Por medio del Decreto 242 del 09 de diciembre del 2022, el gobierno reformista del Pacto Histórico, creo la llamada Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. Ese decreto, fue la consumación del incumplimiento a los jóvenes que perdieron su libertad a causa del terrorismo de Estado que los juzgó por luchar en medio de los levantamientos populares del 2021 y años anteriores en todo el país. Como todo en medio de la democracia burguesa, para el pueblo resultan siendo verdades a medias, y a la final, mentiras e incumplimientos por parte de los promeseros de turno.
Aunque en el mencionado decreto, se afirme que una de las funciones de la Comisión será la derecomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(nas) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros… (s.n.); el Ministro del Interior afirmó que quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación. No hay amnistía, no hay indulto, no hay perdón judicial. Es decir, todos los luchadores populares que han sido víctimas de falsos positivos judiciales, de montajes por parte de la Fiscalía, Policía y demás organismos estatales reaccionarios y que hoy se encuentran detenidos, sin libertad, seguirán en esa condición, sin importar las injusticias que se hayan cometido en cada uno de los procesos.
El pueblo exige indulto para los que ya fueron juzgados injustamente, porque esa fue la promesa de campaña y en la posesión de Gustavo Petro, porque los presos por luchar deben estar en las calles, en sus casas con sus familias, estudiando, trabajando y preparando las luchas venideras, las rejas de las cárceles del Estado burgués – terrateniente, no apagarán el fuego de la rebeldía popular. Es injusto que sea el gobierno reformista, que le debe a esa juventud el estar actualmente gobernando, el que decida quién sale y quién no sale de la cárcel, ¡todos, condenados o no, deben salir en libertad!
Sumado a esto, el gobierno “progresista” le da una brutal bofetada a los luchadores del pueblo con la decisión de “mezclar en la misma bolsa”, de un lado a los jóvenes que lucharon contra el régimen de la mafia y que usaron escudos, máscaras, gafas, piedras para defenderse de las fuerzas armadas reaccionarias; y del otro, con los policías que salieron a las calles a reprimir con gases y balas a unos muchachos desarmados, que salieron a violar y abusar sexualmente de mujeres en las tanquetas y CAI, que golpearon y asesinaron a más de 80 personas en medio de las protestas respondiendo a las órdenes directas de sus mandos superiores, y que además, actúan de acuerdo a la política del terrorismo de Estado impuesta por las clases dominantes que hoy conservan el poder económico, político y militar. No se puede aceptar que se les de la calidad de “gestores” o “voceros” de paz a aquellos que desde el Estado, salieron reprimir a las masas. Es de anotar que de 4.269 denuncias por abuso policial apenas van 30 sentencias condenatorias, ¡ni siquiera el 1% de los agentes denunciados!
El gobierno pequeñoburgués de Petro – Márquez se encuentra en la encrucijada de querer cumplirle “a dios y al diablo” al mismo tiempo: de querer cumplirle las promesas que les hizo a los luchadores populares de liberar a los presos por luchar; y de querer cumplir con los intereses de las clases dominantes de respetar la ley burguesa. Por eso, la medida se reduce a que los no condenados puedan enfrentar los procesos judiciales en libertad, mientras que los ya condenados permanecerán en las mazmorras. El chantaje del gobierno petrista, es sucio, porque además, los jóvenes que resulten beneficiados, tendrán que apoyar la política gubernamental de la llamada “paz total”. Al final, Petro les dice a los jóvenes, que si le apoyan su política, les dará la posibilidad de defenderse en libertad. Son jóvenes que se les está obligando a ser parte del gobierno siendo “voceros” o “gestores de paz”, jóvenes que se convierten en apaciguadores de la lucha popular, que obtienen su libertad a cambio de apoyar la política burguesa de la “paz total”, que busca conciliar inútilmente los intereses de clase antagónicos del proletariado y la burguesía. Es un chantaje burdo, porque se les obliga a apoyar no sólo al gobierno reformista, sino, al propio Estado burgués que muchos de los detenidos odian, aborrecen y combatieron en las calles y a los que llamamos que lo continúen combatiendo uniéndose a las filas de los comunistas revolucionarios. ¿Qué hará el gobierno de Petro – Márquez con los jóvenes rebeldes y conscientes que no apoyen ni a su gobierno ni al podrido Estado de los ricos? Evidentemente volverlos a encarcelar. ¡Chantaje!
Exigimos que se liberen a todos los presos por luchar sin ningún tipo de condición, sin obligarlos a ser parte del gobierno reformista, sin mezclarlos con los agentes estatales que cometieron los más terribles crímenes contra el pueblo.
Exigimos que el gobierno reformista cumpla sus promesas de campaña. Llamamos al pueblo luchador a que exija en las calles, como ya lo ha venido haciendo, la liberación sin condiciones e inmediata de los presos y presas por luchar.
Queda claro que muchos de ellos, fueron instrumentalizados por el hoy gobierno reformista para desarmar su lucha directa y llevarlos al matadero de las urnas donde no se consigue nada a favor de los intereses del pueblo.
Por el contrario, un gobierno obrero, hace efectiva la liberación de los presos por luchar, por eso afirmamos que este no es el gobierno del pueblo, sino que favorece los intereses de las clases dominantes y su asqueroso Estado, por lo que hoy se justifica la rebelión y se hace necesario preparar el próximo estallido que inevitablemente se dará y necesitará de la dirección revolucionaria para que no vuelva a ser canalizado por sectores de la burguesía y la pequeña burguesía como sucedió en los últimos acontecimientos de la lucha directa en el país, y que representó el ascenso al poder del gobierno reformista encabezado por Gustavo Petro.
