“Dos sectores burgueses se enfrentan febrilmente: la facción del gobierno encabezada por Santos, el jefe de los ‘falsos positivos’, el mismo criminal que hoy se esconde tras el emblema de la ‘paz’, y la facción opositora comandada por Uribe, mafioso jefe paramilitar, el mismo asesino que hoy se proclama defensor de la ‘justicia’ y los ‘derechos democráticos’”. Esta afirmación hecha en el anterior Editorial publicado digitalmente el 19 de marzo, fue corroborada por hechos inmediatos: un paro armado del clan paramilitar de los Úsuga a manera de preámbulo de la marcha uribista del 2 de abril contra el gobierno; agitación del Inquisidor Ordoñez y del capitalista ganadero Félix Lafaurie (dos beneficiarios del despojo a los campesinos), convocando a los “nuevos dueños” usurpadores de las tierras desalojadas en Córdoba, Magdalena, Cesar, Santander a impedir la restitución propuesta por Santos, quien desde otra reunión con campesinos víctimas en Chaparral (Tolima), junto con sus ministros respondió a los opositores a la restitución y derramó lágrimas de cocodrilo por las víctimas de la guerra. Un rifirrafe continuado en los medios de comunicación, donde ambos bandos se enfrentan por la restitución “en defensa de la ley y de los campesinos”.
Los uribistas, representantes políticos de la burguesía mafiosa acuden a su poder económico, político y paramilitar, para rechazar la restitución santista argumentando que va a expropiar las tierras a los “campesinos compradores de buena fe”, que ni son campesinos ni son de buena fe sino beneficiarios directos de la guerra contra el pueblo. Aprovechan para señalar de guerrilleros a quienes habiendo sido los verdaderos dueños se atreven a reclamar la restitución de sus tierras, para que sean puestos en la mira de su clan paramilitar.
El Gobierno, al frente del Estado representante de todos los explotadores, presenta la ley de víctimas y restitución de tierras, como la máxima redención y justicia para los desplazados, cuando en realidad la “política de tierras” del Gobierno Santos no es devolver la tierra a los campesinos desplazados, como lo demuestran los hechos de la restitución en 6 años de solo 162.000 hectáreas de los 10 millones de hectáreas despojadas. La “política de tierras” del Gobierno Santos legaliza el despojo de los pobres del campo para garantizar la tierra al negocio de la agricultura empresarial del capital imperialista y nacional, y convierte una pequeña parte de los campesinos expropiados en esclavos asalariados de las nuevas fábricas y plantaciones, esclavitud de la cual no escapan las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (ZIDRES).
Aparentando defender los derechos humanos y la vida de los desplazados, el Gobierno rechaza los señalamientos de los uribistas a los reclamantes de tierras, cuando en los hechos van 35 acribillados en procesos de restitución, 346 defensores de derechos humanos asesinados y 16 desaparecidos bajo el Gobierno de Santos. De ahí que sea profundamente engañosa la propaganda de los jefes reformistas y oportunistas, sindicales, políticos y guerrilleros, sobre el fin de la guerra con los acuerdos en La Habana, pues, incluso si las guerrillas entregaran sus armas, la renta extraordinaria de la tierra en la agricultura empresarial seguirá siendo disputada entre las facciones burguesas en una guerra cuyas víctimas no serán otros que los pobres del campo.
La ley de restitución protege el negocio de los capitalistas con la tierra despojada y es un gran engaño para los desplazados, reforzado ahora con la esperanza en los beneficios económicos de los acuerdos en La Habana. Pero allí, como lo declaran los mismos negociadores, no se negocia el “modelo económico ni el régimen político” (léase la explotación asalariada basada en la propiedad privada sobre los medios de producción y el régimen de dictadura de clase de los capitalistas para garantizar la explotación), ni tampoco se negocia nada que se parezca a una verdadera reforma agraria. En La Habana bajo la forma del “desarrollo agrario integral” se refrenda la política burguesa de la agricultura empresarial y se negocia la legalización del botín de los jefes guerrilleros como parte de la legalización del despojo a los pobres del campo. O sea, nada distinto a la esencia de la “política de tierras” de Santos, trazada como un gran acuerdo de los explotadores capitalistas (incluidos los burgueses mafiosos uribistas) para consagrar propietarios “compradores de buena fe” a los beneficiados por la guerra, burgueses, terratenientes e imperialistas, sean grandes grupos empresariales como Argos o simples testaferros de los sanguinarios jefes paramilitares.
Los compañeros desplazados no pueden esperar justicia de sus propios victimarios ni reparación de sus propios despojadores. A pesar de ser 6 millones desperdigados por todas las ciudades y países vecinos, su fuerza no pesa porque siguen creyendo en las falsas promesas de los intermediarios politiqueros, porque sin organización y desmovilizados son impotentes ante las burlas de las instituciones del Estado, víctimas de las estafas de abogados y dirigentes corrompidos, y presas del desánimo y el aislamiento.
El inmenso número de desplazados se puede convertir en una poderosa fuerza que aproveche la división de los enemigos para hacer valer sus derechos a una verdadera restitución con libertad de retornar o no, al trabajo, vivienda, salud y educación, a una reparación integral como víctimas de la guerra reaccionaria, si se organizan y luchan con independencia del Estado, de la Iglesia y de los partidos políticos de los explotadores, si agrupan sus organizaciones locales en una única Organización Nacional de Desplazados, si juntan su lucha a la de los obreros y campesinos, si se vinculan a la preparación del Paro Nacional Indefinido.
La amarga y dolorosa experiencia de la guerra contra el pueblo, enseña a los pobres del campo, que de los burgueses, terratenientes e imperialistas solo se recibe persecución, despojo y muerte. Ellos son enemigos a muerte del pueblo colombiano, que siempre utilizarán el poder político del Estado y de sus fuerzas militares y paramilitares, para defender el régimen capitalista de explotación amasando riquezas con el sudor y sangre de los obreros y campesinos.
No queda otro camino que unir fuerzas con los hermanos campesinos y con la clase obrera cuyos elementos más revolucionarios trabajan hoy por construir un partido político propio que mañana dirija la gran alianza de los pobres de la ciudad y del campo en la lucha política revolucionaria que por la fuerza de las armas derrocará el poder de los opresores y explotadores, y construirá un nuevo Estado cuya misión será expropiar a todos los expropiadores y despojadores para retornar la tierra y demás medios de producción a sus verdaderos dueños: los trabajadores.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
