Colombia como país oprimido por el imperialismo, donde mandan las relaciones de explotación asalariada, está carcomido por la corrupción que genera esta dominación.
Los descarados contratos de explotación que se firman con empresas como El Cerrejón, donde se les regala el carbón y el agua de toda la región Guajira, mientras se mueren miles de niños indígenas por la deshidratación que ocasiona la pérdida de su principal afluente, se envenena al pueblo con el polvillo del mineral, se saquea la riqueza del país y se enferma a las comunidades y a los trabajadores. Los permisos de explotación petrolera abierta por métodos como el fracking en todos los Llanos Orientales, que envenena y acaba con el agua, haciendo desérticos territorios enteros, por encima del rechazo de la comunidad. La explotación de oro por Anglo Gold Ashanti en el Tolima, que con amigos como el Gobernador e influyentes parlamentarios y periodistas, se impone por encima de las consultas populares que rechazan esta empresa y su explotación. El actual Fiscal General de la Nación, controlando y vigilando los delitos en el país, cuando se es trabajador de uno de los monopolios más fuertes del país, como Sarmiento Angulo, son todas pruebas de los vínculos del imperialismo y los monopolios con el Estado, vínculos de corrupción que dejan al descubierto la hipocresía sin igual en la lucha contra la corrupción.
Tanto la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hecha por las autoridades del Estado a nombre de todo el pueblo colombiano, como la adhesión posterior a otros instrumentos burgueses habidos y por haber, que tienen alcances más específicos en esta lucha, por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) y la Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional…, son solo medidas formales y jurídicas hipócritas, que solo cumplen requerimientos imperialistas, necesarios para velar la dependencia económica y política, así como las infames relaciones de explotación asalariada.
La maquinaria estatal, y como parte de ella el gobierno de turno, no puede más que reflejar la descomposición de un sistema que ha condenado a la inmensa mayoría al desarraigo, la superexplotación y la miseria, mientras acumula ganancias y poder en las manos de unos cuantos parásitos capitalistas.
Esta evidencia, revelada también en los derroches de contratos estatales, en la entrega a manos llenas de todos los negocios a los grandes monopolios, en la infame explotación de los recursos naturales a cambio de casi nada para el pueblo, pretende ser ocultada por los imperialistas con las exigencias formalistas contra la corrupción que ellos mismos propician. Los procesos de evaluación y monitoreo por parte de organismos internaciones anunciados en los últimos días y la «recia» intervención de entidades nacionales anticorrupción, traducidos en recomendaciones, llamados de atención que incluso pueden llegar a sanciones, no detendrán en nada un mal endémico que está condenado a padecer el Estado capitalista en medio de la descomposición de todo el sistema de opresión y explotación.
¿Cómo no puede generar corrupción el hecho que en Colombia el pago de la deuda externa parásita a las entidades imperialistas se coma más del 20% de todo lo que se produce en el país en todo un año? ¿Cómo evitar que el país caiga en las garras de los corruptos funcionarios sostenidos por los monopolios imperialistas y nacionales, cuando el Estado tiene un hueco fiscal que desfalca anualmente el presupuesto en más de 9 billones de pesos?
Los rechonchos funcionarios estatales hacen leoninos contratos con los monopolios que los ubican en los principales cargos con su poder corruptor, donde los chanchullos realizados por la empresa brasileña Odebrecht son un ejemplo más. Otros casos para nombrar, son los realizados con la propaganda para el caso de la reelección de Santos, el programa “ser pilo paga” de este gobierno, o la encuesta de 9 mil millones hecho por Simón Gaviria, hijo del expresidente Cesar Gaviria, para ver el nivel de felicidad de los colombianos, entre otros, donde este dinero se lo llevan los grandes canales y empresas editoriales; el similar caso con el cemento contratado con la empresa Argos del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA para las obras de infraestructura pública, o con las grandes constructoras para las vías, como las empresas del archimillonario criollo Sarmiento Angulo, etc.
Así que las exigencias de las entidades imperialistas para que el país luche eficazmente contra la corrupción son una hipócrita declaración para disimular una realidad irrefutable: Colombia está en las garras del imperialismo, el pueblo es saqueado y superexplotado por el gran capital y el Estado burgués, terrateniente y proimperialista está podrido hasta los tuétanos.
Solo la Revolución Proletaria puede acabar de fondo con la corrupción. Porque todas las relaciones sociales que se derivan de ésta, son de colaboración, no de explotación. Porque es la inmensa mayoría la que gobierna directamente y de manera eficaz contra la ínfima minoría que quiere seguir viviendo de engañar, explotar y someter a los trabajadores. Porque las armas en manos del pueblo organizado, se disponen para hacer valer y preservar el poder de los obreros y campesinos. Porque se expropia a los expropiadores, se niega toda deuda con las entidades imperialistas, se cortan los contratos leoninos con los capitalistas que desfalcan el presupuesto de la nación y se roban los recursos naturales. Porque ser funcionario público bajo la dictadura del proletariado no será sinónimo de burócrata intocable, puesto por las entidades privadas y las castas tradicionales del poder. Esta será una función más por la que tendrán que pasar todos los trabajadores, remunerada con un salario promedio al de cualquier otro obrero, en las condiciones de remoción y nombramiento permanente, como en cualquier otro cargo de la producción; supervisados por la organización del poder de los obreros y campesinos que hacen valer su autoridad con la fuerza de las armas y el control de sus múltiples entidades.
La alharaca imperialista y burguesa contra la corrupción es mera hipocresía. Los clamores de la pequeña burguesía contra ese flagelo son vanas ilusiones mientras no se cuestione y sustituyan las relaciones de dominación imperialista, la propiedad privada sobre los grandes medios de producción y el viejo Estado al servicio de la explotación asalariada.
