Por estos días cursa en el establo parlamentario, con solicitud de urgencia por el títere presidente, el proyecto de Ley 010, que tras la mentira de “garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social (…) y la sostenibilidad del Sistema de Salud”, se convierte en otra medida criminal del régimen para darle el golpe final a la salud pública y adelantar medidas contra los trabajadores de la salud, para beneficio exclusivo de los capitalistas financieros y mercaderes de la salud.
De entrada, el proyecto ratifica y toma como base la Ley 100 del 93 y las reformas posteriores que convirtieron la salud pública en negocio privado del capital financiero y de los intermediarios de la salud. Un modelo antisocial y criminal que ha dejado una estela de víctimas con los conocidos “paseos de la muerte”, la desatención en salud a gran parte del pueblo trabajador; un sistema de salud que ahora con la pandemia ha demostrado su carácter reaccionario y total fracaso para atender cualquier problema sanitario; dejando además en evidencia que la mayoría de los fondos públicos de la salud van para el capital parásito financiero, que recibió a través de las mercaderes de la muerte EPS más de 5 billones de pesos en los meses de marzo y abril.
Más de cien organizaciones médicas y sindicales de trabajadores de la salud y personalidades solicitaron al gobierno retirar el proyecto por cuanto no garantiza el derecho fundamental a la salud, declarado en la constitución política y no corresponde a lo establecido por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional. Nada de extrañar puesto que el Estado burgués no está hecho para garantizar el bienestar social del pueblo trabajador sino para velar por los intereses de los grandes capitalistas.
El proyecto le da el golpe final a la salud pública
Contrario a los anuncios de garantizar el derecho a la salud, el proyecto lo que sí garantiza son multimillonarias ganancias a los grandes grupos económicos que manejan el negocio de la salud, las EPS, que de ahora en adelante se llamarán Aseguradoras en Salud – AS. Un cambio de nombre engañoso para seguir entregando los recursos públicos a los capitalistas financieros que no asumen ningún riesgo, pero sí se embolsillan los billones destinados de los recursos públicos para la atención en salud; dineros que el Estado transfiere en la forma de Unidad de Pago por Capitación – UPC, que es el valor anual reconocido por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud – SGSSS para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud – POS, en los regímenes contributivo y subsidiado.
Un sistema que no cubre a toda la población pues las EPS, solo prestan su pésima atención en las ciudades, quedando gran parte de los trabajadores del campo y pequeños municipios sin acceso a la salud. Son más de 20 millones de personas marginadas, la mayoría de ellas bajo el régimen subsidiado, en zonas donde existen algunos hospitales públicos en decadencia, muchos de ellos a punto de derrumbarse o ser cerrados porque no tienen cómo operar, algo que ya se sabía pero quedó aún más claro con la pandemia.
El proyecto se propone además “integrar” los negocios de las EPS y las ARL, algo que ya existe en los hechos pues los dueños son los mismos grupos financieros. Sin embargo, el sistema se mantiene sobre la base del aseguramiento individual para la cobertura de enfermedad general y riesgos laborales. Es decir, en los hechos no solo se niega el derecho fundamental a la salud y la seguridad social para todo el pueblo, sino que aumenta la impunidad de los patrones frente a los casos de las enfermedades profesionales y riesgos laborales, que ahora serán manejados como un solo negocio.
Además, el proyecto persiste en la criminal idea de sostener la menguada red hospitalaria pública con la venta de servicios, que en su gran mayoría las EPS y el propio gobierno no pagan; al punto que según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos – ACESI, las EPS y entidades estatales les adeudan 9.6 billones de pesos, lo cual conduce a la quiebra y al cierre de los pocos hospitales públicos que aún sobreviven. Es decir, se le dará el golpe de gracia a la columna vertebral de lo que constituye el sistema salud pública en cualquier parte del mundo.
No suficiente con esto, el proyecto deja más claro que para las clases dominantes la salud no debe ser un derecho del pueblo trabajador sino un privilegio, que depende de la capacidad de pago. En ese sentido, aumenta los costos para los sectores más empobrecidos con la llamada “contribución solidaria”, mientras disminuye los aportes de los empleadores; a la vez quita de un plumazo los regímenes especiales que han sido conquistados con la lucha de los trabajadores, atendiendo a las condiciones y riesgos laborales, y termina por penalizar a quienes infrinjan el “autocuidado”, desconociendo las condiciones económicas y sociales (carencia de servicios públicos, problemas ambientales y de hábitos, etc.) de los sectores populares.
El proyecto empeora las condiciones laborales de los trabajadores de la salud
El proyecto presenta una parte retórica y demagógica sobre la importancia de la labor de los trabajadores de la salud, a una parte de los cuales les adeuda salarios de un año (caso del hospital Rosario Pumajero en Valledupar), a quienes no se les dotó de los elementos de bioseguridad y apenas en estos días se les empezó a entregar el “bono extraordinario” prometido por la atención a la pandemia, por no hablar de los cientos de despedidos y con contratos cancelados por el colapso del sistema durante la pandemia (ver, ¿Por qué se están quebrando los hospitales?).
Pero la parte importante del mismo constituye una puñalada contra quienes se encuentran vinculados al sector salud y se les precariza aún más su situación. Por un lado, al generalizar las Asociaciones Público Privadas – APP (que es otro instrumento privatizador del servicio de salud y nido de corrupción como han demostrado los carteles de la hemofilia, del síndrome de Down, del sida, de las gafas y de las mismas EPS), se generaliza también la contratación por horas, días y meses en detrimento de la contratación directa e indefinida que ya afecta a la mayoría de estos trabajadores.
El propósito no es otro que rebajar los ya de por sí miserables salarios e impedir la organización y la lucha de los trabajadores del sector por cuanto se verán abocados a firmar cualquier contrato, a la vez que tendrán más de un patrón (las EPS, ARL, las IPS, las empresas o sociedades que firmen el convenio, los prestamistas del proyecto, etc.) pero ninguno responderá por sus condiciones laborales y sociales.
Además de lo anterior, el proyecto se mete en los problemas de la educación de los profesionales violando la autonomía universitaria con el claro propósito de rebajar la calidad de la formación por cuanto el sistema solo necesita trabajadores calificados funcionales y baratos para atender enfermos y no científicos para prevenir enfermedades.
De conjunto el proyecto de Ley 010 es reaccionario, criminal, antiobrero y antipopular que con justa razón ha recibido el rechazo de los trabajadores de la salud y del pueblo en general. Sin embargo, la pretensión de las clases parásitas de acabar con la salud pública y degradar a los trabajadores del sector, no puede echarse atrás presentando un “proyecto alternativo” que sí cumpla con la letra muerta de la constitución como creen algunos compañeros y prometen los politiqueros de la oposición.
El proyecto de Ley 010 solo puede ser frenado con éxito mediante la movilización general del pueblo, mediante el Paro General Indefinido que obligue al Estado a reversarlo y a tomar en sus manos el problema de la salud y a crear el sistema de salud pública que sí garantice la atención en salud y de calidad para el pueblo. Y alcanzar un sistema de salud universal, científica y gratuita, que pongan en el centro la prevención y no la curación de las enfermedades, solo será posible cuando los trabajadores conquisten el poder del Estado, acaben con la propiedad privada y gobiernen para sí mismos y no para enriquecer a unos cuantos. Algo que fue posible en la URSS y en China cuando los obreros y campesinos dirigieron la sociedad.
