Consigna de la lucha de los docentes en Argentina
Por estos días, en varias ciudades del país hemos sido testigos de la valiente lucha de los docentes que, tras ganar el último concurso docente (Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes), se enfrentan a las Secretarías de Educación; bajo el pretexto de cambios en las administraciones municipales y departamentales se está obstaculizando la posesión de los docentes que deberían haber ingresado a períodos de prueba el año pasado.
Simultáneamente, desde el año pasado, los docentes provisionales que no superaron el concurso están llevando a cabo plantones y protestas, exigiendo que se respete su derecho al trabajo y oponiéndose a la masacre laboral producto del concurso.
Este forcejeo entre los docentes que ganaron el concurso y los docentes provisionales revela una contradicción en el seno del pueblo, producto de las condiciones de desempleo actual y de nefastas estrategias del Estado burgués al aplicar la inestabilidad laboral en el magisterio. Sin embargo, es crucial entender también que esta contradicción surge no por temas que afectan exclusivamente a los docentes, sino que afectan a toda la educación pública del país.
Como revolucionarios, reconocemos la necesidad de enfocarnos en las bases para que estas se movilicen y le exijan a sus sindicatos y a la Federación, que aborden los puntos centrales de esta cuestión. No debemos caer en la trampa de pelear entre los docentes por el tipo de decreto con el que están vinculados: 2277, 1278 o nombramiento provisional; por el contrario, debemos unirnos para oponernos a las medidas que, con el sofisma de mejorar la educación pública, precarizan aún más las condiciones de trabajo de los docentes.
Uno de los puntos centrales para tratar esta cuestión es luchar por reducir la cantidad de estudiantes atendidos por un docente y acabar con la contratación de cobertura.
Es inadmisible que el Decreto 3020 de 2002, en su Artículo 11 defina: «Alumnos por docente. Para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural». De esta manera la ley burguesa garantiza la superexplotación de los docentes llevándolos a tener que atender hasta a 45 estudiantes por aula.
Esta relación es la que genera hacinamiento en las aulas e impacta negativamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la sobrepoblación dificulta la atención individualizada —esencial para adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante y proporcionar apoyo más personalizado—; limita la participación de los alumnos, dificulta la evaluación precisa del progreso individual y complica la gestión efectiva del aula. Igualmente, el hacinamiento en las aulas reduce la disponibilidad de materiales educativos y genera falta de espacio, contribuyendo a crear un ambiente caótico y estresante que termina desmotivando a los estudiantes y enfermando a los docentes.
Con el supuesto de solucionar los problemas de hacinamiento e infraestructura de las instituciones educativas, el Estado ha optado por la creación de «Megacolegios» que, si bien garantiza nuevas edificaciones y aulas mucho más amplias en las que caben 45 estudiantes o más, no considera el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos ni la carga laboral del docente.
Así pues, para mejorar la calidad de la educación pública es preciso, con la lucha directa, acabar con el hacinamiento en las aulas de una forma real, estableciendo un número máximo de 25 estudiantes por docente -como en los casos de España o Ecuador, número que sigue siendo alto si se tiene en cuenta que la media en los países de la OCDE está por debajo de los 20 estudiantes- y no uno mínimo como lo plantea el Decreto ya mencionado, pues va en contravía del interés en los niños y la calidad de la educación que tan falsamente proclama el Estado a través de las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional.
Reducir la cantidad de estudiantes por aula a máximo 25 estudiantes no solo mejora las condiciones de enseñanza-aprendizaje, la salud mental de docentes y estudiantes, sino que también amplía las plazas para que sean cubiertas por los maestros que ya fueron nombrados en propiedad y por los que lo han sido por años bajo la modalidad de provisional.
Adicionalmente, los docentes nombrados y provisionales deben unirse y exigir a las organizaciones sindicales la lucha y la huelga para hacer derogar la Ley 1294 de 2009, ley que bajo el argumento de «Solamente en donde se demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares»; ley a través de la cual se aplica en la práctica y desde hace años la propuesta de los «Bonos escolares» que ahora impulsa la reaccionaria Paloma Valencia.
Es urgente que los docentes nombrados y provisionales se unan para combatir la contratación con los privados, por cuanto esto disminuye las plazas de los docentes oficiales y constituye una forma de privatización de la educación pública, pues los recursos de la educación —tal como se hizo con los recursos de la salud pública— se desvían y van a parar a los bolsillos de propietarios de «colegios de garaje» que no garantizan condiciones laborales adecuadas para sus docentes y hacen triquiñuelas para mostrar calidad, tal como se denunció en el artículo https://revolucionobrera.com/actualidad/bonos-escolares/
Además, debemos interesarnos en poner fin a la provisionalidad por cuanto esto desfavorece la lucha sindical y favorece la politiquería, ya que muchos docentes provisionales son instrumentos de ella; en los municipios deben venderse al «mejor postor», quienes muchas veces no solo exigen votos sino porcentajes del salario para mantener a los provisionales en sus cargos y también les coartan para la lucha. La provisionalidad se convirtió en una manera de evadir la responsabilidad del Estado por nombrar en carrera a los docentes. Es el colmo que existan (y que la dirección sindical del magisterio lo permitan) compañeros contratados como «provisionales» desde hace 5, 10, 15, 20 años, es decir, compañeros con lustros o décadas con la zozobra por la estabilidad laboral.
Así pues, la pelea no debe ser entre docentes nombrados y provisionales, sino contra el Estado burgués que mantiene el hacinamiento escolar y privatiza la educación. La reducción de la cantidad de estudiantes por docente no solo mejora la educación del pueblo y las condiciones laborales, sino que obliga al Estado a ampliar las plazas y por tanto a contratar brindando oportunidades para la vinculación de docentes en mejores condiciones.
