
En Colombia, ser mujer trans sigue siendo una sentencia de muerte. El transfeminicidio de Sara «La Millerey» como ella misma se hacía llamar, una mujer trans de 32 años, torturada y asesinada en Bello Antioquia, es una nueva herida que se abre en nuestra sociedad. Un crimen perpetrado con saña: sus extremidades fueron fracturadas para impedirle escapar antes de que su cuerpo fuera lanzado al agua, sin posibilidad de nadar y salvarse.
Este crimen no es un hecho aislado. Es la expresión violenta de una ideología retrógrada: la transfobia, que como otras —homofobia, xenofobia, etc.— expresan el odio por quienes no se comportan como «dicta» la sociedad. El odio promovido por discursos transfóbicos, por la normalización de la violencia hacia la diversidad sexual y de género, por el resurgimiento de corrientes conservadoras y reaccionarias que sueñan con devolvernos a tiempos en que no existía el derecho a la diferencia.
En lo que va de 2025, se han registrado al menos 25 asesinatos de personas LGBTIQ+, de los cuales 15 corresponden a personas trans, según datos de la corporación Caribe Afirmativo. La Defensoría del Pueblo ha identificado 13 transfeminicidios solo en los primeros tres meses del año, una cifra escalofriante que desnuda el fracaso del Estado y de la sociedad en proteger las vidas trans.
La indignación generalizada por el caso de Sara Millerey llevó al presidente Petro a referirse a este crimen como un acto fascista, y tiene razón. No se trata solo de violencia común: es terrorismo de género, es disciplinar socialmente, es una advertencia cruel de lo que puede pasarle a quien se atreva a existir fuera de las normas impuestas por una ideología reaccionaria, racista y de derecha.
Estas ideologías retrógradas no nacen de la nada, se alimentan del discurso mediático que ridiculiza y criminaliza a las personas trans, de los púlpitos religiosos que las demonizan, de partidos políticos que hacen campaña con discursos de odio, y de una cultura profundamente machista que aún considera que hay vidas que valen menos que otras.
No podemos permitir que la violencia sea la respuesta a la diversidad. No podemos quedarnos callados mientras las mujeres y las mujeres trans son asesinadas por ser quienes son. El caso de Sara reclama justicia, y sobre todo expresa la necesidad de elevar nuestro nivel de conciencia y de lucha en contra de los transfeminicidios y los feminicidios, que lejos de mermar, se exacerban a diario. De ahí que en la plataforma por un Movimiento Femenino Revolucionario se exprese como parte de sus reivindicaciones:
«Contra la discriminación y vulneración a los derechos de las mujeres trans: Derecho a la identidad y acceso a empleo, educación y derechos fundamentales de las mujeres trans.»
Hoy más que nunca, es urgente defender la vida de las mujeres trans. Exigir justicia para Sara y para todas las víctimas de transfeminicidio. Desmantelar los discursos de odio. Exigir políticas públicas efectivas, protección real y recordar que ser neutral ante el odio es ser cómplice del mismo.
¡Ni una más, justicia para Sara, justicia para todas!