El pasado 28 de marzo, ingresó el Ejército Nacional por tierra y aire disparando a mansalva, contra la población de Puerto Leguízamo, Putumayo. La comunidad denuncia que mientras se encontraban departiendo en un bazar para recoger fondos, los hombres de esa asesina y violadora institución estatal entraron al pueblo a cometer la masacre sin mediar palabra; esta vez no entraron como lo solían hacer en anteriores ocasiones, con pasamontañas y con el brazalete de los paramilitares de las AUC. ¡No! Esta vez lo hicieron abiertamente masacrando a la población inerme, justificándola con un inexistente enfrentamiento contra supuestas disidencias de las Farc. En el hecho, fueron asesinadas 11 personas entre campesinos, proletarios agrícolas y el Gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción Comunal Didier Hernández y el menor de edad Brayan Santiago Pama.
También el 28 de marzo, fueron masacrados tres hombres en el corregimiento Chambimbal, en el municipio de Buga, mismo sitio donde también fueron masacrados 5 estudiantes el pasado 23 de enero. En la zona operan las llamadas disidencias de las Farc, Autodefensas Gaitanistas y grupos de delincuencia común, además de las fuerzas armadas del Estado burgués, encargados de ejecutar la criminal dictadura de las clases dominantes sobre el pueblo trabajador. Igualmente, en el corregimiento El Águila, Valle del Cauca, fueron masacradas 4 personas el pasado 25 de marzo, entre ellas una pareja de esposos que dejaron varios hijos huérfanos, en medio del fuego cruzado entre las bandas criminales y agentes estatales. La población trabajadora es víctima por estar en medio de una zona usada para el transporte de narcóticos, armas y grupos armados entre Risaralda y el norte del Valle.
El terrorismo de Estado, es una política criminal por medio de la cual las clases dominantes ejecutan su brutal dictadura contra el pueblo desarmado, usando sus ejércitos legales e ilegales para cometer masacres, desplazamientos forzados y demás crímenes. Año tras año, se hace el lamentable y doloroso conteo de masacres y muertos que pone el pueblo en todo el territorio colombiano. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz -, reporta las siguientes cifras sobre las masacres en el país: 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres perpetradas en el 2020; 96 masacres en el 2021, con 338 víctimas; y 28 masacres en el 2022, con 94 víctimas, con corte al 31 de marzo de 2022.
La cruenta guerra reaccionaria no parará, mientras las causas económicas que la originan no se eliminen por medio de la organización y lucha directa del pueblo colombiano. La guerra contra el pueblo en Colombia continuará mientras las relaciones sociales de producción capitalistas persistan y sea un lucrativo negocio apropiarse de las tierras que generen mayor renta diferencial gracias a la explotación de mano de obra barata en zonas cocaleras, de marihuana, de minería como la esmeralda, el oro o las grandes plantaciones de palma aceitera.
Esos cambios urgentes que necesita la sociedad, no se darán mágicamente en las urnas, en la farsa electoral que legitima la dictadura de los ricos sobre el pueblo desarmado. Así como sucedió con la firma del acuerdo de paz de La Habana, cuando los sectores reformistas promovían que después de esto bajarían los crímenes contra el pueblo, y nunca sucedió eso; ahora afirman, ilusamente, que se necesita un cambio de gobierno, un cambio de individuo en la presidencia de la república burguesa para que dejen de asesinar a las masas populares, cosa que tampoco pasará.
Cambios radicales necesitan una lucha radical contra el sistema capitalista y esto implica ir a la raíz del problema, atacarlo para destruirlo y acabar con él y con el terrorismo de Estado que impone sobre las masas desarmadas. El cambio del régimen de la mafia en el poder, por un posible nuevo gobierno de la democracia liberal burguesa en cabeza del Pacto Histórico, sería apenas un cambio cosmético en la dictadura que las clases dominantes ejercen sobre el pueblo desarmado, pero de fondo, la guerra contra las masas continuará. El reformismo cumple con su tarea de ilusionar a las masas con cambios constitucionales que de fondo, apenas llegan a maquillar la dictadura burguesa.
Los comunistas revolucionarios deben cumplir con su papel de organizar la rebeldía espontanea de las masas y preparar las fuerzas para los combates que se avecinan, concentrando las fuerzas, a los dirigentes de masas y activistas que movilicen a los obreros y a los jóvenes revolucionarios en las diferentes ciudades del país. Se debe planificar la forma de reactivar las Asambleas Populares que decidan cómo continuar la lucha contra el régimen de la mafia; y cómo organizar los Grupos de Choque y las Milicias Populares que defiendan la vida de las masas cuando los agentes estatales intenten atentar en su contra.
La lucha continúa, incluso bajo un gobierno reformista de Petro, como lo están demostrando las masas populares en Chile y Perú. El terrorismo de Estado, esa política criminal contra el pueblo ejecutada por los reaccionarios, sólo cesará el día que los obreros y campesinos se armen y ejerzan como clase el Poder político bajo la forma de la Dictadura del Proletariado sobre las clases reaccionarias en la sociedad.
