En Dabeiba (Antioquia) hay un cementerio que confirma la barbarie de la guerra contra el pueblo, causada por la incursión del capital en el campo y presentada como la guerra contra las FARC durante las décadas 80 y 90 del siglo pasado, y sobre todo, en la primera década del siglo 21, durante el régimen paramilitar de Uribe Vélez.
En el cementerio se encuentran enterradas decenas de personas que fueron asesinadas extraoficialmente por parte del Ejército Nacional, reportadas como muertos en combate, únicamente para mostrar resultados ofreciendo por parte del régimen, prebendas como vacaciones, permisos, etc. a los militares. A estos crímenes eufemísticamente le llaman falsos positivos; y de parte de la mafia uribista, a través de sus voceros como María Fernanda Cabal y el señor Polo Polo, tiene la intención de borrar de la memoria histórica que estos crímenes de Estado existieron y más aún, que se siguen cometiendo.
Con ese mismo propósito, hace unos días fueron amenazados los magistrados Alejandro Ramelli y Hugo Escobar quienes, como miembros de la JEP, están a cargo de la investigación de los “falsos positivos” en Dabeiba. Las amenazas provienen del Clan del Golfo, un brazo armado de la burguesía mafiosa, precisamente cuando se va a realizar una audiencia pública programada para el 27 de junio, en la que ocho militares reconocerán su responsabilidad en la desaparición y asesinato de 47 personas entre 2002 y 2006.
Estos hechos demuestran que la mafia uribista sigue teniendo poder, tanto en el Estado, como ilegalmente con sus fuerzas paramilitares. Poder con el que pretende limpiar las manos ensangrentadas de altos mandos militares, de la burguesía y los terratenientes patrocinadores de la guerra contra el pueblo y de su jefe Álvaro Uribe Vélez, bajo el macabro argumento de que lo hecho, hecho está y que el exponer a los criminales no les devolverá la vida a las víctimas. Argumento sucio y criminal, fruto de la mente abyecta y retorcida de quienes despojaron no sólo tierras y bienes sino algo que tiene más valor que los bienes materiales, la propia vida.
El accionar de la mafia demuestra que esta no ha sido derrotada, y que continuará cometiendo crímenes contra las masas que se interpongan en sus negocios, ya sean ilegales como en el caso del narcotráfico, o legales como en el caso de la ganadería, la minería, etc. A eso se suma que el gobierno de Petro desde el principio planteó no perseguir a Uribe, lo que significa que sigue estando en manos del propio pueblo la lucha, no solamente contra ese sector de la burguesía, sino contra todas las clases dominantes que siguen ostentando el poder económico y político; clases parásitas que no están dispuestas siquiera a ceder las migajas expuestas en las reformas sociales, ni mucho menos a pagar por los crímenes cometidos contra las masas trabajadoras.
No se trata de cambiar el gobierno, se trata de quitarle de verdad el poder económico y político a los ricos, y para eso se necesita demoler el Estado burgués desde sus cimientos con la revolución socialista; abriendo paso a la creación del Estado de obreros y campesinos, ese sí capaz de garantizar, por medio del pueblo armado, que las tierras, las fábricas y toda la riqueza social producida por el pueblo, esté de verdad en manos del pueblo.
