mandatos presidenciales no hayan existido casos gravísimos de brutalidad policial. Sin embargo, es innegable que durante estos 12 años los casos de abusos policiales -esa forma que toma la política criminal del terrorismo de Estado- se exacerbaron contra el pueblo.
No olvidamos que, durante los paros nacionales y protestas majestuosas para la lucha de masas, que incluyen los años del 2019, 2020 y 2021, hubo cientos de jóvenes detenidos arbitrariamente, a quienes les fabricaron «falsos positivos judiciales» que precisamente iniciaron desde la captura ilegal de todos ellos a manos, generalmente, de patrulleros de policía serviles al régimen paramilitar de la mafia. No perdonamos la muerte de Javier Ordóñez el 8 de septiembre de 2020, el ingeniero que fue asfixiado, torturado y golpeado hasta la muerte por agentes de la policía dentro de un CAI en Bogotá. No podemos olvidar que el 9 y 10 de septiembre de 2020, como respuesta a ese asesinato, se generaron protestas en muchas ciudades de Colombia, pero especialmente en Bogotá y Soacha, dejando como saldo 13 jóvenes asesinados con armas de fuego casi todos, producto del accionar delictivo de los policías que usaron sus motos, uniformes modificados de dotación y armas sin registro para asesinarlos.
Tampoco podemos olvidar que el anterior ESMAD de la Policía cometió miles de abusos a lo largo y ancho del país, incluso asesinatos contra los luchadores del pueblo. Y tampoco olvidamos que una de las promesas de campaña del actual presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, fue el desmonte de ese escuadrón de matones a sueldo, y separar la Polícia del Ministerio de Defensa para dejarla como una fuerza civil dependiente del Ministerio de Gobierno o del Interior; sin embargo, a lo máximo que llegó el gobierno reformista del Pacto Histórico fue a cambiarles el nombre y los colores del uniforme del ESMAD, llamado ahora Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) lo que no representó mayores cambios en la realidad, pues no han cesado sus prácticas terroristas de abuso policial contra los manifestantes, a la vez que la Policía Nacional sigue siendo parte de las Fuerzas Militares e institución del Ministerio de Defensa.
Esto se ve reflejado en las siguientes cifras tomadas del informe La violencia uniformada. Una radiografía del abuso policial en Colombia (2019-2023) elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otras organizaciones:
«Entre enero de 2022 y agosto de 2023, la violencia contra manifestantes persistió a pesar del cambio de gobierno y las estrategias como la “Transformación Policial + Humana”. No se han observado mejoras significativas en las calles, respecto a las instancias de diálogo, mediación y el cambio doctrinario en las fuerzas de seguridad. Según el Sistema de Información de Agresiones contra la Protesta Social -SIAP-, se registraron: • 656 hechos victimizantes en total, que afectaron a 569 personas. • 2 homicidios. • 321 detenciones arbitrarias. • 139 heridos (8 con lesiones oculares, 3 de ellas en el gobierno de Gustavo Petro). • 87 personas judicializadas. • 51 incidentes de violencia étnico-racial. • 34 agresiones contra defensores de derechos humanos. • 150 denuncias por abuso de poder y violencia policial. En el período analizado, según el SIAP, Bogotá ha experimentado la mayor incidencia de violencia policial en contextos de protesta, con un 59% de los registros, seguido por Antioquia con un 10%.».
A todos estos casos se suma la impunidad con que la justicia burguesa cubre los crímenes cometidos por la Policía Nacional como lo hizo, por ejemplo, la ex Procuradora de la mafia, Margarita Cabello.
Los comunistas seguimos insistiendo en que a la violencia reaccionaria es necesario oponerle la violencia revolucionaria. A la par que se lucha por conquistar la reivindicación política de vincular la policía como cuerpo armado de carácter civil al Ministerio del Interior para que sea desvinculada del Ministerio de Defensa; llamamos a organizar los Grupos de Choque y las Milicias Populares que garanticen la seguridad del pueblo y que se encarguen de neutralizar a esos elementos que abusan de su poder armado y cometen crímenes contra las masas populares. Las clases dominantes y sus podridas instituciones como la policía le temen a la organización revolucionaria y combativa del pueblo. Es hora de nivelar las fuerzas y en un futuro no muy lejano, de que bajo la dirección del Partido revolucionario del proletariado, el Ejército Popular supere y derrote las fuerzas reaccionarias del enemigo.
Este 15 de marzo, el pueblo colombiano debe manifestarse contra la brutalidad policial, sumándose a esta jornada internacional, como demostración del proletariado y los pueblos del mundo contra las fuerzas de la reacción, que en todos los países pretenden aplastar la justa rebelión contra explotación y la opresión capitalista-imperialista.
