Compartimos la siguiente opinión de un lector que nos hizo llegar al correo esta crítica contra el gobierno de Abelardo de la Espriella que intenta, inútilmente, menospreciar y en últimas, de acabar con los campesinos como categoría dentro de las clases sociales en Colombia. Es una sucia campaña de propaganda para anular la fuerza principal de la Revolución en Colombia, la Alianza Obrero Campesina, pues al intentar borrar a una de sus partes, quiere desaparecer a la Alianza como tal.
Por encima de los deseos de las clases reaccionarias y del gobierno del aboganster, basta recordar que los campesinos se subdividen según sea su posición frente a los medios de producción, su relación con ellos, como se expuso muy bien en la revista Negación de la Negación 2 que es el Compendio de la Línea de Masas de la UOC (mlm). Por ejemplo, la burguesía agraria o los campesinos ricos, es aquella que explota fuerza de trabajo pero a la vez sufre la explotación de los terratenientes y capitalistas financieros. Es enemiga de la Revolución, pero por sus contradicciones con los terratenientes y burgueses es susceptible de neutralizar. La pequeña burguesía del campo está constituida por toda la capa de los pequeños propietarios que son dueños de medios de producción y explotan fuerza de trabajo pero que a la vez tienen que trabajar. Constituyen una parte importante de la sociedad siendo su capa inferior aliada confiable de la revolución y sus capas media y superior menos confiables. Y por último, se encuentran los campesinos pobres, que aun teniendo una pequeña parcela tienen que vender su fuerza de trabajo durante la mayor parte del año para poder subsistir.
Ninguna campaña de propaganda reaccionaria puede acabar con los campesinos en Colombia y mucho menos la hermandad de clase que existe entre el proletariado y los campesinos más pobres del país. Agradecemos al compañero Pavel por su escrito y esperamos que nuestros lectores sigan enviando sus aportes y opiniones al correo revolucionario.
Revolución Obrera
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El campesino, aunque lo vistan de empresario, campesino se queda
El pasado 8 de septiembre, el ministro de agricultura del gabinete del presidente y aboganster Abelardo De La Espriella, Indalecio Dangond, anunció ante el Congreso de la República que su cartera, de ahora en más, no se referirá a quienes producen con su esfuerzo físico los alimentos del país como «campesinos» por considerarlo una forma «despectiva» para nombrar a quienes de ahora en adelante serán llamados «pequeños empresarios del campo».
Este truco de cambiar la forma para intentar disolver el contenido no resultará inesperado para ningún marxista. La relación social que existe entre campesino y «empresario» es de largo trecho, pues esta última describe a un sujeto que posee medios suficientes para competir, acumular capital e incluso contratar fuerza de trabajo ajena en condiciones más o menos parejas con otros capitalistas. El campesino colombiano no se encuentra en la posición social para hacer ninguna de estas cosas descritas anteriormente. La mayor parte del campesinado colombiano trabaja la tierra con medios de producción insuficientes —que en muchos casos no son suyos—, vende su cosecha a intermediarios que le fijan precios degradantes, se endeuda para sembrar la próxima cosecha, no controlan el crédito ni tampoco el transporte y sus ingresos provienen prácticamente enteros de su propia explotación asalariada. No tienen control de casi nada aquello que decide si su trabajo del año se traduce en subsistencia o en ruina; en supervivencia o en hambre.
Por ello, señor ministro, llamarlos «empresarios» no cambia su posición estructural. Es poco más que un juego semántico cargado de oportunismo y un mensaje que transmiten los representantes del capital y los terratenientes. Esta artimaña busca esconder tras eufemismos baratos una profunda desigualdad de condiciones que han marcado la vida del campesinado colombiano. Desde el aparato del Estado burgués que hoy representa Dangond se difunde una narrativa que desconoce, por medio del lenguaje, la extensa historia de lucha que han cargado tras de sí los campesinos.
No hace falta sino abrir los empolvados libros de historia, que a los colombianos nos han empujado a dejar en el olvido, para comprender que esta no es ni de lejos la primera vez que el Estado burgués colombiano busca desarmar al campesinado. Nos remontamos, entonces, a 1972 cuando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC buscaba la reivindicación de sus exigencias ante el Comité Ejecutivo de la Reforma Agraria, en pleno gobierno encabezado por Misael Pastrana. La autoridad nacional mostró una profunda ineficiencia en el proceso de reforma agraria, además de que buscó incansablemente restarle importancia a la redistribución de la tierra y a la expropiación de latifundios improductivos para entregarlos al campesinado. Sumado a esto, se llevó a cabo el conocido «Pacto de Chicoral» donde los poderes ejecutivo y legislativo pactaron con los terratenientes y latifundistas para frenar por la línea legal cualquier intento de expropiación e incluso hacer que para el estado fuese casi imposible adquirir tierras para redistribuirlas.
Sumado a esta situación, el gobierno buscó generar división al interior de la ANUC propiciando su fragmentación en dos líneas muy marcadas: la línea Armenia y la línea Sincelejo; la primera, influenciada por el gobierno nacional, buscó alcanzar las reivindicaciones por medio de reformas, mostrando una clara orientación hacia la vía legalista; la segunda, por el contrario, se mantuvo combativa bajo el lema «tierra pa’l que la trabaja».
Con el tiempo, los métodos cambian, pero la finalidad se mantiene. En su momento, el Estado burgués generó un fraccionamiento dentro de la asociación campesina más importante del país, y hoy busca generar un fraccionamiento de la consciencia colectiva de los colombianos tratando de que aquellos que producen los alimentos dejen de ser nombrados con un sustantivo que revela su historia de violencia, injusticia, despojo, explotación y constante lucha.
Colombia no ha dejado de ser una sociedad donde el latifundio, la renta de la tierra y la concentración de la propiedad organizan la vida material de millones de personas. Esto no es una cuestión que el discurso empresarial del gobierno de Abelardo de la Espriella vaya a modificar con este vago truco semántico, en realidad, es la propia estructura de dicho discurso, promovido por quienes defienden a los dueños de la tierra, la que la pretende invisibilizar.
Toda esta polémica decisión del ministro de agricultura acontece unos años después de que el Congreso de la República, impulsado por el saliente gobierno progresista y socialdemócrata, identificara al campesino como sujeto de especial protección. Este intento de que el Estado burgués reconozca así sea en el papel, a los campesinos como sujetos políticos que requieren intervención del Estado para mejorar sus condiciones, se ve desmoronado por un gobierno que considera que llamarlos así es «despectivo» y por lo tanto los renombra como «pequeños empresarios del campo». Para que el aparato estatal intervenga por ellos debe existir alguien que no solo se perciba como campesino, sino que efectivamente lo sea día a día, por lo cual, no debe sorprender que esta decisión de modificar el apelativo con el que se refieren a los trabajadores del campo no represente otra cosa que un intento deliberado por parte del gobierno nacional para burlar las pretensiones y sus propias obligaciones de proteger al campesinado.
No se defiende la palabra campesino por mera nostalgia o folclor, sino, porque representa el conjunto de personas en la sociedad capitalista con unas condiciones históricas que han sido mancilladas por los gobiernos capitalistas, terratenientes y pro-imperialistas de Colombia y del mundo. Porque son los mismos de ayer y hoy, con mejores o peores condiciones, pero con decenas de reivindicaciones que no han sido resueltas. Desde la ANUC hasta el acuerdo de paz con las ex FARC, estas condiciones siguen siendo manoseadas por el poder del capital. El campesino no necesita que le cambien el nombre, necesita que le modifiquen y mejoren sus condiciones materiales y acceso a una tecnología que le permita hacer menos insufrible su labor; necesita poseer la libertad de fijar el precio de los alimentos que cultiva y vende; requiere posibilidades de realizarse, de prepararse políticamente y defender lo que es fruto de su trabajo. Trabajo que al final del día, se ve traducido en el pan de nuestra mesa.
Por: Pavel
