Aunque las guerrillas del ELN declararon el cese unilateral del fuego y las fuerzas militares no han desarrollado operaciones ofensivas en su contra, la otra pandemia, de la guerra contra el pueblo sigue sembrando la muerte, despojando campesinos y desplazando comunidades:
Desde que fue declarada la emergencia y establecida la cuarentena y hasta el 23 de abril han sido asesinados más de 15 dirigentes y luchadores populares, entre indígenas y campesinos, cuatro de ellos el 22 de abril en Cauca y Nariño. Así mismo en el tiempo que lleva la cuarentena fueron ultimados 8 excombatientes de las FARC.
A ello se suman los enfrentamientos entre los distintos grupos aliados a los carteles del narcotráfico por el control de las zonas productoras de hoja de coca y marihuana, y las acciones de las fuerzas armadas del Estado que ocasionan no solo la muerte de dirigentes, activistas y pobladores, sino además el desplazamiento de las comunidades.
Según el informe de Indepaz del 23 abril, durante el último mes aumentaron los asesinatos de líderes sociales, los desplazamientos de la población y las amenazas a la sociedad por parte de grupos armados ilegales para controlar el negocio de las drogas, principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander.
De remate, las acciones de las fuerzas militares, encaminadas a la erradicación forzada de los “cultivos ilícitos”, llevan al extremo la situación de las comunidades: “Vemos que estas acciones son violatorias a los derechos humanos, a los tratados internacionales y ponen al descubierto el afán del Gobierno del Presidente Iván Duque para cumplir con metas de erradicación arriesgando las vidas de nuestras familias Awá. Diariamente en medios de comunicación el gobierno nacional plantea las diferentes medidas de aislamiento social y ayudas a varias zonas del país, cuando en la realidad lo que está llevando a nuestros territorios son balas, represión, generando miedo y zozobra en nuestras comunidades”, afirman dirigentes indígenas de Tumaco.
Y mientras es la misma guardia indígena y cimarrona quien está llevando a cabo los controles para evitar la propagación del coronavirus en los territorios, es el Ejército quien complica la situación, porque las tropas son potenciales portadoras del Covid-19 y generan aún más tensión, miedo y zozobra del que ya viven las comunidades; confinadas desde antes por los grupos armados y ahora además por el coronavirus.
El régimen mafioso y paramilitar, no solo protege los negocios de los grandes banqueros y burgueses; también salvaguarda militarmente los negocios de sus socios narcotraficantes, sometiendo con el terror de los fusiles militares y paramilitares a los campesinos que dependen de otros carteles de la droga. Así, mientras protege a unos cultivadores y narcotraficantes, persigue a otros y obliga a los campesinos a “sustituir” los cultivos sin brindarles ninguna alternativa.
La pandemia de la guerra contra el pueblo tampoco tiene cuarentena y no va a parar mientras se mantenga la renta extraordinaria que dejan la producción de sustancias sicotrópicas y las explotaciones mineras. La solución de fondo a la explotación irracional del suelo y a la pandemia de la guerra contra el pueblo, no vendrá de sus centenarios enemigos, quienes por el contrario, seguirán sembrando terror, asesinando y desplazando.
La solución está en las manos del propio pueblo que debe construir sus propias formas de organización para proteger las comunidades y la vida de sus dirigentes, a la vez que debe adecuar las formas de lucha para enfrentar con éxito a sus enemigos, como embrionariamente lo hace ahora la guardia indígena y cimarrona. Pero la solución definitiva no puede ser otra que la revolución socialista; la sociedad donde la producción será para satisfacer las necesidades del pueblo y no para el enriquecimiento de unos cuantos que cabalgan sobre él. Para acabar con la pandemia de la guerra contra el pueblo hay que acabar con la pandemia principal: el capitalismo.
