Cuando en la historia de la sociedad surgió una nueva forma de Estado llamado Democracia Parlamentaria, esta se convirtió en la más perfecta manera de velar la naturaleza del Estado desde cuando apareció en escena, la de ser una máquina de dominación de las clases poseedoras sobre las clases trabajadoras de la sociedad.
Con la mentira más grande que se ha contado hasta ahora, se nos dijo que el pueblo por medio del voto elige a sus gobernantes, y que estos a su vez están al servicio del pueblo que los eligió. Ocultando que las repúblicas democráticas, son en realidad la dictadura de los capitalistas, son estos los que eligen gobernantes, dictan las leyes a su favor y ejercen la fuerza de las armas cuando sus privilegios se ven afectados o en peligro.
Pero ¿por qué no podemos ver a simple vista esta verdad? Porque el poder de los ricos mueve los hilos de su dominación de forma indirecta pero segura, a través de la corrupción directa de los funcionarios y a través de la alianza del gobierno con los monopolios.
El reciente escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es un buen ejemplo para entender cómo el poder de la riqueza controla el Estado y garantiza su omnipotencia, independientemente de los cambios de personas, instituciones, partidos, etc. que se encuentren en el gobierno.
Veamos, cuando en julio del año pasado Gustavo Petro fue a La Guajira con todo su gabinete y desde allí declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira con el decreto 1085 del 2023, prometió llevar agua a la región y Ollas Comunitarias, que debían así, por medio de la UNGRD, aliviar la terrible situación de las comunidades. Dichas medidas correspondían a la grave situación que ha vivido históricamente esta región del país, a pesar de ser rica en recursos, pero quienes se han beneficiado de ellos son los grandes capitalistas. Un caso de esos es la apropiación del río Ranchería por parte de las grandes compañías mineras y el más reciente con las llamadas energías verdes, que en La Guajira son los proyectos eólicos, en manos de empresarios privados, que como en todos los proyectos capitalistas, desplazan a los habitantes, acaparan recursos, extraen la riqueza, y si algo “revierten” de ella en la región, es con una que otra escuela o parque, siendo limosnas nada más. De hecho, estas fueron parte de las denuncias que la comunidad le presentó a Petro en los días en que estuvo allí.
Al frente de la UNGRD, Gustavo Petro designó a Olmedo López, un viejo polítiquero, miembro del Partido Polo Democrático, quien se encargó de realizar, junto con el subdirector Sneyder Pinilla, la contratación de 40 carrotanques para llevar el precioso líquido a las regiones más vulnerables y apartadas de La Guajira. Desde la licitación para hacer los carrotanques, comenzó la corrupción, en una aparente igualdad las tres empresas: Luket SAS, BRAND SAS e Impoamericana Roger SAS presentaron sus ofertas de por sí con costos altísimos; pero el feliz ganador fue el que presentó el precio más caro, Impoamericana Roger SAS por un valor de $1.280.000.000 por carrotanque, cuando el precio real era de $664.400.000. El contrato de los 40 carrotanques por tanto fue de $46.000.000.000 generando un sobrecosto de $20.000.000.000. Así mismo pasó con las Ollas Comunitarias, cuyos recursos por más de $20.000.000.000 debían ser girados a las comunidades y quedaron en manos de contratistas privados que se los robaron.
Dichos funcionarios están acostumbrados al “CVY” o “¿cómo voy yo?” Los dueños del capitalsobornan a los funcionarios del Estado para garantizar que sus negocios se lleven a cabo financiados con la plata del erario, además de quedarse con las ganancias netas. Funcionario que no se deje sobornar no le sirve, y ante eso los dueños del capital sobornan a otros para que los honrados sean despedidos e incluso asesinados. Por eso podemos asegurar que el caso de los carrotanques de La Guajira no ha sido el único y tampoco será el último.
Los casos de corrupción se han presentado en todos los gobiernos, en todas las instituciones del Estado y en todos los países; claro, es verdad que en algunas instituciones se facilita la corrupción, como en el caso de la UNGRD, donde los recursos no deben pasar por demasiados trámites pues estamos hablando de emergencias y como tal se supone que deben ser tratadas con urgencia. Pero esto no quiere decir que, en todos los ministerios e instituciones como el DAPRE, el DPN, el Ejército, la CAR, hasta en la justicia, rama tan respetadísima de la democracia parlamentaria —dizque por su independencia y por su función— no se hayan presentado escándalos de corrupción, para no ir muy lejos recordemos el sonado caso del “cartel de la toga”.
Haciendo memoria de algunos casos de corrupción en diferentes períodos, pues son tantos que no alcanzan estas páginas para mencionarlos todos y con detalle están: el Caso Centros Poblados o «caso MinTic” con la exministra Karen Abudinen, que gracias a ella se acuñó la nueva palabra “abudinear”: dícese del político corrupto que roba a lo lindo los dineros públicos. Pero hay más: el caso de San Andrés y Providencia en el gobierno de Duque, el caso de Las Marionetas, de la Sociedad de Activos (SAE), El carrusel de la Contratación, el escándalo de Fonade o de la «Mermelada Tóxica», el Cartel de los Alimentos en las Fuerzas Militares, Interbolsa, Agro Ingreso Seguro (AIS), el caso Reficar, el caso de Odebrecht, el Cartel de la Chatarrización, el Cartel de las Regalías, el Cartel de la Hemofilia, el escándalo de la DIAN, el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el escándalo de Foncolpuertos…y así, podríamos continuar enumerando los miles de casos que hacen parte de los 200 años de vida republicana en Colombia.
El Estado burgués es corrupto por naturaleza, el político que asegure que va a acabar con la corrupción dice mentiras y entre más sea un adalid de la lucha contra la corrupción es porque está envuelto en casos de corrupción, incluso con las mejores intenciones posibles. Pasar una reforma que en algo beneficie al pueblo, significa dar mermelada como bien lo explicaba Juan Manuel Santos, los proyectos de desarrollo para las regiones, no pasan sin alguna coima y ¿quién tiene el dinero suficiente para darla? los que tienen suficiente capital, son ellos entonces los que se quedan con el negocio. Si en el caso de los carrotanques de La Guajira, se comprueba que los $3.000.000.000 dados al actual presidente del Senado Iván Name fueron para darle agilidad a los trámites de las reformas, ello muestra lo oneroso de pasar, en el caso de la reforma pensional por ejemplo, una reforma que no elimina los fondos privados, deteriora el régimen de prima media, y de remate le sacó al pueblo un dineral para abultar el bolsillo de un holgazán.
¡No compañeros! No vale la pena seguir sosteniendo este Estado, no se trata de Petro y su gobierno, se trata de que el pueblo no puede seguir sosteniendo un aparato tan costoso, o ¿cuánto creen que nos cuesta no más sostener a los congresistas que por estos días les aumentaron el sueldo a $43.000.000?, ¿o sostener el Ejército cuyas armas son utilizadas en contra nuestra? No vale la pena seguir sosteniendo un Estado que es corrupto hasta los tuétanos, que en vez de legislar medidas en favor de los contribuyentes, les exprime hasta más no poder con más impuestos y leyes que les facilita a los patronos superexplotar, a los terratenientes apropiarse de las tierras y a los imperialistas expoliar las riquezas.
Para que los trabajadores puedan disfrutar del producto de su trabajo, necesariamente hay que destruir el poder de los ricos, hay que demoler esa máquina estatal y reemplazarla por el Estado tipo Comuna de París, por la Dictadura de Proletariado, cuyas características son muy distintas a la democracia parlamentaria de los capitalistas.
Es una dictadura sí y los comunistas no ocultan la naturaleza de todo Estado, pero la dictadura del proletariado lo es de la mayoría contra la minoría explotadora, lo que de por sí la convierte en una verdadera democracia; suprime las dos mayores partidas de gasto público como son el sostenimiento del Ejército permanente y la burocracia inservible, lo cual hace que sea un Estado barato; pero además, los funcionarios solo deben ganar el salario promedio de un obrero, agregando a ello que podrán ser removidos de inmediato cuando no lleven a cabo las decisiones tomadas por el pueblo. Aunado a esto, las corporaciones o instituciones del nuevo Estado deben ser legislativas y ejecutivas al mismo tiempo, pues suprime el parlamento, en el cual no se hace más que hablar y engañar al pueblo. Todo esto con el pueblo organizado y armado para garantizar que dichas medidas no sean torpedeadas por los reductos de capitalistas y de alguno que otro logrero de diferentes capas de la sociedad que quieran volver a revivir los funcionarios privilegiados y políticos corruptos de capitalismo.
Para llegar a esta nueva forma de Estado, necesario para instaurar el socialismo, donde sean abolidas la explotación del hombre por el hombre y la propiedad privada sobre los grandes medios de producción (las fábricas, los bancos, el comercio el transporte, la tierra…), tenemos la forma de hacerlo; el Levantamiento Popular la vislumbró, son las Asambleas Populares, las cuales debemos retomar y empezar a ejercer el verdadero poder de los trabajadores; formas de organización que sirven ahora para decidir cómo luchar por conquistar las auténticas reformas en favor del pueblo, a la vez que nos permiten prepararnos para el asalto al poder de las clases dominantes, destruir el viejo y podrido Estado de los explotadores y llegar a esa nueva forma de Estado: La Dictadura del Proletariado.
