Hace tres años, los días 9 y 10 de septiembre de 2020, se presentó uno de los episodios más importantes en la historia del país. En dos días, las masas populares, especialmente jóvenes, destruyeron casi la mitad de los CAIs en Bogotá. Una acción ofensiva del pueblo contra las fuerzas militares, comparada por algunos con el 9 de abril de 1948.
En esos dos días, fueron asesinadas 14 personas en Bogotá y Soacha a manos de agentes policiales, después de que estallaran las justas protestas que encabezaron jóvenes en los barrios populares, luego de que se conociera el video en el que en la noche del 8 de septiembre dos patrulleros agredieran a Javier Ordóñez brutalmente, un taxista y estudiante de derecho de 43 años que después fue asesinado por los patrulleros en el Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villaluz en el occidente de Bogotá.
El brutal ataque, que inició con la asfixia y choques con una pistola eléctrica tipo teaser contra Ordoñez en plena calle, continuó dentro del CAI donde le ocasionaron nueve fracturas en el cráneo entre otras lesiones (en el pecho, las costillas, la espalda, el ombligo, la cabeza, riñones y hasta le encontraron esquirlas de bala en su pierna derecha) y finalmente, lo mataron.
Esta fue la “chispa que incendió la pradera” de la rebelión popular. Los CAI de muchos barrios fueron el blanco de ataque de las masas juveniles que se fueron citando por redes sociales y aplicaciones de mensajería como Whatsapp y Telegram. A la par que se iban congregando, fueron atacando con piedras, palos, e incluso bombas incendiarias o Molotov, a los CAI y a los policías que se encontraban dentro de ellos. Al verse desbordados por la acción directa de las masas, la Policía Nacional ejecutó con sevicia el terrorismo de Estado contra los jóvenes del pueblo: algunos policías llenos de pánico y por orden de sus superiores dispararon sus armas de fuego (las de dotación y las no registradas con las que hacen sus “torcidos”) directamente contra la humanidad de la juventud rebelde; se vistieron de civil o se voltearon los chalecos y usaron cascos sin identificación y motocicletas con las placas cubiertas, para matar a quienes salieron a protestar justamente por el asesinato del abogado.
Finalmente, fueron incinerados 72 CAI y como ya se dijo, 14 personas entre manifestantes y transeúntes resultaron asesinadas. La imperialista Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó en un informe publicado en 2021, “que 11 de los asesinados [en Bogotá] fueron por causa del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía, a los cuales, según el informe, no se les ordenó con contundencia, ni a nivel nacional ni distrital, usar sus armas de fuego en contra de los manifestantes. Relatan que los asesinatos de los civiles desarmados se presentaron en las localidades de Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco homicidios), Engativá (dos homicidios), Kennedy (un homicidio) y en el municipio de Soacha (tres homicidios). Que los asesinados (13 de las 14 víctimas) llegaron a Bogotá de otras regiones en busca de oportunidades; eran jóvenes que estaban entre los 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas); ninguna era profesional (11 bachilleres) y sus ingresos económicos eran paupérrimos (13 de los 14 estaban devengando ingresos cerca del salario mínimo)”, como ya se había denunciado en este Portal. Aparte de los 14 asesinatos, 75 personas fueron lesionadas con arma de fuego, 43 con arma cortopunzante, 187 lesionados por otras causas y 216 policías heridos a causa del odio de las masas.
Entre los muchos videos y demás material gráfico que se encuentra en internet, queremos recomendar la siguiente serie de videos en los que se puede ver el dolor de las familias y la historia de vida de algunas de las personas asesinadas por el Estado. https://www.youtube.com/playlist?list=PLnZ5vxmbAsMl3Fofbbd-cD6mz7vDyZwjm
Por parte del Estado, la alcaldesa Claudia López derramó lágrimas de cocodrilo en 2021, cuando el pueblo sabe que ella fue la responsable de no dar la orden expresa a la Policía de no disparar y no usar la fuerza de forma desmedida y brutal, como finalmente sucedió; algo inherente al régimen de la mafia que en ese momento estaba en cabeza del presidente títere Iván Duque. Cabe resaltar que el poder político del Estado, se encontraba en manos de la mafia uribista, un régimen especial por la forma como gobernó, usando todo el aparataje o maquinaria estatal para aplastar al pueblo en el campo y la ciudad, usando la más brutal represión sobre las masas desarmadas, bien sea para reprimir la protesta social o para despojar a los pobres del campo por medio de las fuerzas estatales y paraestatales.
La impunidad en este caso, como en muchos otros, campea a sus anchas. Ni los autores intelectuales (el régimen de la mafia encabezado por Duque y las clases dominantes) ni los ejecutores materiales de la masacre, han recibido el castigo que se merecen, demostrando una vez más, que en la justicia burguesa el pueblo no va a encontrar el castigo para sus verdugos. Si bien la Procuraduría formuló cargos contra los patrulleros Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla por los tres homicidios que sucedieron en Soacha, todo avanza a paso muy lento, pues no existe una sola condena por esos abominables hechos contra las masas del centro del país.
Después de tres años de la masacre, la situación política del país ha cambiado, pues ya el poder de la mafia no se encuentra en la presidencia, sino, que Gustavo Petro es presidente como representante del Pacto Histórico. Petro y el reformismo en general, lograron canalizar la rebeldía juvenil, el descontento popular que se vivía en el país en contra de las medidas que impuso el uribismo y se constituyeron como el nuevo gobierno. Es así como prometió, entre otras cosas, el desmonte del ESMAD, la liberación de los presos por luchar, medidas que a la fecha no ha cumplido, demostrando que el poder económico, político y militar de las clases dominantes sigue intacto, pues ni la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas van a entregar el poder pacíficamente; igualmente demuestra que la rebelión se justifica, pues bajo la democracia burguesa no basta con ser gobierno para tener el poder.
La masacre dejó grandes enseñanzas a las masas populares que se resumieron muy bien en su momento en este Portal y que en esencia son:
- La primera y más importante lección es que las masas se atrevieron a lanzarse a una acción ofensiva contra las fuerzas policiales. Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre le da una nueva cualidad al movimiento y demuestra prácticamente que sí se pueden derrotar las fuerzas asesinas del Estado.
- La segunda lección fundamental tiene que ver con la necesidad de preparar las fuerzas populares para el combate. Los hechos dejan claro que las fuerzas militares dispararán contra el pueblo desarmado frente a cualquier acción ofensiva suya. Es urgente construir y generalizar los Grupos de Choque para repeler y aplastar al ESMAD y su escudera, la Fuerza Disponible de la Policía. Y en segundo lugar, empezar a construir la Guardia o Milicia Popular; que en momentos como los del 9 y 10 de septiembre, es decir, en las acciones militares ofensivas contra las fuerzas de la reacción, se propongan desarmar a los policías y se encarguen de liquidar físicamente a quienes disparen contra las masas.
- La tercera lección fundamental es la relación que debe existir entre los combates a las fuerzas represivas y la movilización general de los trabajadores y el pueblo. Si bien las acciones fueron masivas y contundentes, no debe olvidarse que las acciones militares para que sean aún más decisivas deben estar respaldadas por la Huelga y el Paro.
- La cuarta lección fundamental tiene que ver con la composición de clase de las fuerzas militares y la necesidad de descomponerlas.
- La quinta lección fundamental destaca la importancia estratégica y táctica que tiene Bogotá y la vía de la revolución en Colombia. Las acciones ofensivas en la capital se extendieron a las principales ciudades y a otras ciudades intermedias y pequeñas en el transcurso de pocas horas; demostrando que todo cuanto ocurra en la capital tiene resonancia e incidencia en todo el país.
El llamado es a no confiar en los partidos políticos de la pequeña burguesía reformista, que invitan a creer ciegamente en la democracia burguesa, en el Estado de los capitalistas y en que con un gobierno como el de Petro se podrá lograr un verdadero cambio; la invitación al pueblo oprimido y explotado es a unirse y organizarse para presionar con la lucha directa al “gobierno del cambio” para que cumpla las promesas realizadas en campaña; y sobre todo, a prepararse para los próximos levantamientos que serán empujados por la misma situación de hambre y miseria a la que las clases parásitas del país empuja al pueblo a diario.
No basta con que el reformismo sea gobierno, no basta resistir. Es necesario organizar las fuerzas desde abajo, con independencia del Estado y prepararlas para la lucha, único camino para conquistar las reivindicaciones populares (por salud, trabajo, alza general de salarios, vivienda, etc.) que les permitan confrontar en mejores condiciones a burgueses, terratenientes e imperialistas, clases que someten a las masas trabajadoras de todas las formas posibles. Este es el camino para forjar las fuerzas que, por medio de la guerra popular dirigida por el Partido del proletariado, conquisten los cambios radicales que tanto necesita la sociedad y el Planeta Tierra para evitar ser destruidos por el apetito voraz e insaciable de los dueños del capital.
