Las reformas sociales propuestas por el Gobierno, han tensado las contradicciones políticas en el país, resaltando divisiones al interior de los explotadores y también en las filas de los explotados.
Existe un sector de capitalistas amigos y partícipes directamente en el Gobierno, por la identidad del programa reformista con los mandatos económicos de la OCDE y del FMI, y con el orden constitucional burgués de sometimiento al poder del Estado burgués. Y existe otro sector mayoritario de capitalistas encabezado por la mafia, cuyo régimen de terror acorralado por los estallidos sociales si bien fue obligado a ceder la Presidencia del Gobierno a la colación reformista, no perdió su poder político en el Estado: en las fuerzas militares y paramilitares, en el aparato judicial y en el Congreso. Un poder que esgrime febrilmente contra el Gobierno y sus reformas, a través de mandos militares en retiro tanteando las condiciones para retomar el ejecutivo por la vía del golpe militar; a través de la Procuraduría y la Fiscalía donde el Fiscal de bolsillo de la mafia, enfrenta abiertamente al Gobierno, como si fuera un político en campaña electoral; a través de sus representantes en el Senado y en la Cámara, donde los parlanchines títeres de los capitalistas so pretexto de rechazar las reformas propuestas, legitiman la defensa de los privilegios e intereses de los explotadores.
Esa gran campaña contra las reformas sociales del Gobierno amplificada por los grandes medios de los monopolios capitalistas, sirvió de condición favorable a la convocatoria hecha por los jefes de las Centrales Sindicales y de los partidos gobiernistas a las manifestaciones del 7 de junio. Un numeroso sector de trabajadores partidarios del Gobierno, se volcó a las calles en rechazo a los partidos reaccionarios y su vocero Fiscal, en rechazo a la gran prensa propiedad y al servicio de los grandes grupos monopolistas, en rechazo a las EPS mercaderes de la muerte; en apoyo al Presidente y a las reformas sociales propuestas por su gobierno, apoyo entreverado con reclamos de cumplimiento a promesas de campaña como la libertad a los detenidos en los Paros. El Presidente Petro quien ya había anunciado su participación en la manifestación de la capital, dio su discurso en ella, exaltándola como muestra del apoyo popular a su gobierno y fuerza de respaldo contra las amenazas y planes de la oposición; a la vez le solicitó a ésta aprobar «las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos». En su alocución hizo llamados a «defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular», a «unirnos para gobernar, la fase que sigue es el gobierno popular», a que «las asambleas populares en cada municipio son para gobernar», y «hoy las armas están al servicio del pueblo, hoy no están contra el pueblo».
No se puede desconocer que los partidos reaccionarios han logrado agrupar en su apoyo a un sector de trabajadores, pero es un sector completamente minoritario, inflado artificialmente por la propaganda de los medios de la mafia y el capital. En cambio sí existe un numeroso sector de trabajadores que ve en los explotadores, principalmente los mafiosos, a sus más encarnizados enemigos; no defiende al Gobierno por su pacto con los capitalistas; pero comparte con los trabajadores petristas la necesidad de conquistar derechos fundamentales arrebatados y aunque lucha consecuentemente por alcanzarlos, no es visible pues su lucha es dispersa, débil su organización y todavía elemental su conciencia política.
Hoy se necesita la unión de todos los trabajadores —gobiernistas y anti-gobiernistas— contra los capitalistas, contra su sistema de explotación, contra su Estado de terror y dictadura que no beneficia a los explotados en nada. Los comunistas revolucionarios apoyamos las luchas que espontáneamente libran los trabajadores, pero como camaradas conscientes tenemos el deber de revelarles verdades que fueron nubladas en el discurso del Presidente, para que la unidad de todos los trabajadores sea construida a conciencia.
No es estrictamente cierto que las reformas garanticen los derechos del pueblo. Las reformas sociales del Gobierno, aunque tienen aspectos que sirven parcialmente a los trabajadores, priorizan el respeto a las ganancias de los capitalistas. Por ejemplo en lo laboral, no basta con las pequeñas mejoras en la contratación o en la jornada de trabajo, es necesario abolir de plano la ley 50 de 1990 y el Decreto 1174; no basta con mejorar un poquito la remuneración de las horas extras, es necesario conquistar ya un alza general de salarios, el subsidio a los desempleados y subempleados. En la salud no basta con recortarle el manejo de los recursos a las EPS, es necesario suprimir de plano ese negocio de la muerte aboliendo la Ley 100 de 1993, y enterrando completamente el proyecto de Ley 010 de 2020.
No es cierto que un gobierno legitimado por el Estado opresor, pueda ser un gobierno popular. Una profunda diferencia entre los trabajadores petristas y los trabajadores no petristas, es en el cómo conquistar las reivindicaciones: con la movilización de los trabajadores para presionar los acuerdos politiqueros parlamentarios, o con la lucha masiva directa de los trabajadores ejerciendo de hecho los derechos, exigiendo con la fuerza de la movilización, del paro, del bloqueo, que sus decisiones se conviertan en ley. De ahí que el llamado del Presidente a organizar Asambleas Populares para gobernar, es una caricatura del papel de las Asambleas Populares surgidas en el levantamiento social, es colocar las Asambleas Populares al servicio de las súplicas de los políticos intermediarios ante quienes sí tienen el poder del Estado, la mafia y demás capitalistas. El pueblo colombiano sí necesita retomar la organización de las Asambleas Populares, pero no por mandato ni al servicio del viejo poder burgués, sino como embriones de un nuevo poder construido de abajo hacia arriba, legislativo y ejecutivo al mismo tiempo, un nuevo poder de los obreros y campesinos.
No es cierto que hoy las armas estén al servicio del pueblo. El Estado que reconoce y defiende el Gobierno de Petro, no es como dice la Constitución un Estado democrático al servicio de todos los ciudadanos. La sociedad colombiana se divide en clases enemigas, y el Estado es el aparato de la fuerza organizada de los explotadores para oprimir a los explotados, es un instrumento de la explotación capitalista donde las fuerzas armadas son instituciones separadas del pueblo, con el monopolio de las armas para defender el poder económico de los capitalistas. Tanto así que el Gobierno solo le lavó la cara sanguinaria al ESMAD que sigue siendo un escuadrón para reprimir y asesinar al pueblo. Solamente en un nuevo Estado de obreros y campesinos, cuando el poder se ejerza por el pueblo armado, se podrá decir ahí sí, que las armas están al servicio del pueblo.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
Junio 2023
