En las elecciones al congreso y a la presidencia del 2018 en Colombia todos los partidos han tomado la lucha contra la corrupción como un asunto central del debate; pero sus propuestas de «transparencia» no son más que un eslogan publicitario politiquero, dado que la corrupción es innata al capitalismo e imposible de superar bajo la dictadura de los monopolios.
Las propuestas van desde el Partido Verde que está impulsando una «Consulta Anticorrupción» desde el 2017 donde propone: bajarle a la mitad el salario a los congresistas y obligarlos a rendir cuentas, patrimonio e impuestos, eliminar los beneficios carcelarios a corruptos, contratación transparente, y limitar a, máximo 3 períodos la estancia en corporaciones públicas. Y llegan hasta cavernarios conservadores como Martha Lucía Ramírez que desde el 2014 viene hablando de crear unas sanciones más duras y persecución a los corruptos, tales como: lista pública de corruptos, bloque de búsqueda anticorrupción, eliminar la casa por cárcel para los corruptos, muerte política, económica y comercial para los corruptos y sus proveedores, castigo con pena ejemplar a los jueces y fiscales corruptos.
Es una comedia cínica de los politiqueros, empezando porque sus promotores son socios y cómplices de corruptos; por ejemplo, Ramírez está en la consulta con Iván Duque y el ex procurador Alejandro Ordoñez, todos, amigos de Uribe, el siniestro jefe del paramilitarismo cuyos colaboradores más cercanos se encuentran en la cárcel, perseguidos o investigados por asesinatos, robo al erario y corrupción; Claudia López del Partido Verde, por ejemplo, no solo anduvo con Enrique Peñalosa involucrado en la millonaria estafa de las losas de Transmilenio, sino además las propias firmas de su «Consulta Anticorrupción» fueron recogidas y trasladadas «gratuitamente» por Servientrega – Efecty cuya gerente, Luz Mery Guerrero, fue detenida en octubre del año pasado por estafa, falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El Estado colombiano es una apestosa alcantarilla, donde un escándalo de corrupción tapa al anterior y va desde la presidencia (Odebrech), pasa por las altas cortes («Cartel de la Toga») y llega hasta los criminales que trafican con el hambre y la salud del pueblo como es el caso del robo sistemático de los recursos para la alimentación de los niños en la Guajira y los carteles de la hemofilia, del SIDA, del bastón… en Córdoba.
La razón de fondo de la rapiña desesperada actual es por los capitales del Estado y las obras que están proyectadas para el 2018 que solo en Bogotá son: Metro, Aeropuerto Eldorado II, ampliación de Transmilenio, nueva Avenida ALO, venta del 20% de la Empresa de Energía, seis nuevos hospitales; pero además la nueva planta cervecera de Postobón y CCU Chile, el Puerto de Urabá en Antioquia, la reapertura de la planta de Gerdau en Tocancipá y el reemplazo de Electricaribe en la costa Caribe, entre tantas otras obras y proyectos que son parte del botín de la disputa electoral.
Más allá de los mayores controles a las campañas electorales, cada que hay elecciones se presenta un flujo inusitado de dineros para asegurar que los candidatos garanticen posteriormente los contratos y los puestos dentro de Estado. Esa es la democracia capitalista en Colombia y el mundo, por eso la lucha contra la corrupción es una bandera para pescar incautos por parte de la mayoría de los politiqueros y una ilusión promovida por los falsos «amigos del pueblo» disfrazados de demócratas, socialistas y hasta de comunistas.
Ante los intereses del capital nada pesan la ética de los profesionales, las interventorías, las veedurías ciudadanas y los controles estatales, todo se compra y se vende y lo importante es el lucro y el crecimiento de la plusvalía. Para monopolistas como Luis Carlos Sarmiento Angulo no hay diferencia en financiar a Santos, Vargas, Fajardo, Petro o a cualquiera otro, pues el que quede permitirá el libre desarrollo de sus negocios, incluidos los contratos multimillonarios con el Estado.
Por eso el proletariado no debe dejarse engañar con el ardid de escoger el menos malo o el menos corrupto, pues todos son iguales y las elecciones una fachada para encubrir que la disputa es por quien administrará los negocios comunes de los capitalistas desde el Gobierno. Las elecciones son la tapadera democrática del Estado burgués de dictadura de clase, máquina de opresión sobre el pueblo, instrumento putrefacto de los ricos para explotar y reprimir a los trabajadores. Por eso inevitablemente tiene que ser destruido para construir sobre sus ruinas un nuevo Estado de dictadura del proletariado.
