Para seguir defendiendo la lucha del magisterio colombiano, continuamos en este análisis crítico de la propuesta de Ley Estatutaria de Educación y sus intenciones, tomando como punto de partida las declaraciones de la senadora Paloma Valencia, quien celebró efusivamente los avances en la Comisión Primera al afirmar: «Finalmente se logró un acuerdo para solventar muchos de los problemas de la ley estatutaria». En otra parte de su pronunciamiento la retrógrada Paloma asegura:
«También logramos incorporar algunos elementos que me parecen bien importantes en materia de las competencias, porque la ley traía que vamos a enseñar más arte, más cultura, más urbanidad, más paz… Un montón de competencias que, por supuesto, reconozco la valía que tienen. Conocimientos ancestrales, ¡me parece maravilloso!, pero acuérdense que nosotros no estamos pudiendo enseñar bien: lectoescritura, matemáticas y ciencias. Y hay que hacer un esfuerzo, porque Colombia no puede seguir perdiendo las pruebas PISA, porque Colombia tiene que tener jóvenes que estén preparados para el mundo».
Las palabras de la senadora Paloma Valencia, al enfatizar que la prioridad educativa debe centrarse exclusivamente en la lectoescritura, matemáticas y ciencias para mejorar los resultados en las pruebas PISA, demuestran una visión reduccionista y reaccionaria de lo que significa una educación integral.
Además, este enfoque ignora la realidad material y cultural de las familias proletarias en Colombia, para las cuales el acceso a libros de calidad y la constitución de una biblioteca en el hogar es un lujo inaccesible. Este es un país donde un libro de literatura infantil puede costar el equivalente a dos o tres días del salario mínimo, por ello es casi imposible esperar que las familias trabajadoras puedan fomentar el hábito de la lectura en sus hijos. De allí que, si realmente se desea mejorar el hábito lector de nuestros niños y jóvenes, también es necesario que haya un alza general de salarios, para que la literatura infantil pueda formar parte de la canasta básica de las familias obreras.
Esta falta de bibliotecas en los hogares colombianos también debería de ser compensada con una robusta red de bibliotecas públicas, bien dotadas y accesibles. Sin embargo, las bibliotecas públicas en Colombia sufren un desfinanciamiento crónico, agravado por las típicas prácticas clientelistas en la contratación de su personal.
Los bibliotecarios en Colombia enfrentan una realidad laboral precaria marcada por contratos temporales de corta duración (firman contratos de trabajo cada dos meses), perpetuando una cultura de inestabilidad. Además, muchos son contratados a través de prácticas clientelistas, para cumplir con las cuotas politiqueras de los gobernantes de turno, lo que afecta negativamente la calidad de los servicios bibliotecarios, pues no son personal nombrado, sino que sus contratos son entregados a dedo y a muchos de ellos les falta formación especializada y capacidad para gestionar eficientemente las bibliotecas y desarrollar programas de promoción y animación a la lectura, impactando el acceso a la literatura y el conocimiento.
Sobra decir que, precisamente, son las alcaldías y las gobernaciones donde más trabajadores con contratos por prestación de servicios se presentan, a pesar de que muchas de sus funciones resultan fundamentales para el bienestar, la cultura, el deporte y la educación de niños y jóvenes.
Si realmente se desea mejorar el hábito lector de nuestros niños y jóvenes, también es necesario que el personal que atiende nuestras bibliotecas públicas sea nombrado, con estabilidad laboral y formación continua para que las bibliotecas públicas cumplan su papel en la educación y el desarrollo cultural.
Y, también respecto a las bibliotecas públicas, el presupuesto para la adquisición de material bibliográfico es insuficiente, obligándolas a conformarse con libros de menor calidad literaria, comprados a bajo costo. Esta situación impide que los niños y los jóvenes tengan acceso a una literatura que verdaderamente estimule su desarrollo cognitivo y crítico.
De otro lado, respecto a la promoción y animación a la lectura, también están las ferias del libro, que se han convertido en vitrinas de bestsellers comerciales en lugar de ser espacios para la difusión de literatura de calidad. Y qué decir de los talleres de escritura, vitales para la formación de nuevos escritores y el fomento de la creatividad, incluso los impulsados por el Ministerio de Cultura son mal pagados o no remunerados, desalentando a los verdaderos talentos literarios del país y precarizando su labor.
Volviendo a lo mencionado por la rapaz Paloma, en lugar de fortalecer las capacidades de los estudiantes en lectoescritura mediante una visión integral que incluya arte, cultura y conocimientos ancestrales, promueven políticas educativas que priorizan los intereses del mercado y la competitividad internacional.
Para transformar verdaderamente la educación en Colombia es esencial reconocer la importancia de una formación integral que vaya más allá de las competencias utilitarias impuestas por el mercado. Es necesario invertir en bibliotecas públicas, garantizar la formación y estabilidad laboral de los bibliotecarios, promover la literatura de calidad y financiar los talleres literarios. Solo así se puede aspirar a una mejora real en los resultados educativos y en la formación de personas críticas y conscientes.
La senadora Paloma Valencia acude al argumento de mejorar la calificación de Colombia en las pruebas PISA, planteando que los ajustes propuestos por ella lograrían este objetivo. Sin embargo, la hipócrita Paloma oculta que los países con mejores calificaciones en dichas pruebas internacionales han diseñado condiciones opuestas a las que ella pretende con esta ley. En esos países, el número de estudiantes por aula se mantiene entre 15 y 20, lo que permite que la labor docente sea mucho más especializada con cada estudiante y el proceso de enseñanza alcance mayores resultados. Esta reducción de la proporción estudiantes/docentes no solo mejora la calidad educativa, sino que también aumenta la demanda de docentes, favoreciendo el empleo de profesionales de la educación.
Además, en estos países se contemplan estímulos para la cualificación de los maestros de manera permanente, lo que garantiza que quienes son responsables de la educación estén cada día mejor formados y actualizados. Las condiciones de acceso a la tecnología y materiales didácticos son garantizadas por el Estado, así como la provisión de materiales concretos. A esto se suma que a los estudiantes se les aseguran condiciones de alimentación y acceso.
Por el contrario, con la propuesta de Ley Estatutaria de Educación, la corrupción a través del Plan de Alimentación Escolar (PAE) se mantendrá, pues es una de las formas a través de las cuales el capital privado se lucra de la educación pública, enriqueciéndose a costillas de la «alimentación» de los niños. Mientras tanto, precariza las condiciones laborales de todo el personal de cafeterías y restaurantes escolares, que son contratados en condiciones miserables, tercerizando servicios cuando deberían ser empleados del Estado directamente.
La visión limitada y mercantilista de la senadora Paloma Valencia solo perpetúa la desigualdad y la pobreza cultural. Por eso, el pueblo que lucha por una educación digna y liberadora, debe retomar el camino señalado por el Levantamiento Popular del 2021, retomar las Asambleas Populares como la principal forma de organización del pueblo colombiano para luchar por sus reivindicaciones más sentidas y manifestar su poder popular embrionario.
Los activistas y los luchadores populares, que deseamos tumbar el régimen mafioso y paramilitar que continúa teniendo el poder —pese al actual Gobierno—, debemos revertir estas nocivas contrarreformas y recoger nuestras aspiraciones en un Programa Inmediato construido en la Asamblea Nacional Popular, independiente y revolucionaria, que sesionará en Cali, el 13 y 14 de julio del 2024. Una Asamblea Nacional Popular independiente del gobierno y de las instituciones estatales, que adopte el método de lucha revolucionaria en las calles. Una Asamblea Nacional Popular que sea democrática, legislativa y ejecutiva al mismo tiempo, y que tenga en cuenta que: ¡Solo el pueblo salva al pueblo!
