Se inicia un nuevo mandato presidencial en Colombia y uno de los aspectos que muestra el derrotero económico, político y social que tendrá, es la composición de su equipo ministerial. Son estos los ejecutores directos de las políticas del nuevo gobierno en cada uno de los aspectos y desde allí es de donde se trazan todos los planes particulares que desglosan el plan de gobierno; al menos, eso es lo que tienen como propósito, que lo logren, depende de muchos otros factores, entre ellos la lucha de clases.
La composición final del gabinete ministerial de Duque muestra no solo la afinidad con su titiritero Uribe, sino además la relación directa de los grandes gremios económicos en la dirección del Estado, es decir, en la ejecución de la Agenda Empresarial, el plan de gobierno para los próximos 4 años. Casi todos los ministros son uribistas y la mayoría vienen de la dirección de los gremios económicos o de grandes compañías:
Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, exministro de la misma cartera en el gobierno de Uribe y reciente Presidente de la Junta Directiva de Fabricato, recordado por frases cavernarias como aquella de que «el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto»; recordado además como privatizador de Telecom y por estar vinculado al escándalo de evasión en los Panama Papers. Guillermo Botero, Ministro de Defensa y expresidente de Fenalco, ultraconservador y uribista hasta la médula, anunció antes de posesionarse «regular la protesta social». Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores, fue la fórmula vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga y uno de los principales jefes del partido uribista. Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior, otra uribista recalcitrante, fue acusada por nexos con los paramilitares y viene de presidir Asomovil, el gremio de los operadores de telefonía móvil. Alicia Arango, Ministra de Trabajo, fue secretaria privada de Uribe durante su gobierno y por tanto, coautora de los peores crímenes e infamias cometidas contra el pueblo colombiano en ese período. Gloria María Borrero, Ministra de Justicia y Derecho, fue consultora para el Ministerio del Interior, asesora en diseño del programa de democracia y reforma a la justicia y Secretaria técnica para la Reforma a la Justicia, todo durante el gobierno de Uribe. María Victoria Angulo, Ministra de Educación, fue subdirectora de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación durante el gobierno de Uribe y duramente criticada por la Asociación Distrital de Educadores por entregar 13 colegios en concesión al sector privado en Bogotá, durante su gestión como Secretaria de Educación del Distrito. Ángela María Orozco, Ministra de Transporte, fue ministra de Comercio Exterior durante el gobierno de Uribe y gerente general de Asocolflores. María Fernanda Suárez, Ministra de Minas, fue Directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y parte de la junta directiva de Isagén, vicepresidenta de Porvenir y ejecutiva en Citibank, Abn Amro y Bank of America, además perteneció a las Juntas Directivas de ISA, XM, FDN, Cenit y Ocensa, y viene de la vicepresidencia ejecutiva de Ecopetrol. Andrés Valencia Pinzón, Ministerio de Agricultura, viene de presidir la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) y fue gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda está directamente vinculado al capital parásito financiero, fue vicepresidente de Asobancaria, director de Análisis Económico de Fedesarrollo, investigador de Anif y consultor del Banco Mundial. Incluso los ministros «menos uribistas» como el Salud Juan Pablo Uribe, fue viceministro de salud de Pastrana y viene de presidir la Fundación Santafé; o del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Lozano, considerado independiente y protector del medio ambiente, viene de dirigir el Centro Nacional del Agua de la ANDI.
Es un gabinete hecho para imponer sin tapujos los intereses de los grandes monopolios y cumplir las exigencias de la OCDE; es decir, aumentar las ganancias de los capitalistas y atraer la inversión imperialista a cuenta de aumentar la superexplotación de los trabajadores y estrangular a los campesinos pobres y medios, y a los pequeños empresarios y comerciantes.
En clara demostración de ese vil propósito, el muy cínico Ministro de Hacienda no tuvo pelos en la lengua para declarar que la política económica del nuevo gobierno será la de favorecer al gran capital y cargar a los trabajadores con mayores tributos: «la competitividad es fundamental y para incrementarla necesitamos empresas rentables que den satisfacción a sus inversionistas que compensen los riesgos y tenemos un Estado que regula demasiado y carga demasiados impuestos a las compañías». Y frente a los salarios de hambre declaró el burgués ahíto, que si el pueblo se muere de hambre y está en condición de sobreexplotación, lo que debe hacerse es ajustar la ley a esa realidad; es decir, rebajar el salario mínimo pues «más o menos, el 40% de las personas en el país ganan menos de ese salario mínimo legal».
Así pues, desde el gabinete ministerial se empujarán nuevas reformas antiobreras y antipopulares como la tributaria, pensional y laboral; a la vez que se reducirá del gasto público, sobre todo el gasto social; se continuará con la privatización de empresas estatales como Ecopetrol… todas medidas que agravarán la crisis social y harán estallar el detonante que empujará la lucha de clases y la lucha de masas en todo el país; una situación que buscan impedir profundizando la persecución y criminalización de la protesta social como ya lo anunció el siniestro Ministro de Defensa.
Ahora bien, en la inevitable lucha contra esas nefastas políticas del nuevo gobierno, compiten duro los dos caminos para enfrentar al Estado reaccionario y sus instituciones: uno, constituido por los que testarudamente siguen creyéndose el cuento de que en el establo parlamentario y con los alegatos inútiles de los «representantes populares» se frenarán las pretensiones de los explotadores; el otro, es el camino que a diario transitan las masas en campos y ciudades, es el de la lucha en las calles, de la movilización y el bloqueo, de la huelga y el paro de la producción, de las asonadas y las huelgas políticas de masas, que hoy tienden a unirse en una lucha general mediante el Paro Nacional Indefinido. Son dos caminos que aunque algunos dicen son complementarios, en verdad son opuestos y se niegan mutuamente, ya que soñar con que este podrido Estado puede ser remendado y ponerse al servicio de los trabajadores, es en realidad un asqueroso servicio a la burguesía, prestado por los politiqueros que son utilizados para mostrar una falsa cara democrática, inexistente bajo la bota dictatorial de los monopolios, ahora abiertamente encaramados en los ministerios.
El camino de las masas es el de la lucha, es el del enfrentamiento contra las instituciones del Estado burgués, donde las batallas actuales sirven como entrenamiento para las que vendrán para solucionar de raíz esta larga agonía del capitalismo como sistema económico en decadencia y que debe ser superado por la historia para ser recordado por las futuras generaciones como una etapa de la prehistoria de la sociedad humana.
