En el departamento del Chocó la educación pública está en jaque. Los docentes desde el 13 de enero, día de ingreso a las semanas institucionales en todo el país, se encuentran en paro indefinido. La razón de su lucha se debe a que les adeudan el salario y prima del mes de diciembre de 2025, dejando a cientos de docentes y sus familias sin medios de subsistencia, y además poniendo en peligro la educación de miles de estudiantes.
El incumplimiento en el pago del salario es una responsabilidad que recae directamente en la Secretaría de Educación Departamental del Chocó (SED Chocó) y los educadores denuncian que la falta de pago no es un simple retraso administrativo, sino una vulneración reiterada de sus derechos laborales. La situación a los docentes y sus familias a una angustia económica severa, obligándolas a incumplir compromisos básicos como arriendos, servicios públicos y créditos, razón por la cual los docentes se mantienen en asamblea permanente.
Pero el paro no se limita a la capital del Chocó, en municipios como Condoto, Riosucio y Acandí también permanecen sin clases, confirmando que se trata de una crisis de carácter departamental. Ante la ausencia de soluciones concretas, la Unión de Maestros del Chocó (UMACH), anunció la continuidad indefinida del paro y convocó a un cacerolazo por el anillo central Quibdó para ejercer presión, pues las instituciones no les responden guardan un silencio que acrecienta su incertidumbre y preocupación.
Según el mismo gremio docente, las cuentas destinadas a la nómina educativa se encuentran embargadas por un monto superior a los 15.000 millones de pesos, y de acuerdo con las autoridades esta es la razón principal del no pago. Sin embargo, para los maestros esta explicación resulta insuficiente y alarmante, pues dicen que ni siquiera durante anteriores procesos de intervención del sector educativo en el Chocó se había llegado a una situación como esta, lo que evidencia que hay problemas en la administración y planeación de los recursos públicos, mejor dicho que la institucionalidad no está priorizando el derecho a la educación en el Chocó.
Y esto se ratifica porque hasta el momento, no se conocen pronunciamientos contundentes del alcalde ni de la Secretaría de Educación Departamental, no explican cómo se llegó a esta situación, quiénes son los responsables directos del embargo y qué medidas concretas se están tomando para garantizar el pago inmediato de los salarios y la reanudación de clases. Por eso, distintos sectores sociales y del magisterio exigen investigaciones administrativas y fiscales, considerando que un embargo de esta magnitud podría estar asociado a malos manejos, deudas acumuladas o presuntas irregularidades en la gestión de recursos. Si bien no existen hasta ahora fallos judiciales que confirmen actos de corrupción, la opacidad institucional alimenta la desconfianza del pueblo chocoano.
Lo cierto es que el regreso a clases en el Chocó está en veremos y no por culpa de los docentes que no exigen privilegios, sino el pago que merecen por vender su fuerza de trabajo y el respeto a sus derechos. Aquí la responsabilidad es de la secretaría de educación, de la alcaldía y porque no, del mismo Ministerio de Educación, que no se pronuncian ante la vulneración de los derechos de los trabajadores de la educación y del derecho mismo a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes.
Llamamos a difundir la lucha de los compañeros docente en el Chocó, llamamos a la Fecode a apoyar el paro y exigir también soluciones inmediatas a esta problemática y llamamos también a quien se ha llamado el gobierno del cambio, a poner los ojos en este conflicto que pone en riesgo la subsistencia y educación de todo un departamento.
