El paro camionero ha tenido sus principales manifestaciones en Bogotá y sus alrededores, Santander y Boyacá; en una acción en la que confluyen conductores y ayudantes asalariados, pequeños, medianos y grandes camioneros, y en el fondo grandes empresas de carga, y varios politiqueros de derecha, quienes aprovechan el momento para enfrentar al Gobierno del Cambio luego de que este anunciara un incremento en el ACPM por valor de 1904 pesos.
A pesar de la participación de los asalariados quienes junto con los pequeños y medianos propietarios, han sido históricamente la fuerza activa de los paros camioneros, este es también una manifestación de poder de la gran burguesía de la industria del transporte, los grandes propietarios vinculados a las viejas mafias del transporte de carga y de pasajeros en Colombia.
Cuando se habla de «camionero» el pueblo se imagina al vecino que tiene uno o dos camiones, mantiene viajando por el país y a duras penas sostiene la familia; sin embargo, bajo ese nombre familiar también se esconden los potentados del transporte de carga que, por la lógica del capital, se «llevan en los cachos» a los pequeños y medianos transportadores cuya ruina es inevitable bajo el capitalismo.
Sin embargo, no se puede perder de vista que a pesar de que el paro haya sido convocado y movilizado por el gran empresariado del transporte, no quiere decir que el incremento en el combustible ACPM no tenga consecuencias en la clase trabajadora, afectando el bolsillo del pueblo, en la medida que aumentan el precio de los productos. Pero la socialdemocracia progresista, que antes defendía la movilización hoy se opone a ella, argumentando únicamente que sus convocantes son poderosos del transporte, sin considerar los efectos sobre el pueblo y sin cuestionar la política que se impuso desde la década del 90 para establecer el precio de los combustibles, consistente en regirse por los precios internacionales, como si el país no fuera productor de petróleo y sus derivados, asunto que pasa por la soberanía energética del país y el arrodillamiento de las clases dominantes a los intereses del FMI, política heredada y mantenida por el llamado Gobierno del Cambio.
El aumento del precio del combustible al final termina sobre los hombros del pueblo colombiano, debiendo el Gobierno examinar la política tarifaria, cuestionar el FEPC, y de fondo, si realmente se propone cambiar algo, romper con la dominación imperialista y las imposiciones de los grandes monopolios.
