Cierre del hospital La Misericordia en Calarcá
Desde hace días estaba anunciado el cierre del hospital de la Misericordia en Calarcá Quindío. El cierre de este hospital, el segundo más importante de la región, deja sin atención a cerca de 100 mil personas, convirtiéndose en otro crimen del régimen y las clases dominantes colombianas.
Después de muchos meses de denuncias hechas por los trabajadores en cuanto a malos manejos administrativos, chanchullos y violaciones a los derechos laborales cometidos por el gerente Bernardo Gutiérrez, este traficante de la salud apadrinado por la gobernación y protegido hasta por los entes de control decidió cerrar el hospital, declarando cínicamente en los medios que los responsables del cierre de la entidad eran quienes llevan más de 4 meses sin salario.
Luego de meses de guardar silencio y ante la presión de los trabajadores y la comunidad, la Superintendencia de Salud reveló 54 hallazgos de irregularidades en el hospital La Misericordia: tercerización laboral, carencia de manual de contratación, contratos de prestación de servicios directos y con la temporal Soluciones Efectivas SAS sin sustentación alguna, contratos con Soluciones Médicas del Eje Cafetero y Sinergia Procesos SAS sin cumplimiento de las normas de contratación y pagos a los contratistas sin verificación; es decir, chanchullos y politiquería, acompañada de obstrucción a las funciones de inspección y vigilancia.
La Superintendencia dejó en claro además que el hospital, durante vigencia del 2020 «No cumplió con la utilización del porcentaje mínimo legalmente establecido para el mantenimiento hospitalario» lo que se refleja en la ausencia de condiciones mínimas para ejercer la labor del personal médico, especialmente en medio de la pandemia, donde el hospital operó sin cumplir las medidas de bioseguridad, ni garantizó el mantenimiento de los aparatos, e incluso dejó perder vacunas por tratamiento inadecuado de las mismas.
A esa actitud criminal, se suma el que las EPS como Asmet Salud EPS adeuda el 100% de la facturación durante el 2020 y 2021, la Nueva EPS, Sura, Salud Total y Sanitas presentan incumplimiento de giro del 50% de la facturación del mismo período. Deudas que ascienden a más 13 mil millones de pesos, sin contar la deuda no pagada de las liquidadas Cafesalud, SaludCoop y Caprrecom que suma otros 5 mil millones de pesos.
Pero el colmo de la actitud criminal del régimen y las clases dominantes, es que la Superintendencia de Salud no ha tomado ninguna decisión al respecto.
A esa actitud criminal contra el pueblo se suma el cinismo descarado de responsabilizar a los trabajadores, a quienes no les han pagado sus salarios, obligados a trabajar con las uñas y proveerse ellos mismos las medidas de bioseguridad, recibiendo como gratificación el despido por exigir sus derechos, la represión de las fuerzas policiales y las amenazas. Tal fue la situación que obligó a los últimos héroes del hospital a presentar la renuncia.
Pero como se ha dicho desde este medio, los capitalistas, el Estado, el régimen y los medios a su servicio, todos están contra los trabajadores. Hasta el vil contralor del departamento ahora les dice a los trabajadores que se mantienen en la lucha valientemente en las afueras del hospital, al sol y al agua, para salvar el hospital, que son unos calumniadores.
El pueblo de Calarcá, del departamento y toda la comunidad debe volcarse a la denuncia y movilización en apoyo a la lucha de estos trabajadores, en apoyo a los compañeros de la Primera Línea que llevan una semana acampando en las afueras del hospital y fueron amenazados de muerte por los paramilitares el 7 de septiembre.
Se necesita la unidad y el esfuerzo de toda la comunidad exigiendo la reapertura del hospital para que brinde atención a los usuarios en condiciones dignas, el pago de los salarios y acreencias laborales a los trabajadores, el cese de la represión, la persecución y las amenazas.
El cierre del hospital no solo es responsabilidad del bandido Bernardo Gutiérrez o de la negligencia e ineptitud de los actuales gobernantes. Es consecuencia de la Ley 100 del 93 que convirtió la salud en un lucrativo negocio de los capitalistas financieros dueños de las EPS, dejando a su vez los pocos centros de salud públicos que aún sobreviven en manos de los politiqueros corruptos; política que se traduce en ganancias y robo a montón para los capitalistas parásitos y sus politiqueros, y muerte para el pueblo.
La batalla por el hospital La Misericordia de Calarcá, no es un problema de la comunidad de la región, es la batalla para garantizar salud de calidad para todo el pueblo colombiano. Es una de las banderas de lucha por las cuales el pueblo se levantó desde el 28 de abril y ahora se necesita preparar mejor las fuerzas para tumbar con la fuerza revolucionaria de las masas el régimen mafioso y paramilitar, y para que sea el mismo pueblo quien resuelva los problemas que las criminales clases parásitas dominantes no quieren y no pueden resolver porque su único interés es la ganancia.
Abolir la Ley 100 de 1993, enterrar completamente el proyecto de Ley 010 de 2020 y rechazar toda reforma que atente contra la salud pública que debe cubrir a toda la población. Suprimir el aporte a la salud del 16% cobrado a los pensionados. Controlar y acabar la pandemia realizando pruebas gratuitas masivas y vacunación inmediata de toda la población. Fortalecimiento material y científico de la estructura sanitaria. Tales son las medidas que un nuevo gobierno de los obreros y campesinos debe tomar para garantizar la salud del pueblo.
