El pasado 9 de abril, se celebró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, según lo proclamó el Artículo 142 de la Ley 1448 de 2011 o mejor conocida como Ley de Víctimas que ordena que «se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas». Este y otros artículos de esa ley, exponen el deber de memoria del Estado colombiano, como parte del principio y derecho a la verdad que tienen las víctimas, dentro de lo que llamaron la “justicia transicional”, en la que está considerada: la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; entonces el Día Nacional de Víctimas, hace parte de la memoria nacional que debe promover, según esta ley, el mismo Estado, y de allí se desprenden otras tareas como la creación del Centro de Memoria Histórica, archivos sobre violaciones a los DDHH, etc.
La Ley 1448, aplica para las víctimas de lo que el Estado burgués llama el conflicto interno, es decir, lo que ha sido la guerra reaccionaria contra el pueblo, además de contabilizar a las víctimas, pero sólo a partir del año 1985. Sin embargo, no se cuentan en esa Ley las víctimas que han resultado “al margen de la guerra”, como por ejemplo: los manifestantes heridos o asesinados en marchas y demás, dirigentes sindicales asesinados o perseguidos, las abusadas y violadas sexualmente por agentes del Estado, los detenidos en CAI’s o estaciones de policía que resultan sin vida allí mismo, las víctimas del reciente estallido popular, entre otras.
La solidaridad y memoria con las víctimas, no se puede restringir a la caracterización de esta ley, sino, que se debe ir más allá, considerando el terrorismo de Estado, como la forma en que los capitalistas a través de su máquina estatal y con las fuerzas armadas como su pilar central, ejercen el poder y lo garantizan por medio de la violencia. De ahí que organizaciones como el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) considera, crímenes de Estado los delitos cometidos por los agentes estatales, o por particulares (como los grupos paramilitares) que actúan en complicidad con el Estado, bajo la premisa del “enemigo interno” con el que pretendieron atacar a las guerrillas, pero que básicamente toma como blanco a todo aquel que se oponga al poder del Estado. Dentro de esos crímenes se encuentran el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la deportación o las persecuciones contra el pueblo por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales. No podemos entonces, honrar la memoria de las víctimas en Colombia, sin denunciar radicalmente los crímenes, no de las mal llamadas “manzanas podridas” sino, del Estado burgués, principal verdugo de los trabajadores en el campo y la ciudad, de dirigentes populares, sindicales, indígenas y de las masas luchadoras en general.
La memoria consiste en que los luchadores del pueblo no pueden olvidar a las víctimas de la guerra reaccionaria contra el pueblo y a las víctimas del terrorismo de Estado, tanto del campo como de la ciudad. Y no olvidarlos se convierte en un compromiso con la lucha obrera y popular, lejos del concepto de memoria institucional que quiere imponer el Estado burgués que apenas es hipócrita y formal, o de la memoria de los partidos pequeñoburgueses que no pasa de llorar a los muertos y desaparecidos para exigirle al Estado asesino pequeñas reformas y actos simbólicos que en nada cambian la situación.
La memoria del proletariado revolucionario requiere del compromiso serio de los luchadores con la destrucción violenta del sistema capitalista en Colombia, fuente del más brutal terrorismo estatal en contra del pueblo. Si de verdad se quiere la no repetición, es necesario acabar con el Estado burgués-terrateniente por medio del cual las clases dominantes ejecutan la más brutal dictadura de clase contra las masas explotadas y oprimidas.
